El borrador inicial del TC cierra la puerta a todas las reclamaciones por la plusvalía

Dos días después del terremoto generado por el Tribunal Constitucional tras anular los artículos de la Ley de Haciendas Locales que calculan la plusvalía municipal y a la espera de la sentencia definitiva, El Confidencial ha tenido acceso a una versión inicial de la misma que cerraría la puerta a cualquier reclamación por el cobro de este tributo. Según este borrador, no se podría reclamar ninguna liquidación ni autoliquidación por dicho impuesto.

Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial aseguran que la sentencia, cuyo contenido se conocerá previsiblemente la próxima semana, va a ser modificada, precisamente, en los apartados relativos a sus efectos. Es decir, a los casos concretos en los que se podrá o no reclamar. "Sufrirá algunas variaciones finales", señala otra fuente.

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Según este borrador, "no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas con fundamento en la presente sentencia aquellas obligaciones tributarias devengadas por este impuesto que, a la fecha de dictarse la misma, hayan sido decididas definitivamente mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada o mediante resolución administrativa firme", pero añade que "tendrán también la consideración de situaciones consolidadas (i) las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia y (ii) las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada ex art. 120.3 LGT a dicha fecha". Es decir, el 26 de octubre, día en el que el TC adelantó el fallo.

Según los expertos consultados, "tal y como está redactado el borrador de la sentencia, no se podría reclamar nada que no esté reclamado, puesto que las situaciones consolidadas de la sentencia que no se podrán revisar se producirán desde el 26 de octubre, no desde su publicación en el BOE".

Los cambios que se introducirán en los próximos días continúan, sin embargo, arrojando incertidumbres en los contribuyentes que no saldrán de dudas hasta que la resolución final se publique.

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La reacción tras la filtración del borrador entre los abogados no se ha hecho esperar. "Siguiendo con la tradición de limitar el alcance y los efectos de las sentencias más onerosas, iniciada con la STC 45/1989, el Tribunal Constitucional, mediante maniobras creativas como la de acudir a las situaciones consolidadas, muy distintas y distantes de la categoría de la firmeza, y desconociendo los mecanismos impugnatorios de liquidaciones y autoliquidaciones (muy distintos en cada caso), ha optado por igualarlos y preservar las raquíticas arcas municipales frente a criterios de justicia, cuya sombra permanece en una suerte de persecución permanente", asegura Leopoldo Gandarias, abogado fiscalista.

"Según este borrador, no se podría reclamar nada que no esté reclamado", explica José María Salcedo, socio del despacho Ático Jurídico. "Por un lado, las liquidaciones que ya se recurrieron y son firmes porque las resolvió, bien la Administración, bien un juzgado, y eso es normal. Pero, según consta en el borrador, los efectos se extienden a otras situaciones como liquidaciones que todavía no se hayan recurrido. Imagina, por ejemplo, liquidaciones notificadas hace 10 días. Hay un plazo de un mes para recurrirlas, pero, si no se han recurrido ya, no se podrá alegar inconstitucionalidad".

"A pesar de que de la nota informativa que conocimos el pasado 26 de octubre podía parecer lo contrario, lo cierto es que la sentencia del Constitucional reduce, de manera a nuestro juicio vergonzosa, el número de potenciales beneficiarios de la declaración de inconstitucionalidad", recuerda Salcedo.

En dicha nota, el TC afirmaba que "El fallo declara la intangibilidad de las situaciones firmes existentes antes de la fecha de la aprobación de la sentencia". Esto, en opinión de este experto, "hizo pensar que la sentencia beneficiaría a toda situación en que no se hubiera producido la firmeza".

Nueva legislación para el impuesto

Por otro lado, el Tribunal Constitucional, en este borrador, recuerda asimismo que corresponde al legislador regular de nuevo este impuesto. "Una vez declarado que no puede exigirse el impuesto en base a una capacidad económica o ficticia, la pelota queda, de nuevo, en manos del legislador, a quien corresponde regular la nueva forma en la que, con respeto a la capacidad económica efectivamente puesta de manifiesto, se exigirá el impuesto.", asegura el abogado de Ático Jurídico. "Y, en este punto, el Tribunal aconseja acudir y gravar la plusvalía efectivamente obtenida".

En su opinión, "parece lógico dar credibilidad a las últimas informaciones que apuntan a que la nueva normativa de la plusvalía tendrá una disposición transitoria que permitirá su aplicación a situaciones anteriores a su entrada en vigor". Por su parte, el presidente del sindicato de los técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, aseguraba este miércoles que el Gobierno podría optar por introducir la plusvalía en alguna ley que ya esté en tramitación, como la Ley de Presupuestos, lo que podría acortar los plazos.

En cualquier caso, según los expertos, cualquiera de las soluciones no se producirá de la noche a la mañana.