El Tribunal Supremo debe pronunciarse sobre un recurso que sostiene que el método que utilizan los ayuntamientos para calcular dicho tributo no es correcto
El Tribunal Supremo, en una sentencia histórica, acaba de poner en peligro buena parte de los ingresos que cada año entran en las arcas de las CCAA relacionados con el ladrillo
La propuesta de Hacienda no le gusta a los 'ayuntamientos del cambio', que piden que la estimación del precio del suelo se haga por municipios y no en común en toda España
Antes de despedir el año conviene echar cuentas y tomar determinadas decisiones financieras que nos permitan un importante ahorro en la próxima declaración de la renta
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) entiende que cualquier contribuyente, incluso quien tuvo una ganancia con la vivienda de una casa, puede reclamar su devolución
Antes de lanzar las campanas al vuelo, hay que analizar qué implicaciones tiene la sentencia del TC. ¿Desaparece la plusvalía?, ¿hay que dejar de pagar dicho impuesto?
Un mes después de la sentencia del Tribunal Constitucional, todos los ayuntamientos siguen liquidando dicho impuesto. Solamente el de Dos Hermanas (Sevilla) ha paralizado su cobro
El Supremo se muestra contrario a lo que se ha denominado 'teoría maximalista', que sostiene que todas las liquidaciones y autoliquidaciones deben ser anuladas
Casi dos años después de que se iniciara la batalla judicial, el Ayuntamiento de Madrid ha tenido que devolver el dinero cobrado a un contribuyente que vendió un inmueble a pérdidas
Después del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), es el tributo que más ingresos aporta a las arcas de los ayuntamientos junto con el impuesto de matriculaciones
En 2016 las corporaciones locales tuvieron un superávit histórico de 6.847 millones de euros que ahora quieren gastar, pero que la regla de gasto impide
A pesar del fallo, de su alcance nacional y de haber sido emitido por un órgano como el Constitucional, hoy en día, prácticamente todos los ayuntamientos de España lo siguen cobrando
Tinsa estima que si la norma se aplicara finalmente al ámbito estatal, el número de viviendas sobre las que se podría reclamar estaría en torno a 550.000 inmuebles
