El contribuyente podrá elegir la más favorable para pagar la plusvalía

El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes un real decreto-ley para reformar los artículos que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales la semana pasada y que servían para calcular el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), más conocido como plusvalía municipal. El impuesto tendrá a partir de ahora dos fórmulas de cálculo, uno objetivo y otro real, y el contribuyente podrá elegir la opción que más le interese.

La primera de las opciones será el resultado objetivo de multiplicar el valor catastral por unos coeficientes que "se adecúen a la realidad inmobiliaria y la segunda será un método real que calcule la diferencia entre el precio de venta y el precio de adquisición del inmueble", ha explicado la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

Los coeficientes tendrán en cuenta la evolución del mercado inmobiliario

"Los coeficientes que vamos a aplicar se irán regulando cada año a través de la Ley de Presupuestos Generales y tendrán en cuenta la evolución del mercado inmobiliario. El contribuyente podrá elegir entre estos dos modelos aquel que le sea más ventajoso. Pero, en cualquier caso, el impuesto solo gravará la plusvalía cuando realmente se produce y no como hasta ahora, cuando la ganancia es nula", ha asegurado.

"El Gobierno dijo que daría una respuesta rápida y esa respuesta ha llegado al Consejo de Ministros hoy. Y tiene un doble objetivo, por un lado, que los ayuntamientos no tengan que recortar sus servicios porque tengan garantizada la financiación a través de este impuesto y que los ciudadanos no tengan que pagar impuestos cuando no les corresponda", ha dicho Isabel Rodríguez. "Con el nuevo impuesto quedará garantizado que nadie que haga una venta a pérdidas lo tendrá que pagar".

Los ayuntamientos, que tendrán seis meses para adaptar su marco legal al nuevo impuesto, recaudaron en 2019 por la plusvalía municipal 2.500 millones de euros. En este sentido, los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) urgen a los ayuntamientos a aprobar las ordenanzas fiscales "antes de los seis meses de plazo, pues cada mes de impasse supone una pérdida de unos 170 millones en las arcas municipales, según la recaudación prevista para 2021 de 2.075 millones".

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Por otro lado, el real decreto-ley recoge, asimismo, que los ayuntamientos puedan rebajar el valor catastral del suelo hasta un 15%, contribuyendo a que el impuesto refleje la realidad inmobiliaria, mientras que, como novedad, se gravarán las plusvalías generadas durante un periodo inferior a un año y que pueden tener carácter más especulativo.

La plusvalía municipal grava la revalorización de los inmuebles con base en una metodología que el Tribunal Constitucional ha considerado inconstitucional. En su sentencia del 26 de octubre, el TC anuló varios aspectos del tributo —que se paga cuando alguien vende, dona o hereda una vivienda— en virtud de los cuales siempre había que pagarlo, con independencia de si se había producido un verdadero incremento de valor y la cuota pudiera resultar excesiva.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya avanzó la semana pasada que llevaría al Consejo de Ministros "un texto legal para corregir elementos que se hubieran declarado inconstitucionales", con el objetivo de dar "tranquilidad y seguridad" a los contribuyentes y garantizar la financiación de las entidades locales, que son las que reciben los recursos de este impuesto.

No tendrá efectos retroactivos

El nuevo impuesto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que previsiblemente tendrá lugar mañana. "Y no será retroactivo", tal y como ha avanzado Isabel Rodríguez.

Por otro lado, sobre la decisión del Gobierno de optar por un real decreto-ley para la aprobación del impuesto, varios abogados consultados por El Confidencial coinciden en señalar en que "es cuestionable, pero lo esperado", mientras que desde Asufin considera que es "de dudosa constitucionalidad que se apruebe por decreto ley, nace mal, ya que la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional establece que los tributos no se pueden aprobar por decreto-ley y lo que el Gobierno está regulando es la esencia del impuesto, la parte que corresponde a su cálculo. Podríamos asistir a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad", ha asegurado Patricia Suárez, presidenta de la asociación de usuarios financieros.

Sobre este punto, Isabel Rodríguez ha asegurado que el real decreto-ley, "como cualquier asunto que llega al Consejo de Ministros, ha pasado por todos los filtros de seguridad jurídica y de informes que determinan los técnicos de Hacienda".

Los técnicos de Hacienda también advierten del riesgo de inconstitucionalidad en la nueva regulación "al diseñar uno de los elementos esenciales del tributo prescindiendo de una ley ordinaria". En opinión de GESTHA, "con la tramitación como proyecto de ley, se mejorará el contenido y redacción y se lograría una mayor estabilidad de la nueva regulación en el futuro, ya que asegura que habrá contribuyentes que recurrirán las liquidaciones de la plusvalía con la nueva normativa pidiendo a los tribunales de justicia que planteen una nueva cuestión de inconstitucionalidad".