Así diseñan los bufetes su estrategia para hacer frente al alud de reclamaciones

Las últimas 48 horas han sido especialmente intensas en los departamentos de fiscal de los grandes bufetes o en las 'boutiques' especializadas en la materia. Tras conocer el avance del fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre la plusvalía municipal, son muchos los clientes —tanto personas físicas como empresas y corporaciones— que han levantado el teléfono para consultar a sus abogados si se encuentran entre quienes pueden reclamar su devolución. Tantos, que el diagnóstico de los despachos es unánime: habrá miles o decenas de miles de reclamaciones; tantas, que es posible que muchos ayuntamientos no puedan tramitarlas todas en plazo y haya contribuyentes que tengan que acudir a la vía judicial para lograr recuperar lo indebidamente ingresado.

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"La nota del TC ha originado muchísimo revuelo y expectación, nos están contactando muchísimos clientes", describe Pablo Romá, socio director de Romá Bohorques, que detalla que manejan algún caso en el que estiman que la reclamación supere el medio millón de euros. "Estamos recibiendo bastantes llamadas", se suma Constantino Vidal, socio de Zadal Abogados, quien señala, no obstante, que los clientes tienen interés, pero no les están trasladando urgencia, porque saben que habrá un amplio plazo para cursar la devolución.

Los letrados, en todo caso, coinciden en pedir prudencia hasta conocer la sentencia completa. "No conocemos el texto, por lo que cualquier valoración que hagamos está fundada en una nota informativa y en la experiencia acumulada", advierte Maximino Linares, socio responsable de Procedimientos Tributarios de EY Abogados. No obstante, el letrado asevera que todo indica que, cuando el Constitucional se refiere a la "intangibilidad de las situaciones firmes", deja fuera de una posible revisión los casos en los que exista sentencia firme o sobre los que haya recaído un acto administrativo firme. ¿Cuándo se produce tal circunstancia? Depende de cómo se tramitase la plusvalía: a los cuatro años, si se presentó a través de autoliquidación (por efecto de la prescripción transcurrido ese plazo), o un mes después de la notificación de la liquidación si esta no se recurrió.

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En este punto, Vidal distingue dos tipos de afectados. En primer lugar, aquellos que ya han presentado recurso contra la plusvalía, situaciones en las que deberá determinarse cómo afecta la sentencia, expone. Y, en segundo término, los contribuyentes cuyos tributos aún no son firmes y no han presentado recurso. Romá agrega un tercer supuesto, menos común, pero también posible: aquellos para quienes el acto administrativo (sea autoliquidación o liquidación) devenga firme en próximos días o semanas, mientras se publica la sentencia. "Nuestra recomendación es que presenten ya solicitud de devolución de ingresos indebidos, si es autoliquidación, o reclamen alegando la inconstitucionalidad, si es liquidación", explica.

Una avalancha

"Prevemos una avalancha de reclamaciones", anticipa Mariana Díaz-Moro, abogada fiscalista de Gómez-Acebo & Pombo, que lamenta que no se haya reformado el tributo después de la sentencia del TC de 2017, que anuló la plusvalía en los casos en que se producía una pérdida de valor del inmueble. "Tras ese fallo ya se colapsaron muchos ayuntamientos, así que ahora se ahondará en esa situación". Un diagnóstico que comparte Carlos de la Sierra, especialista en fiscal de Reclamador.com. "La Administración no va a ser capaz de digerir todas las peticiones de devolución, así que muchos procedimientos se verán agotados por silencio administrativo y los contribuyentes tendrán que pleitear en vía judicial", indica.

Varios letrados coinciden en que, jurídicamente, la reclamación no presenta especial dificultad. Sí puede resultar compleja, en cambio, la parte procedimental de la misma, por lo que conviene estar bien asesorado para que no se produzcan defectos formales o fallos en la tramitación que puedan impedir a los contribuyentes recuperar lo abonado indebidamente.

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Juan Carpizo, socio de Tributación Local de EY Abogados, también critica la falta de uniformidad en la gestión del tributo. "Muchos ayuntamientos lo tramitan a través de la autoliquidación; otros vía liquidación; unos terceros cambiaron el procedimiento de autoliquidación a liquidación para rebajar el número de potenciales reclamaciones cuando aparecieron las primeras sentencias" (logrando que el plazo pasara de cuatro años a un mes). Una disparidad de situaciones que no descarta que quiera unificar el Constitucional.

Finalmente, Linares advierte de que el reto de los consistorios no solo es jurídico, sino también financiero. "Cuando los ingresos devienen indebidos, las devoluciones se están devengando a un 3,75% anual", detalla, "por lo que si se enquista el retorno del dinero, esto incrementará de forma notable la deuda de la Administración". Y ello, concluye, en un contexto en el que los contribuyentes no tienen prisa, salvo situación de necesidad. "Muchos prefieren que les devuelvan el dinero dentro de tres o cuatro años porque ese tipo de interés no te lo da ahora mismo ningún banco", remata el letrado.