La incertidumbre del fallo de la plusvalía impulsará miles de reclamaciones de devolución

El anuncio del Tribunal Constitucional de que anulará en los próximos días la plusvalía municipal (el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos urbanos) ha generado una gran incertidumbre entre los contribuyentes y los abogados fiscalistas. Rápidamente, han surgido despachos que ofrecen procedimientos para solicitar la devolución de la plusvalía y urgen a los contribuyentes a acelerar cualquier solicitud antes de que se publique en el BOE la sentencia definitiva del Constitucional.

Esta reacción es consecuencia de la incertidumbre que ha dejado el anuncio del tribunal en este periodo de espera hasta que se conozcan los términos precisos de la sentencia. Lo único que ha quedado claro de momento, a falta de que se publique en unos días su contenido, es que anulará el impuesto y que no admitirá reclamaciones de los contribuyentes que ya tengan una resolución firme. Sin embargo, hay dudas entre los afectados sobre qué ocurre con las situaciones que se encuentran en la zona intermedia, es decir, en esas resoluciones que aún no son firmes como las de las autoliquidaciones realizadas en los últimos cuatro años. Los contribuyentes todavía estarían en plazo para solicitar una rectificación del impuesto pagado, en este caso justificando la arbitrariedad del cálculo de la base imponible, que es lo que ha declarado inconstitucional el tribunal.

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Fuentes jurídicas explican que el fallo limitará la entrada de nuevas reclamaciones y solo se podrán acoger a la sentencia aquellas que ya estuvieran presentadas antes de la publicación del mismo. Sin embargo, tampoco está claro aún para el contribuyente qué fecha debe considerar para el corte, si la del anuncio del fallo o la de publicación en el Boletín Oficial del Estado. Esta duda es la que está movilizando a los despachos de abogados para instar a sus clientes a reclamar el pago de este impuesto de los últimos cuatro años. Porque las posibilidades de hacerlo una vez que se publique la sentencia son ya muy reducidas.

La sentencia se publicará previsiblemente en una o dos semanas. Esto hace que las solicitudes de rectificación de las autoliquidaciones realizadas tengan que ir contrarreloj. El margen es limitado, pero el potencial beneficio para los contribuyentes es muy elevado. La asociación Asufin ya ha advertido a los contribuyentes de que “podrán reclamar todas las autoliquidaciones de los últimos cuatro años”. Lo mismo ocurre con el bufete Arriaga, que está informando a los potenciales clientes de que “todo parece indicar que podrán ser revisadas las autoliquidaciones de los últimos cuatro años y las liquidaciones de un mes”.

El TC tiene una decisión difícil: blindar a los ayuntamientos o admitir los recursos

La incertidumbre sobre esta sentencia aún es total y el Constitucional aún tardará unos días en tener cerrada la sentencia definitiva y los tres votos particulares que la acompañan. Las arcas públicas y los contribuyentes se juegan mucho con este fallo, ya que cada año se recaudan en torno a 2.500 millones de euros, la mayor parte en forma de autoliquidaciones. Esto significa que las peticiones de rectificación de los contribuyentes podrían superar fácilmente los 5.000 millones de euros. Una cuantía que haría un gran roto en las cuentas municipales.

La decisión es delicada y polémica. La resolución del TC y la interpretación que de ella se haga determinarán si se blindan las cuentas de los ayuntamientos a pesar del duro mazazo que suponen las tres sentencias consecutivas tumbando partes de la Ley de Haciendas Locales. La segunda incógnita es si dejará a los contribuyentes sin la posibilidad de reclamar la devolución de un impuesto que ha sido cobrado de forma inconstitucional y que ha generado ya elevadas expectativas entre los afectados que no tienen una situación firme con su impuesto. Y, por último, si aceptará que en estos días de gran inseguridad jurídica hasta que se publique la sentencia los contribuyentes más rápidos puedan reclamar.