Cómo Francia y Alemania han torpedeado la lucha para que la violación sea un eurodelito
El Parlamento Europeo votará en abril la directiva sobre violencia de género, pero no se ha incluido la definición basada en el consentimiento por la oposición de países como Francia
Hace varios meses que las eurodiputadas tienen una sensación agridulce. Llevan meses negociando las bases de una directiva para que avancen los derechos de las mujeres europeas. Han conseguido una gran parte de sus objetivos, pero hay una espina que se les queda clavada. Ursula von der Leyen dijo recientemente que “no puede haber una verdadera igualdad sin acabar con la violencia”. Precisamente en la definición de esta última palabra que utilizó la presidenta de la Comisión Europea reside el mayor problema.
Las representantes de la comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género del Parlamento Europeo han celebrado que se haya llegado a un acuerdo sobre la directiva de la violencia de género, "un gran paso adelante y uno de los mayores logros. Podemos estar orgullosas de haber logrado algo así", afirmó María Eugenia Rodríguez Palop, eurodiputada de La Izquierda, en un desayuno al que asistió El Confidencial. "Hubiera sido un fracaso estrepitoso no aprobarla", añadió Soraya Rodríguez, del partido Renew.
Sin embargo, hay un asunto pendiente que ha ensombrecido el éxito político de la directiva. Algunos países como Francia y Alemania se han opuesto a aprobar una definición común del delito de violación. Esto habría supuesto seguir los pasos de leyes como la de "solo sí es sí", en España, y que considera una violación todo acto sexual sin un consentimiento explícito. La negativa de algunos Estados impide que la violación se convierta en un eurodelito, un objetivo que no han conseguido pero que las eurodiputadas definen como una lucha que todavía no ha terminado. La reforma no podrá revisarse hasta los próximos cinco años.
Francia y Alemania son los principales opositores de esta medida porque, argumentan, no hay base jurídica para tipificar la violación. La reticencia del presidente Emmanuel Macron ha desatado la polémica. Oficialmente, la posición del francés se basa en motivos puramente jurídicos y un portavoz del Gobierno aclaró que el derecho penal es competencia de los Estados y que, por tanto, la violación debe perseguirse a nivel nacional. Al respecto, la fuente afirmó para Euronews que el país galo tiene algunas de las sentencias más estrictas por agresión sexual de la UE. "Los tribunales franceses interpretan el uso de la violencia, la amenaza, la coerción o la sorpresa de una manera muy, muy amplia, de modo que la falta de consentimiento es muy fácil de determinar", añadió un responsable de prensa de la delegación de Francia en la UE, a The Parliament Magazine.
Algunos expertos ponen en duda estas afirmaciones. Irene Rosales, responsable de políticas y campañas del Lobby Europeo de Mujeres, calificó la decisión de oponerse a la definición de violación que recoge el Convenio de Estambul como "completamente hipócrita". En entrevista con El Confidencial, cita a Grevio, un grupo de expertos encargado de revisar cómo se implementa el Convenio en la UE. "Dicen que Francia no está en los estándares, porque su definición se basa en el uso de la fuerza. Pero ellos consideran que su legislación está por encima. Si pueden demostrarlo, deberían haber aceptado la medida", sentencia Rosales.
Paralelamente, el Gobierno de Macron ha adoptado medidas transgresoras como blindar en su Constitución el derecho al aborto. En el caso del concepto de violencia basado en el consentimiento, decidieron apoyar la visión del Consejo de la Unión Europea, que no veía la base legal muy clara, aunque lo dejaba abierto a interpretación. "Aunque es importante recordar que el Parlamento y la Comisión están a favor. Nosotros además enviamos una carta firmada por la Asociación Europea de Mujeres Abogadas que apoyaban que los argumentos en contra eran una cuestión de interpretación y de voluntad política para cambiar la definición y avanzar a nivel europeo", afirma Irene Rosales a este periódico.
La miembro del Lobby Europeo de Mujeres explica que el problema con este tipo de leyes que no contemplan el consentimiento es que muchas veces la carga recae sobre la víctima y en si se resistió o no. Además, este tipo de definiciones basadas en la negación restringen el tipo de evidencia que puede utilizarse en un tribunal si la víctima se queda paralizada en el momento de la violación. Por otro lado, el enfoque basado en el consentimiento también permite que nuevos casos lleguen a los tribunales y que se limite la impunidad, que reina en muchos países de la UE incluido Francia, donde el Gobierno está envuelto actualmente en una serie de escándalos por abuso sexual.
Una directiva es mejor que ninguna
Más allá del problema que ha provocado frustración entre algunas eurodiputadas, la directiva sobre violencia de género, que se aprobará formalmente en abril, penalizará delitos como la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado. Por primera vez, el ciberacoso sexual y otros tipos de abusos en línea también se convertirán en un delito según la legislación de la UE.
Estos avances son un "hito" para los derechos de las mujeres de la UE y, a pesar de las diferencias, esta directiva es mejor que ninguna directiva. "Estamos a poco tiempo de las elecciones europeas y las encuestas arrojan unos resultados que pueden ser peligrosos por el aumento de los extremismos. Viene también la presidencia húngara que no tiene este tema entre sus prioridades. Necesitamos absolutamente que esta directiva salga adelante", concluye Irene Rosales.
La postura de gobiernos como el de Francia ha sido condenado por organizaciones como Amnistía Internacional, que ha aplaudido los avances por la aprobación de la directiva. "Sin embargo, la adopción corre peligro debido a que varios Estados miembros no han logrado ponerse de acuerdo para reforzar las leyes y políticas a nivel de la UE y respaldar medidas cruciales apoyadas por la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, así como por diversas organizaciones de la sociedad civil". "Instamos a los gobiernos nacionales a transformar la palabrería sobre poner fin a la violencia contra las mujeres en acciones concretas y efectivas contra este flagelo que afecta a millones de personas en la UE, incluso garantizando que la violación basada en la falta de consentimiento sea un delito penal en toda la UE", subraya en un comunicado.
Los esfuerzos por conseguir aprobar ese fleco pendiente no han acabado. A pesar de las diferencias políticas de las eurodiputadas, todas estas desaparecen cuando se hace mención a la importancia de adoptar la definición de violencia basada en el consentimiento. "Para tener de nuevo la oportunidad de meterlo en la directiva tenemos que esperar a la evaluación de la directiva que se hará dentro de cinco años desde el momento de la implementación", aclara Rosa Estarás, eurodiputada del Partido Popular Europeo (PPE), a El Confidencial. "Tenemos que convencer a los Estados miembros que no han aceptado, como el francés, el alemán y otros gobiernos socialistas como Malta y Eslovaquia".
Donde sí se ha incluido la definición, según el Convenio de Estambul, es en el aspecto de la prevención, para que se actúe en las causas que originan las violaciones sexuales. En el artículo se incluyen aspectos como herramientas para la detección temprana o el fortalecimiento de la educación.
El objetivo, continúa Estarás, es dejar claro que la violencia contra las mujeres es un objetivo para la UE. Para ello, los países tendrán que tomar medidas que protejan a las víctimas y coordinarse. "Lo que hemos conseguido es muy importante. No todo lo que hubiéramos querido, pero es un gran paso", destaca la eurodiputada.
Hace varios meses que las eurodiputadas tienen una sensación agridulce. Llevan meses negociando las bases de una directiva para que avancen los derechos de las mujeres europeas. Han conseguido una gran parte de sus objetivos, pero hay una espina que se les queda clavada. Ursula von der Leyen dijo recientemente que “no puede haber una verdadera igualdad sin acabar con la violencia”. Precisamente en la definición de esta última palabra que utilizó la presidenta de la Comisión Europea reside el mayor problema.
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