El "cambio de paradigma migratorio" de los países nórdicos todavía no termina de arrancar

El Gobierno sueco del primer ministro, Ulf Kristersson, sigue haciendo de la lucha contra la inmigración irregular una prioridad absoluta en su primera legislatura. Desde que llegó al poder en octubre de 2022, la coalición de partidos conservadores, con el apoyo de la formación antiinmigración Demócratas de Suecia, ha empezado a implementar las medidas para eliminar lo que denomina la "sociedad en la sombra". Es decir, expulsar del país a personas inmigrantes y solicitantes de asilo que están en Suecia en una situación irregular sin permiso de residencia.

Una de las medidas migratorias principales del Gobierno es la apertura de los denominados centros de retorno. Estos centros se abrieron recientemente en otoño de 2023, y representan toda una novedad en el sistema de asilo sueco, que durante décadas había sido uno de los más liberales y favorables a la acogida de refugiados en Europa.

Los centros están gestionados por la Agencia de Migración y se destinan a solicitantes de asilo que su petición de refugio ha sido rechazada, con el objetivo de agilizar y facilitar los procedimientos para que sean devueltos a su país de origen y no pasen a vivir en la clandestinidad. La medida representa una pieza clave en el nuevo "cambio de paradigma migratorio" que está impulsando el Gobierno del país nórdico. Prueba de ello es que ha destinado 300 millones de coronas (26 millones de euros) a su apertura, lo que significa la partida más importante en el ámbito de la inmigración para los presupuestos del año 2024.

"Un retorno voluntario"

En un edificio bajo y más bien de aspecto un tanto descuidado, con un rótulo que indica "Arlöv Park Hotell" se encuentra el mayor centro de retorno de Suecia que se estrenó en octubre, y que de momento tiene capacidad para 250 personas. A su alrededor, solamente hay una gasolinera en medio de una desamparada zona industrial y nada donde cobijarse de una helada aguanieve que cae en invierno. Este equipamiento situado en las afueras de la ciudad de Malmö antes había servido como viviendas temporales para personas sin hogar y como centro de recepción de refugiados. Ahora, el centro de Burlöv es una prueba piloto para que el Gobierno sepa cómo actuar en las otras tres instalaciones que hay repartidas por el país.

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En la entrada, da la bienvenida un mostrador de recepción cerrado, un limitado árbol de navidad de plástico y una sala vacía, mal iluminada. Los funcionarios del centro hacen hincapié en que aquí las personas no tienen limitada su libertad y pueden entrar y salir cuando quieran (incluso de noche), pero no pueden recibir visitas, tampoco tienen permiso de trabajo, ni los adultos pueden estudiar.

Anders Karlsson, jefe de la unidad del centro en la agencia de migraciones, también subraya que esta instalación está destinada a personas que son deportadas de forma voluntaria tras verse negada su solicitud de asilo en el país. Sin embargo, Karlsson se ve forzado a aclarar: "un solicitante de asilo con una petición rechazada puede volver al país de origen de forma voluntaria o a la fuerza, sabemos que la persona no marcha de forma voluntaria, pero la diferencia es, ¿coopera o no? Si coopera, puede estar en el centro". Según la cadena pública SVT, en el año 2022 alrededor del 74% de las peticiones de asilo en Suecia fueron rechazadas. En ese año, la agencia de migración registró 11.580 casos de retorno, de los cuales solamente el 39% fueron deportaciones de forma voluntaria.

Una de las primeras cosas que llama la atención en el centro es que está prácticamente vacío: "de momento tenemos 55 residentes, una quinta parte de nuestra capacidad", dice Karlsson. A pesar de los esfuerzos del Gobierno, según la ley migratoria actual, no hay incentivos directos para que las personas que tienen una solicitud de asilo rechazada se trasladen a vivir a los centros antes de ser deportados. Sin embargo, el ejecutivo no esconde que pronto modificará la ley para aplicar una "obligación de residencia" que exija a vivir en los centros. Para cumplir con la medida, el Gobierno prevé que a finales de este año haya la capacidad de albergar a 2.000 personas a la vez entre los cuatro centros de retorno existentes.

Riesgo de quedar atrapados

Los letreros en las puertas del centro escritos en cirílico y árabe revelan que la mayoría de los residentes son de nacionalidad rusa, iraquí o siria. A las 13:00, buena parte de ellos se reúnen en la cantina, donde se sirven tres comidas diarias, ya que no hay opción para cocinar la comida propia. A esta hora el ambiente es más bien tranquilo entre las pocas personas que hay. Después de la comida, la mayoría de los residentes vuelven a sus habitaciones que comparten entre cuatro personas con dos literas impecablemente austeras. La privacidad es muy limitada y tampoco hay lugar para guardar objetos personales ni hay conexión wifi en el edificio. Otro de los retos es que de momento el centro está poco preparado para recibir a familias con menores de edad, más allá de tener una habitación que se utiliza como sala de juegos para niños.

Anders Karlsson explica que, entre los beneficios de los centros de retorno, está la capacidad de la agencia migratoria para que las personas deportadas reciban un asesoramiento que los prepare para volver a sus países de origen. Sin embargo, los centros han recibido las críticas por parte de los partidos de la oposición y de organizaciones de la sociedad civil por el riesgo de que haya personas que se queden atrapadas mucho tiempo viviendo en ellos, una posibilidad que la agencia de migraciones también admite que puede ocurrir en números significativos.

"Los centros no están preparados para garantizar los derechos de los deportados ni para que se pueda hacer una vida diaria con normalidad"

John Stauffer, director de la organización Civil Rights Defenders, explica que algunos casos de deportaciones se pueden prolongar durante años, especialmente cuando los países de origen se niegan a recibir a los solicitantes de asilo rechazados, como ha pasado previamente con Irak. En estos casos, Stauffer explica que "los centros no están preparados para garantizar los derechos de los deportados ni para que se pueda hacer una vida diaria con normalidad, sin que las vidas de los residentes queden impactadas por la pasividad", dice. Respondiendo a esto, Anders Karlsson enfatiza que los centros se han abierto en colaboración con los agentes sociales y los ayuntamientos, por lo que, por ejemplo, "el derecho de escolarización de los menores está garantizado".

"Cambio de paradigma"

Cuando el centro de Burlöv se abrió en el mes de octubre, la ministra de Migraciones, Maria Malmer Stenergard subrayó que la instalación era un paso más para acercarse al "cambio de paradigma" en política migratoria que el Gobierno está decidido a llevar a cabo. El ejecutivo de Ulf Kristersson fue elegido bajo la promesa de poner fin a lo que considera una "política de inmigración irresponsable, y una integración fallida", que durante años ha implementado Suecia. Incluso el partido socialdemócrata, que ha gobernado anteriormente durante décadas, admite que las políticas de migración hasta ahora son un modelo fallido que hay que cambiar.

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Según la coalición de Gobierno actual (que va desde los liberales hasta la derecha xenófoba) las generosas políticas de asilo que se aplicaron en el pasado han contribuido hoy al aumento de la criminalidad, la radicalidad religiosa, la creación de sociedades paralelas y el debilitamiento de la lengua sueca. En Suecia, el 20% de los 10 millones de habitantes son nacidos en el extranjero, y partidos como Demócratas de Suecia, que dan apoyo al Gobierno, culpan a la multiculturalidad y a la inmigración de los problemas sociales que arrastra el país.

De momento, el ejecutivo de Kristersson ha reducido la cuota de solicitantes de asilo que recibirá anualmente de 5.000 a 900, y ha implementado un sistema de permisos de residencia temporal para los refugiados. Según la ministra Stenergard, aún ha pasado demasiado poco tiempo para extraer conclusiones del conjunto de medidas como los centros de retorno, pero sin duda el mensaje del ejecutivo ha llegado muy claro, Suecia ya no quiere seguir siendo un país de acogida.