¿Acuerdo de mínimos o parche político? Las claves del nuevo pacto migratorio de la UE

Los colegisladores de la Unión Europea, que este miércoles por la mañana alcanzaron un acuerdo calificado como "histórico" que permitirá al club comunitario volver a contar con un Pacto de Migración y Asilo efectivo, han tenido que pasar las horas siguientes al anuncio defendiendo el acuerdo. Entre acusaciones de organizaciones y de los grupos más progresistas de la Eurocámara, la Comisión Europea y los negociadores del Parlamento Europeo han señalado que se trata de un acuerdo robusto que garantiza un trato humano a los solicitantes de asilo, mientras 50 organizaciones enviaban este pasado lunes una carta abierta a los negociadores en la que les avisaban de que se dirigían hacia un acuerdo que establecería "un sistema cruel, costoso y que funcione mal, que se desmorone durante su implementación y deje cuestiones críticas sin abordar".

El pacto siempre iba a generar opiniones enfrentadas, y todo el mundo en Bruselas lo sabía. Para los ultraconservadores la solución será siempre menos estricta de lo que desearían, y para los grupos más progresistas será, a la inversa, demasiado dura e inhumana. Para los pragmáticos, la opción de seguir sin un acuerdo sobre el Pacto de Migración y Asilo no era una solución, y aunque todo el mundo admite que el acuerdo podría ser mejor, todos coinciden en señalar que la alternativa era no tener un acuerdo. La anterior arquitectura para gestionar los flujos migratorios sencillamente saltó por los aires con la crisis de 2015 y 2016, cuando millones de solicitantes de asilo llegaron a Europa por la guerra en Siria.

Aquello provocó un terremoto político que sacudió Europa, especialmente el este de la Unión, y ha provocado divisiones que se ven todavía hoy dentro del club. ¿Qué cambia con este acuerdo? Todo, sencillamente porque hasta ahora se vivía en una especie de "sálvese quien pueda" en el que cada Estado miembro gestionaba de la mejor manera posible los flujos migratorios, contando en ocasiones con acuerdos ad hoc para el reparto de solicitantes. Ahora se establece todo un nuevo sistema que se centra en ser más veloz, más eficaz con aquellos que no tienen derecho a quedarse en la Unión Europea y, por último, más rápido a la hora de devolver a sus países de origen a los migrantes cuya solicitud haya sido rechazada. Todavía no se conocen los detalles exactos del acuerdo político alcanzado este miércoles, pero estos son los principales elementos del pacto.

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¿Cuál es el contexto político?

Para los más críticos con el acuerdo, este es únicamente una herramienta para que todo el mundo pueda acudir a las elecciones europeas de junio de 2024, asegurando que los deberes están hechos. Es algo que Roberta Metsola, presidenta de la Eurocámara, no ha escondido. "No menospreciemos el efecto de no cerrar el acuerdo, como pasó en 2017. Cuando fuimos a las elecciones en 2019, la principal preocupación de los ciudadanos era la migración y no teníamos una legislación", ha explicado la maltesa en una rueda de prensa este miércoles.

La victoria del líder de extrema derecha Geert Wilders en las elecciones de Países Bajos han sacudido Europa y ante el crecimiento de Alternativa para Alemania (AfD) en los comicios regionales y la realidad que se vive en la política de países como Italia, donde el discurso más conservador en materia migratoria ha echado raíces, se ha extendido la sensación de que es necesario dar una respuesta política más contundente al asunto. En Francia, por ejemplo, el Gobierno centrista de Emmanuel Macron ha sufrido para sacar adelante una legislación migratoria que la radical Marine Le Pen estaba dispuesta a apoyar. Ese es el contexto político en el que se cierra este pacto, en un ambiente muy favorable al endurecimiento de la política migratoria.

¿Consolida la idea de la solidaridad a la carta?

Sí. Todo el sistema previo a la crisis del 2015 y 2016 saltó por los aires políticamente por la delicada cuestión de las cuotas obligatorias, es decir, el reparto de solicitantes de asilo entre los Estados miembros. Durante todos estos años ese asunto ha seguido siendo un elemento enormemente divisivo como piedra central para repartir la carga de la gestión migratoria entre los países de primera línea, como España, Italia o Grecia, y el resto de Estados miembros.

La solución que la Comisión Europea puso sobre la mesa, y que ha salido adelante, ha sido la de una "solidaridad a la carta". Cada año se prevé la reubicación de 30.000 solicitantes de asilo, pero aquellos Estados miembros que no estén dispuestos a aceptar a migrantes tendrán que contribuir con 20.000 euros por solicitante de asilo rechazado, que irá a parar a un fondo común para la gestión migratoria. Para los colegisladores esta es una de las grandes victorias de este pacto, ya que introduce algún tipo de responsabilidad compartida entre todos los socios europeos, por muchos que los países de primera línea prefieran algún tipo de solidaridad más sólida y clara.

¿Se dividirá a los solicitantes de asilo en dos grupos?

Efectivamente, y este ha sido uno de los asuntos más sensibles en las negociaciones: la separación que se hará entre aquellos solicitantes de asilo que tienen posibilidades de que su petición sea aceptada y aquellos que las autoridades creen que no cumplen con los requisitos. Esto se establecerá a través de un primer "escaneado" de las solicitudes, que se tendrá que realizar en los siete días siguientes a su llegada, en los que se analizarán muchos elementos del migrante, como su estado de salud y vulnerabilidad.

Aquellos que tengan opciones reales de que su petición se acepte tendrán mejores condiciones que aquellos que tengan pocas opciones, que se verán retenidos en lo que los críticos consideran que son "centros de detención". Esa es una etiqueta que los Estados miembros rechazan, y la presidencia española del Consejo de la Unión Europea subraya que no hay una exigencia de creación de estos centros.

¿Qué pasa si la solicitud es rechazada?

Una vez una solicitud de asilo ha sido rechazada, el migrante tendrá que ser expulsado de la Unión a un país tercero seguro. Uno de los objetivos de este nuevo Pacto de Migración y Asilo es hacer más efectivo el retorno de inmigrantes ilegales, algo en lo que la Comisión Europea ha puesto mucho énfasis. Durante la negociación hubo un choque entre un grupo liderado por Italia y otro por Alemania sobre qué era exactamente un país seguro, con Roma defendiendo una visión más vaga de la definición y Berlín señalando que la UE debía ajustarse a los criterios más estrictos posibles.

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El consenso de las organizaciones y de los analistas es que las nuevas normas endurecerán los requisitos para obtener el derecho al asilo, y que también hará más duras las condiciones en las que los solicitantes permanecen mientras esperan a que se resuelva su caso, con plazos más amplios en los que serán retenidos, algunos de ellos cerca de las fronteras exteriores, en contra de lo que inicialmente deseaban los negociadores del Parlamento Europeo.

¿Qué ocurre en caso de crisis?

Uno de los reglamentos críticos para desatascar el acuerdo es el relacionado con la gestión de crisis, que es el que marca realmente la diferencia entre un Pacto de Migración y Asilo que funciona y es creíble y uno que no lo hace. En caso de una emergencia, la Comisión Europea podrá pedir a los Estados miembros medidas de solidaridad adicionales, que estos tendrán que proponer al Ejecutivo comunitario. Según Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado socialista español y ponente de este reglamento, en última instancia la Comisión podría proponer la reubicación obligatoria de migrantes. Además, en estos casos Bruselas puede solicitar que se considere a un determinado grupo de personas, por ejemplo, las que comparten nacionalidad con un Estado tercero en un claro caso de crisis, como ocurre con Ucrania, como "personas con derecho a protección prima facie", y en ese caso se deberán acelerar sus solicitudes porque probablemente tengan derecho al asilo.

"Para ser considerada una crisis, la situación debe hacer que los servicios de asilo, acogida, protección infantil o el sistema de retorno de un determinado Estado miembro no funcionen, y también puede tener graves consecuencias para el funcionamiento del sistema común de asilo de la UE", explica el Parlamento Europeo en un comunicado.

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¿Saldrá adelante?

Para que este acuerdo político salga adelante, el texto tendrá que ser aprobado tanto en el Consejo de la Unión Europea como en el Parlamento Europeo. En el primero de los casos debe recibir la luz verde por una mayoría cualificada de Estados miembros. Es decir, que cuente con el apoyo del 55% de los Estados miembros (en la práctica eso equivale a que lo respalden 15 de los 27 socios) que representen al menos al 65% de la población de la Unión Europea.

En el segundo de los casos, en el Parlamento Europeo, debe contar con la mayoría del Pleno. El texto cuenta con el respaldo seguro del Partido Popular Europeo (PPE), los socialdemócratas europeos (S&D) y los liberales (Renew Europe), y probablemente sea respaldado por buena parte del ala ultraconservadora de la Eurocámara, es decir, por los grupos de Identidad y Democracia (ID) y de los Conservadores y Reformistas (ECR), el grupo del que forma parte Vox. Sin embargo, el texto está siendo muy criticado por los eurodiputados de Los Verdes y de La Izquierda.