Las inexplicables prisas del Gobierno por alcanzar a toda costa un acuerdo con Gibraltar antes de las europeas

Menos mal que el Reino Unido no es tan opaco. Fernando Sampedro, el secretario de Estado para la Unión Europea, anunció el martes pasado que el acuerdo sobre Gibraltar con Londres se cerrará "en los próximos días", pero a día de hoy se desconoce su contenido. Un debate en la Comisión de Control Europeo de la Cámara de los Comunes arroja, sin embargo, algo de luz sobre la negociación a punto de concluir, según el Gobierno español.

El Ejecutivo español parece tener prisa por anunciar un acuerdo pendiente desde que hace ya más de cuatro años el Reino Unido consumó el Brexit. Gibraltar dejó entonces de formar parte de la UE, pero a día de hoy está en un limbo jurídico que le permite seguir disfrutando de las ventajas de pertenecer al "club europeo". Mientras, Comisión Europea y España negocian con el Reino Unido un acuerdo que establecerá un marco legal para esa nueva relación. Sigue siendo el único problema derivado del Brexit pendiente de resolver.

Tras la última sesión negociadora, el 12 de abril en Bruselas, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, anunció haber logrado, con su homólogo David Cameron, "avances significativos para la prosperidad compartida en el Campo de Gibraltar", pero no dio más detalles. El Grupo Socialista en el Congreso registró, el 3 de mayo, una Proposición No de Ley en la que insta al Gobierno a impulsar un acuerdo, pero no especifica en qué debería consistir.

"La opacidad es un hecho, nadie sabe nada de las conversaciones", se quejaba el exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo (PP), autor de un libro sobre Gibraltar, en una entrevista con el diario "Europa Sur" de Algeciras. José Ignacio Landaluce, el alcalde de esa ciudad, insistía: "no sabemos nada, ni la Junta de Andalucía está informada". Fernando Sampedro llamó el martes pasado a Antonio Sanz, consejero de Presidencia de la Junta, para anunciarle una reunión, pero aún no se ha fijado la fecha.

La verja de la colonia con España será desmantelada para poder así incorporarla al espacio Schengen

La sesión de la Comisión de Control Europeo de los Comunes, celebrada el 1 de mayo, dejó traslucir algunos indicios de por donde iba la negociación. David Rutley, secretario de Estado para los Territorios de Ultramar, reveló que el Tribunal de Justicia de la UE seguiría siendo competente para algunos litigios que afecten a Gibraltar.

La verja de la colonia con España será desmantelada para poder así incorporarla al espacio Schengen de libre circulación europeo del que no forma parte el Reino Unido. La inspección fronteriza se efectuará en el puerto y aeropuerto no solo por la policía británica sino por Frontex. Es decir, que España delegará en esta agencia europea de control de las fronteras externas de la UE el acceso a su territorio a través del Peñón.

También permitirá vuelos comerciales entre la UE y Gibraltar aunque su aeropuerto es propiedad del Ministerio de Defensa británico que lo gestiona. El aeropuerto fue construido en el istmo nunca cedido por España al Reino Unido en el Tratado de Utrecht de 1713. Pactar con el Londres, a través de la Comisión Europea, el modus operandi de ese aeropuerto supone reconocer la soberanía británica sobre el istmo.

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"El Reino Unido solo alcanzará un acuerdo (...) si el Gobierno de Gibraltar está satisfecho con él; que salvaguarde la soberanía británica de Gibraltar y que proteja plenamente las operaciones y la independencia de las instalaciones militares británicas en Gibraltar", concluyó David Rutley ante los diputados de la Comisión. "No estoy dispuesto a ceder un ápice de nuestra soberanía británica", escribió, el 1 de mayo, Fabian Picardo, ministro principal del Peñón, a los parlamentarios.

Para tratar de arrojar algo más de luz sobre lo negociado, el grupo parlamentario del PP acaba de formular una batería de preguntas escritas al Gobierno en el Congreso. "¿Qué interés tiene para nuestro país facilitar la operatividad de esa infraestructura aeroportuaria sobre suelo ilegalmente ocupado (...)?", pregunta, por ejemplo, a propósito del aeropuerto.

El grueso de las preguntas vierten, sobre todo, sobre temas económicos y medioambientales. Tratan de averiguar qué mecanismos impedirán a los gibraltareños que residen en España, y pagan impuestos a Hacienda, no aprovechar la desaparición de la Verja para fingir que han vuelto a la colonia y dejar de ser contribuyentes; si el fondo de cohesión prometido por Bruselas al Campo de Gibraltar mitigará las distorsiones económicas que genera la colonia en la comarca o si la normativa medioambiental europea será aplicable en el Peñón etcétera.

No se entienden las prisas por las elecciones británicas, la renovación de la Comisión Europea y la investigación por corrupción a Picardo

"Están dispuestos a firmar lo que sea, a toda prisa, para plantearlo como un gran éxito", declaraba García-Margallo a "Europa Sur". Él y sus correligionarios del PP sospechan que el Gobierno actúa así por motivos electoralistas, en vísperas de las elecciones al Parlamento Europeo, como si un acuerdo sobre Gibraltar fuese a mover muchos votos el 9 de junio.

La premura del Ejecutivo de Pedro Sánchez es difícil de comprender por tres razones. Previstas para enero, las elecciones en el Reino Unido se adelantarán al otoño y el Gobierno laborista que saldrá de las urnas será, probablemente, más flexible que el actual conservador. España negocia a través de una Comisión Europea cuyo mandato está expirando y quizás le convenga esperar a que tome posesión la siguiente. Fabián Picardo, que presiona a Londres para que sea intransigente, ha resultado además salpicado por supuestamente entorpecer una investigación sobre corrupción.

Las que también tienen prisas son algunas autoridades y representantes sindicales del Campo de Gibraltar (270.000 habitantes). Unas 15.000 personas (10.000 españoles y 5.000 extranjeros) cruzan a diario la Verja para trabajar en la colonia. Manuel Triano, secretario general de CC.OO en la zona, instó el 1 de mayo a "poner fin a la situación de incertidumbre que padecen miles de personas" que trabajan en el Peñón. Arremetió contra la derecha que "pone pegas a la firma del tratado".

Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde socialista de San Roque y presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, sostiene, por su parte, que las palabras de García-Margallo y de otras personalidades de derechas esgrimen una "argumentación de hace tres siglos" sobre Gibraltar —alude así a la reivindicación de ir arañando soberanía— que no comparte "el 99% de la población" de la comarca.

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Él publicó el mes pasado, en El País, una tribuna sobre Gibraltar en la que no aparece la palabra "soberanía", que García-Margallo pronuncia con frecuencia, ni recuerda que a ojos de la Hacienda española el Peñón sigue siendo un paraíso fiscal. La Comisión Europea propuso sacarle de la lista europea de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales, pero el Parlamento Europeo lo mantuvo junto con países como Barbados y Uganda.

Más allá de la sempiterna reivindicación sobre la soberanía, aparcada por el Gobierno, hay otras cuestiones de calado que el acuerdo en ciernes no parece vaya a resolver. "¿Sería posible la prosperidad compartida de dos territorios si en uno de ellos los impuestos siguen siendo sensiblemente inferiores respecto al otro?", se preguntaba el viernes Javier Chaparro, director de "Europa Sur".

A la prosperidad del Peñón contribuye, por ejemplo, el contrabando de tabaco con España. Gibraltar importó, en 2022, 23,4 millones de cajetillas de tabaco para una población de 32.600 habitantes. La gran mayoría acabaron en España gracias al estraperlo. Ahora bien, la leve fiscalidad aplicada al tabaco generó una recaudación de 640 millones de euros a la Hacienda gibraltareña, con la que se financia, en parte, el presupuesto anual de la colonia, según la Agencia Estatal de Administración Tributaria española.

Más que prosperidad compartida es, por ahora, una prosperidad unilateral, la de los gibraltareños, gracias a una fiscalidad "bondadosa" y a su tolerancia con el contrabando.