Orbán veta la ayuda financiera a Kiev y arrastra a la UE a una cumbre de emergencia en enero

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, reunidos este jueves en Bruselas, han sido incapaces de cerrar un acuerdo sobre la revisión intermedia del Marco Financiero Plurianual (MFP), el presupuesto que cubre del 2021 al 2027 y del que depende una partida de 50.000 millones de euros clave para Ucrania que necesita esos fondos antes del mes de marzo. El pacto ha sido vetado por Viktor Orbán, primer ministro húngaro, que ya había adelantado su oposición a canalizar esa ayuda a Kiev a través del presupuesto común.

El fracaso a la hora de alcanzar el acuerdo obliga a la Unión Europea a una cumbre extraordinaria a principios de 2024, en enero o febrero. Mark Rutte, primer ministro de Países Bajos, señaló que se decantaban hacia finales de enero. “Volveremos a tratar este tema el año que viene en el Consejo Europeo después de una preparación adecuada”, ha escrito Orbán en redes sociales. El húngaro había adelantado su veto a este asunto, igual que a la cuestión de la apertura de las negociaciones de adhesión de Ucrania, aunque en este último punto ha permitido que el resto de Estados miembros sigan adelante con el proceso ausentándose de la sala.

Nadie sabe exactamente cuál es el motivo real detrás del bloqueo de Orbán. “Me encantaría saberlo”, señalaba una fuente estos días antes del Consejo Europeo. La realidad es que no hay una única razón. Hay una razón de interés, que es el principal aliado de Vladímir Putin, presidente ruso, del que el húngaro depende en asuntos clave como la energía. Hay una razón personal, que es la mala relación del líder magiar con Volodímir Zelenski, presidente ucraniano. También hay una razón, según Budapest, estratégica, que es sencillamente que va en contra de los intereses nacionales de Hungría que se siga financiando a Kiev para que siga viva en una guerra que no interesa al Gobierno húngaro.

Pero la principal razón es que la Comisión Europea mantiene congelados más de 21.000 millones de euros de fondos europeos a Hungría por dudas respecto al Estado de derecho en el país. Balasz Orbán, un asesor del primer ministro con el que no tiene relación familiar, ha sido muy claro respecto a la conexión directa que Budapest hace entre el desbloqueo de la revisión del MFP y la descongelación de fondos para el Gobierno húngaro. Precisamente en la víspera de la cumbre europea, la Comisión liberó 10.200 millones de fondos de cohesión, algo que Bruselas asegura que es una “coincidencia”, siendo cierto que fuentes comunitarias llevan semanas avisando de que ese movimiento estaba al caer, ya que el Gobierno húngaro estaba a punto de cumplir con uno de los requisitos que permitían liberar esa porción de los fondos.

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La incapacidad de alcanzar un acuerdo este viernes de madrugada ha vuelto a lanzar dudas respecto hasta qué punto la Unión podrá canalizar fondos a través del MFP. Durante los días previos a la cumbre, varias fuentes diplomáticas han hecho referencia a las posibles alternativas en caso de que Orbán mantuviera su veto. "No hay un plan B, hay varios. Si hace falta llegaremos hasta el Z", explicaba una de estas fuentes. Una opción sería que el dinero llegue a Kiev a través de un marco de asistencia financiera como los que la Unión ha utilizado en el pasado con Ucrania, pero también con otros países de su vecindario.

Más allá de Ucrania

La principal noticia es que, según ha explicado al terminar el encuentro Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, la actual negobox (caja de negociación) de revisión del MFP cuenta con el respaldo de 26 Estados miembros, aunque Suecia tiene que recibir la autorización de su Parlamento. “Fuerte apoyo de 26 Estados miembros a la última versión del negobox. Pero Hungría reiteró claramente que no permitirá dinero fresco para Ucrania ni pagos de intereses del Fondo de Recuperación”, ha explicado una fuente diplomática europea. “Para tener más opciones de acuerdo, los líderes han decidido cerrar aquí el debate en esta cumbre, volverán a abordarlo en enero, dando unas semanas más para seguir trabajando” con Budapest, añade la misma fuente.

Que haya acuerdo del resto de Estados miembros respecto al MFP es ya una noticia. Antes de verano, la Comisión pidió a los Estados miembros 66.000 millones de euros en “dinero fresco”, es decir, nuevas contribuciones nacionales además de las que ya se comprometieron en 2020, cuando se negoció el marco presupuestario hasta 2027. En las negociaciones de este jueves y viernes, esa cifra se ha reducido hasta el entorno de los 21.000 millones de euros, 17.000 millones de ellos en transferencias para Ucrania.

La Presidencia española ha estado haciendo recortes a la propuesta inicial de la Comisión Europea, que una fuente diplomática calificaba de “loca” algunos días antes de la reunión. “No hay dinero gratis”, señalaba otra fuente europea. En los últimos días, el equipo de Michel había asumido el control de las negociaciones, presentando sucesivas negobox que han ido acercándose poco a poco a un terreno de consenso, recortando aquí y allá y centrándose en el “redespliegue”, es decir, reubicando fondos de partidas existentes hacia las nuevas prioridades. Por ejemplo, una serie de países, liderados por Italia, consideraba fundamental mantener el reforzamiento de la partida dedicada a inmigración, como originalmente había propuesto Bruselas antes del verano.

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Un buen grupo de Estados miembros, los conocidos como “frugales”, han considerado desde el primer momento que la Comisión Europea debe buscar dinero en sus bolsillos, haciendo “redespliegue” de fondos desde otras partidas. La prioridad de España y de un grupo de otros países ha sido evitar que los frugales lograran recortes en las dos partidas que para ellos son claves, que son la Política Agraria Común y los fondos de cohesión. La negociación se hizo todavía más difícil después de que una sentencia del constitucional alemán tumbara un vehículo especial por el que Berlín pretendía destinar 60.000 millones de euros a la transición ecológica e inversiones industriales, lo que ha obligado al Gobierno federal a ajustarse más el cinturón presupuestario y a mostrarse todavía más reacio a aportar “dinero fresco” al MFP.

Uno de los problemas que ha planteado Orbán ha sido el pago de intereses de la deuda. Cuando la Comisión Europea diseñó en 2020 el Fondo de Recuperación, el instrumento extraordinario financiado con deuda común europea para ayudar a los Estados miembros a reactivar sus economías tras la pandemia, se venía de muchos años de tipos de interés muy bajos y no había, en principio, perspectivas de que eso cambiara. Pero la alta inflación y la escalada histórica de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE) ha disparado los costes de servir la deuda de la Unión Europea, por lo que la Comisión pidió más dinero también antes del verano para afrontar ese coste de los intereses.

La Presidencia española del Consejo de la Unión Europea diseñó un sistema de “cascada” ante la imposibilidad de prever exactamente los costes que generará el servicio de la deuda en los próximos años. Así, primero la Comisión tirará de lo ya previsto para afrontar los costes de la deuda, después irá utilizando márgenes presupuestarios, instrumentos de flexibilidad y dinero de otras partidas. En caso de que los costes de los intereses superen lo que se pueda rebañar de esta manera, se pasaría a los compromisos que no se hubieran gastado en el año anterior, y, solamente si esa opción también se agotara, se llegaría a la necesidad de nuevas aportaciones por parte de los Estados miembros.