Día de furia en Brasil: cómo se gestó la "tragedia anunciada" por los bolsonaristas

El juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, considerado como un baluarte de la democracia brasileña por su firme actuación contra las numerosas provocaciones antidemocráticas del expresidente Jair Bolsonaro, no escatimó en palabras a la hora de describir el asalto del domingo contra la plaza de los Tres Poderes de Brasilia por parte de los seguidores del exmandatario. “Los actos de terrorismo se revelan como una verdadera tragedia anunciada debido a la omnipresente publicidad de la convocatoria a manifestaciones ilegales en las redes sociales y aplicaciones de mensajería, como WhatsApp y Telegram”, dijo este magistrado. Para los bolsonaristas, Moraes es el enemigo número uno, ya que fue el principal encargado de disipar la quimera golpista a la que se aferraba una porción de los 58 millones de ciudadanos que votaron por Bolsonaro. Una que este 8 de enero volvió a resurgir con furia.

Desde el inicio de noviembre, millares de admiradores del político de extrema derecha han protestado contra la victoria electoral del presidente Luiz Inácio Lula da Silva frente a los cuarteles del Ejército en las principales ciudades de Brasil, pidiendo encarecidamente la intervención de las Fuerzas Armadas. Los más radicales amenazaban con impedir la investidura del presidente de izquierda y provocar tumultos en la capital. “Lula no va a subir la rampa del Palacio del Planalto. El 1 de enero vas a ver escenas de guerra en Brasilia”, aseguraba un taxista fanático de Bolsonaro a El Confidencial en vísperas de la posesión.

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A. A. Agencias

Sin embargo, la ceremonia de investidura transcurrió en paz y armonía en el centro de Brasilia, frente a una marea roja de seguidores de Lula, que celebraron el inicio del nuevo ciclo político con la alegría habitual de la izquierda festiva brasileña. A estas alturas, una semana después de uno de los actos políticos más esperados de la historia reciente del país tropical, cada vez menos personas creían que la tan anunciada ofensiva contra las instituciones democráticas se concretizaría. Y menos aún con tanto ensañamiento contra los edificios más icónicos del poder.

Pero el peligro seguía existiendo y estaba a la vista de todos. Precisamente por esta razón, un día antes de los actos vandálicos que han revolucionado a la opinión pública brasileña, el nuevo ministro de Justicia, Flávio Dino, anunció que emplearía a la Fuerza Nacional para garantizar la seguridad en la plaza de los Tres Poderes de Brasilia. La razón: decenas de autobuses repletos de bolsonaristas estaban llegando a la capital desde varios puntos del país y era necesaria una acción firme para evitar los temidos disturbios.

Toda previsión se quedó corta ante la furia de los insurgentes, tildados de “terroristas” por los principales medios de comunicación de Brasil, que hablan de “barbarie” y de “actos golpistas” sin pelos en la lengua. Aunque no hubo muertos en el asalto, el daño material y simbólico de este amago de golpe es considerable. El Congreso Nacional, la Corte Suprema y el Palacio del Planalto, sede de la presidencia del Gobierno, han sufrido daños severos tanto en las fachadas como en su interior. Las imágenes de cristales, muebles y objetos de decoración destrozados por los manifestantes son inéditas en Brasil. Ni siquiera se han salvado valiosas obras de arte como el cuadro Las mulatas del pintor Di Cavalcanti, ubicado en el tercer piso del edificio presidencial, o el escudo de la República, que dominaba el pleno del Supremo. Además, fueron robadas armas y municiones de la Oficina de Seguridad Institucional, que se halla en el Planalto.

“Son vándalos, terroristas”, afirmó el gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, pocas horas antes de que el juez Moraes suspendiera su cargo por un plazo de 90 días. El magistrado basó su medida en la “negligencia y connivencia” de Rocha, aliado de Bolsonaro, contra la organización de los actos golpistas. Una respuesta contundente del Estado brasileño al episodio más escandaloso del día: varios policías militares, que dependen directamente del Gobierno de Rocha, escoltaron a centenares de manifestantes a lo largo de los más de los dos kilómetros que separan el cuartel general del Ejército de Brasilia, donde estaban acampados, de la plaza de los Tres Poderes. Hubo incluso agentes que se hicieron selfis en la escena del crimen, sin mostrar la mínima intención de reprimir las protestas violentas.

“La democracia garantiza el derecho a la libre expresión, pero también exige que se respeten las instituciones. No hay precedentes en la historia del país de lo que han hecho. Por eso deben ser castigados”, declaró Lula al mismo tiempo que anunciaba una intervención federal, que durará hasta el día 31 de enero. Se trata de un mecanismo legal previsto en la Constitución de 1988 que permite al presidente de la República intervenir en todos los Estados de Brasil. A partir de ahora, la seguridad pública del Distrito Federal quedará a cargo de un interventor federal, Ricardo García Cappelli, designado por el mandatario. “Averiguaremos quiénes financian a estos vándalos que fueron a Brasilia y todos pagarán con la fuerza de la ley por este acto irresponsable, antidemocrático y de vándalos y fascistas”, añadió el presidente con un semblante cansado.

Las primeras investigaciones muestran que los ataques fueron meticulosamente preparados durante días a través de las principales aplicaciones de mensajería móvil. Alrededor de 1.200 personas han sido arrestadas y se enfrentan a penas de hasta 15 años de prisión por los delitos de asociación para delinquir, delitos contra las instituciones democráticas y daños a la propiedad pública.

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Valeria Saccone. Río de Janeiro

Los disturbios acontecen casi exactamente dos años después de la invasión del Capitolio en los Estados Unidos. Desde aquel aciago 6 de enero de 2021, una multitud de analistas políticos y ciudadanos comunes barajaban la hipótesis de que Bolsonaro adoptaría la misma estrategia de Donald Trump en caso de derrota. En los últimos meses se ha hablado mucho de la posibilidad de que se produjera un ‘asalto al Capitolio a la brasileña’ por los constantes ataques del expresidente contra la integridad del sistema electoral brasileño.

Antes de las elecciones, Bolsonaro llegó a convocar a medio centenar de embajadores de todo el mundo para denunciar un supuesto fraude electoral, uno que ni siquiera su Ministerio de Defensa pudo comprobar en su informe tendencioso, publicado después de la victoria de Lula. La principal diferencia con respecto a lo ocurrido en Washington es que los tres edificios asaltados en Brasilia estaban vacíos, ya que parlamentarios y magistrados están de vacaciones en pleno verano tropical, lo que pudo evitar daños mayores y víctimas mortales.

La reacción de los principales líderes internacionales ha dejado de manifiesto el respaldo al actual presidente. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó la situación en Brasil de “indignante”. “Condeno el ataque a la democracia y la transferencia pacífica del poder en Brasil. Las instituciones democráticas de Brasil cuentan con todo nuestro apoyo y la voluntad del pueblo brasileño no debe ser sacudida. Espero seguir trabajando con Lula”, dijo Biden. Pedro Sánchez, Emmanuel Macron y numerosos mandatarios latinoamericanos también condenaron la conducta violenta de los manifestantes.

En opinión del politólogo Carlos Pereira, profesor de la Fundación Getúlio Vargas, los últimos acontecimientos podrían fortalecer políticamente al presidente Lula y dejar aún más aislado a Bolsonaro. Aun así, este analista considera que hubo una sucesión de errores en el área de seguridad a nivel local y federal. “Ya había suficiente información por parte de los servicios de inteligencia sobre las intenciones de estos extremistas radicales. No hubo una preparación adecuada. Ahora solo resta mostrar una fuerte respuesta institucional y política, con el castigo judicial de la mayor cantidad posible de involucrados”, señala Pereira.

Desde los Estados Unidos, donde se refugió antes de finalizar su mandato, Bolsonaro reaccionó tarde —una vez ya había concluido— a lo que muchos consideran en Brasil como el mayor ataque contra la democracia desde el golpe de Estado militar de 1964. “Las manifestaciones pacíficas, que siguen la ley, son parte de la democracia. Sin embargo, los ataques e invasiones contra edificios públicos como las ocurridas hoy, así como las practicadas por la izquierda en 2013 y 2017, están fuera de la ley”, escribió en su cuenta de Twitter Bolsonaro, quien continúa actuando en sus redes sociales como si todavía fuese el presidente de Brasil.

Mientras tanto, al menos dos congresistas de los Estados Unidos han pedido la extradición de Bolsonaro. La prensa brasileña apunta que el expresidente podría intentar refugiarse en Italia para evitar la prisión. Fuentes de la embajada italiana en Brasil confirman que dos hijos de Bolsonaro están tramitando la ciudadanía. Sin embargo, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, también condenó las agresiones de Brasilia. “Lo que está pasando en Brasil no puede dejarnos indiferentes. Las imágenes de invasión de sedes institucionales son inaceptables e incompatibles con cualquier forma de disidencia democrática. El regreso a la normalidad es urgente y nos solidarizamos con las instituciones brasileñas”, manifestó Meloni.

La pregunta del millón es si el furor antisistema de los bolsonaristas puede llegar a contagiar otras ciudades. Ayer, los manifestantes radicales intentaron bloquear una avenida en São Paulo, la capital económica del país, pero fracasaron. Por su parte, el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, ha anunciado medidas especiales para prevenir disturbios. También está siendo reforzada la seguridad en la principal refinería de la región, ante las amenazas de un grupo de bolsonaristas que pretendían causar un colapso en el suministro de combustible a la población.

Los disturbios podrían prolongarse debido a la aparente complicidad de un segmento de las Fuerzas Armadas. El domingo por la noche, miembros del Ejército intentaban evitar que policías militares del Distrito Federal desmovilizasen el campamento bolsonarista frente al cuartel general del Ejército en Brasilia, según fuentes del Gobierno de Lula. “El Ejército montó una barrera y está impidiendo que las tropas de choque actúen. Al parecer, hay familiares de ellos acampados en el lugar”, reveló la citada fuente.

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El ministro de Defensa, José Múcio, ha calificado los actos terroristas de los bolsonaristas radicales como un “intento de golpe de Estado”. En los bastidores se habla de responsabilizar a aquellos generales que instigaron los actos de rebeldía, como Augusto Heleno y Walter Souza Braga Netto, candidato a la vicepresidencia al lado de Bolsonaro. Hay muchos militares en activo entre los manifestantes, incluso un capitán de la Marina, que fue asesor del Ministerio de Defensa en 2013.

En este escenario de violencia indiscriminada, no han faltado los ataques a los periodistas, tan frecuentes en la era Bolsonaro. A un reportero que fue retenido por los insurgentes en la Cámara de los Diputados le quitaron el móvil y la mochila y le robaron algunas pertenencias como su credencial, una libreta y el dinero en efectivo que llevaba en su cartera. Además, sufrió agresiones físicas como golpes en la cara y patadas, e incluso fue amenazado de muerte con un arma de fuego.

“Cubrí todas las manifestaciones importantes en Brasilia en las últimas dos décadas. Cubrí el terremoto que asoló Haití, sin tener dónde dormir, en las peores condiciones laborales. He estado en algunos de los países más peligrosos del mundo para los periodistas, como Corea del Norte. Nunca me había sentido tan asustado, tan inseguro, tan vulnerable como este 8 de enero de 2023, en Brasilia, en la ciudad que elegí para vivir, entre otras cosas, por brindar seguridad a mí y a mi familia. Seguridad que claramente ya no tengo”, asegura el periodista agredido.