Vuelta al punto muerto: por qué Escocia está atrapada en el laberinto independentista

Los jueces del Tribunal Supremo de Londres decidieron este miércoles, por unanimidad, que el Parlamento autónomo de Edimburgo, que posee una mayoría de diputados partidarios de celebrar un nuevo referéndum de independencia para Escocia, no cuenta con la autoridad para organizar un nuevo plebiscito sin el consentimiento del Ejecutivo central del Reino Unido. A la ministra principal escocesa y líder del separatista Partido Nacional Escocés (SNP, en inglés), Nicola Sturgeon, no le quedó otra que aceptar el fallo, aunque sin ocultar su decepción al respecto. "El fallo de hoy bloquea una ruta para que se escuche la voz de Escocia sobre la independencia, pero en una democracia nuestra voz no puede y no será silenciada", declaró poco después del veredicto.

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En el histórico referéndum de 2014, pactado con Downing Street, el 55% de los escoceses determinó que quería seguir siendo parte de Reino Unido. Pero los independentistas consideran que el Brexit (rechazado por el 62% de escoceses) ha cambiado por completo las reglas del juego, ya que la permanencia en la UE fue una de las claves para que el electorado votara por la unión. Aunque las últimas encuestas de opinión no varían mucho desde entonces.

Los independentistas habían depositado sus esperanzas en la vía de un nuevo referéndum para intentar abandonar el laberinto en el que el movimiento lleva tiempo encerrado. Desde hace años, el debate constitucional de Escocia lleva estancado en punto muerto, con el SNP electoralmente dominante de Sturgeon reclamando regularmente un mandato para otro plebiscito y el Gobierno central señalando repetidamente que la votación de 2014 fue “única en una generación”. La ruta legal para ese histórico referéndum llegó a través de la transferencia temporal de poderes de Londres a Edimburgo, conocida como una orden de la Sección 30, firmada por el entonces primer ministro David Cameron. El mismo que, según reconoce en sus memorias, tuvo que pedir auxilio al Palacio de Buckingham cuando los días previos al plebiscito temió que los secesionistas consiguieran su propósito.

Fue entonces cuando, rompiendo con el protocolo, Isabel II se acercó a hablar con la gente que se encontraba a la salida de la iglesia cercana al Castillo de Balmoral, su residencia de verano. En un hecho muy poco frecuente, la policía invitó a la prensa a observar de cerca la escena que tuvo lugar tras el servicio religioso que, curiosamente, había incluido una oración para “pedir a Dios que nos salve de opciones erróneas”. "Espero que la gente piense con mucho cuidado sobre su futuro", se limitó a decir la monarca, que valoró los votos como “muy importantes”. No hizo falta nada más.

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Pese a la derrota en la consulta, el SNP arrasó en las posteriores elecciones escocesas, pero con el tiempo el partido se embarcó en una sucia guerra civil y el que fuera su líder, Alex Salmond —considerado en su día como el Braveheart del siglo XXI—, acabó formando su propia formación, Alba. En cualquier caso, el SNP ha seguido dominando la política escocesa. En mayo de 2021, los independentistas se quedaron a tan solo un escaño de la ansiada mayoría absoluta, pero el resultado siguió siendo considerado un triunfo histórico al conseguir su cuarto mandato consecutivo en Holyrood.

El SNP cosechó 64 escaños, los conservadores 31, los laboristas 22, los verdes ocho y los liberaldemócratas cuatro. Las filas de Sturgeon necesitaban 65 asientos para la mayoría absoluta, pero el apoyo de los verdes otorgaba un claro respaldo de 72 escaños a la secesión. Y bajo la creciente presión del ala dura del nacionalismo para lograr algún tipo de progreso después de años de estancamiento, Sturgeon se vio obligada a mover ficha.

La ministra principal de Escocia prometió nuevo referéndum para 2023 y, adelantándose a la negativa de Londres, acudió a los tribunales. Su círculo más estrecho creía que aclarar la legalidad enviaría un mensaje importante a los votantes indecisos —fácilmente desalentados por los elementos más agresivos del movimiento nacionalista— y, al mismo tiempo, contrarrestaría los ataques de la oposición sobre la amenaza que representa el “ataque salvaje” de una consulta “al estilo de Cataluña”. El objetivo era mostrar que Sturgeon, una abogada calificada y de perfil más tecnocrático, prefería un camino cauteloso y estrictamente legal hacia la independencia. Pero parece poco probable que la cautela por sí sola logre una segunda consulta y, mucho menos, la secesión.

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Una serie de derrotas pasadas del gobierno escocés en la Corte Suprema respecto a la autoridad de Holyrood ya vaticinaba el dictamen de este miércoles. En octubre del año pasado, el tribunal ya determinó que dos proyectos de ley del Gobierno escocés estaban fuera de la capacidad legislativa del parlamento regional. Los jueces también rechazaron previamente los argumentos de que Edimburgo debería tener voz propia para iniciar el proceso formal del Brexit. En su veredicto sobre la consulta, los magistrados fueron tajantes. “Aunque no suponga una decisión efectiva de modo automático, y pueda ser definido como orientativo, un referéndum celebrado legalmente no es un mero ejercicio de consulta pública o un sondeo de opinión", indica el documento. "Es un proceso democrático bajo el amparo de la ley que expresa la visión de los votantes sobre un asunto político concreto en un momento determinado”, agrega.

"El Tribunal Supremo no hace la ley, solo la interpreta. Y una ley que no permite a Escocia elegir su futuro sin el consentimiento de Westminster muestra que cualquier noción de que el Reino Unido es una asociación voluntaria de naciones ha dejado de ser una realidad, si es que alguna vez llegó a serlo", señaló Sturgeon. Las casas reales de Inglaterra y Escocia se unieron después de la muerte de Isabel I en 1603, cuando Jacobo VI de Escocia también se convirtió en Jacobo I de Inglaterra. La cohesión política no vino hasta un siglo después, con las Actas de Unión de 1707.

Sturgeon, no obstante, está lejos de darse por vencida. Se espera que en las próximas elecciones el SNP convierta su campaña, en esencia, en un referendo de facto sobre si Escocia debe convertirse en una nación independiente, tratando una victoria con más del 50% de los votos como si fuera un sí. Si bien tal resultado no sería legalmente vinculante para el Gobierno central, la apuesta es que Westminster se verá obligado a negociar ante una demostración de mandato democrático de este volumen.

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Al desafío nacionalista, por lo tanto, todavía le queda un largo recorrido. Ciaran Martin, profesor de la Universidad de Oxford y asesor de Downing Street para el referéndum de independencia de 2014, considera que, “sin un acuerdo político con Londres, la independencia de Escocia está estancada”. Cuando le preguntan si la posición del Gobierno central es sostenible a largo plazo, su opinión es que “una negativa sostenida a reconocer los resultados de las sucesivas elecciones escocesas, como mínimo, cambia la unión [del país] de una mantenida por consentimiento a una mantenida por ley”.

“Pero, legal y constitucionalmente, nada de eso importa. Si Londres se mantiene firme, la independencia escocesa no tiene adónde ir, al menos por ahora”, apuntaba Martin recientemente en The Times. En definitiva, los jueces pueden esbozar lo que dice la ley, pero, al final, solo los políticos son los que pueden zanjar este tema. Y no parece que a corto o medio plazo vayan a lograrlo.