La inflación pone en riesgo el gran plan de infraestructuras del Faraón Biden

Si el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pudiera elegir la imagen que de él guardará la posteridad, sería razonable pensar que le gustaría colocarse junto a Franklin D. Roosevelt y Lyndon B. Johnson. Los demócratas responsables, sobre todo el primero, de mover el péndulo hacia la izquierda: de inyectar semejante caudal de dinero en la economía que movieron ligeramente el equilibro entre el trabajo y el capital, redujeron algunos puntos la desigualdad y dieron una urgente puesta a punto a las vetustas infraestructuras. Esta es la intención, también, de Joe Biden. De hecho, la suma del coste sus planes, ajustando la inflación, es mucho mayor a la de los planes sus antecesores. Algo así como el doble del proverbial New Deal. Pero entre la idea y el hecho hay más de un obstáculo.

Para empezar, las circunstancias en las que gobierna Biden son muy distintas a las que vieron Roosevelt y Johnson. El actual presidente no cuenta con las amplias mayorías parlamentarias de aquellos. Roosevelt amasó un poder casi dictatorial: su partido llegó a controlar entre el 70% y el 80% de los escaños de ambas cámaras, proporciones más propias de Bielorrusia que de Estados Unidos. Si Johnson, 30 años después, pudo hacer todo lo que hizo, es porque tenía a su favor dos tercios del Senado y una holgada mayoría en la Cámara de Representantes.

Joe Biden está muy lejos de estos números. En el Senado, de hecho, se da un empate que solo puede romper, en circunstancias por lo general excepcionales, Kamala Harris, que técnicamente ostenta la presidencia del Senado. Este es el motivo por el que todas las leyes del Congreso pasan por el filtro de Steve Manchin, el demócrata moderado (casi republicano) de la carbonífera, y, por lo tanto, reacio a los planes climáticos, Virginia Occidental. Si las leyes de Biden no son como este había prometido se debe a Manchin, con asistencia de la senadora Kyrsten Sinema.

Pongamos la ley de infraestructura. Su tamaño final, firmado por Biden tras una dura negociación, es de poco más de un billón de dólares: aproximadamente la mitad del plan original. Pero, casi más que la factura, importa la letra pequeña. Los moderados consiguieron que cerca de la mitad del gasto del plan se quedase en manos de los 50 estados, lo cual, como explicaba el periodista de transportes Jake Blumgart, diluirá algunas de las intenciones iniciales de la Casa Blanca.

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Es dudoso que esa mayoría de 28 gobernadores republicanos gasten el dinero en sensibilidades climáticas, e incluso los gobernadores demócratas destinarán esos recursos a ampliar y remodelar las carreteras por las que circulan los responsables de casi un tercio de las emisiones contaminantes de EEUU: los vehículos que funcionan con combustibles fósiles (los eléctricos solo representan, de momento, en torno a un 2,5% del total.). Para Blumgart, por tanto, gran parte del plan sería destinado a más de lo mismo, a mantener lo que él llama el “statu quo' del carbono”.

El siguiente gran paquete de gasto, el climático-social, también va a ser revisado, macheteado y adelgazado por los moderados y conservadores del Congreso. Cosas como tener una baja de maternidad garantizada a nivel federal, como sucede en todos los países del mundo menos Suazilandia, Papúa Nueva Guinea y Estados Unidos, aún son motivo de debate. Y es posible que esta ley, entre otras, se quede en el tintero. La factura de este plan puede rondar 1,75 billones de dólares.

Otro obstáculo para Biden, como apunta John McCormick en 'The Wall Street Journal', es la opinión pública. Roosevelt, cuyos encantos personales y habilidades comunicativas (Winston Churchill dijo que encontrarse con él era como “descorchar una botella de champán”), y su falta de apuro a la hora de prometer una cosa o la contraria dependiendo del interlocutor, logró capturar como nadie el 'zeitgeist' de su época. La opinión pública del país y la suya desfilaban en paralelo, como reflejaron sus cuatro aplastantes victorias presidenciales consecutivas.

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El contexto actual, como resulta evidente, es el reverso de aquel. Estados Unidos no estaba tan políticamente dividido desde la Guerra Civil. Lo único en lo que están de acuerdo republicanos y demócratas, como dice explícitamente la agencia Pew Research Center, es en que no están de acuerdo en nada. Aún no ha pasado un año del asalto al Capitolio y Joe Biden, por usar la expresión del guionista David Mamet, tiene unos índices de aprobación más bajos que el colesterol de Gandhi. Un 36%, concretamente. Abismos a los que solo se acercaron Donald Trump y Gerald Ford.

Hay un tercer elemento: el déficit federal de EEUU ya está al nivel del 100% del PIB, tres veces más, proporcionalmente, que cuando Johnson creó el Medicare, el Medicaid y otros programas aprobados en 1965. Esto tiene a los conservadores fiscales, algunos de ellos demócratas, algo ansiosos. Y un cuarto: la inflación. Ese resbaladizo factor económico del que llevaban años y años alertando los economistas, hasta que, finalmente, el lobo se presentó a las puertas.

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El mayor aumento de precios de las últimas tres décadas (un 6,2% interanual en octubre) tiene varias causas potenciales. Una de ellas es la escasez de mano de obra. Muchos de los americanos que salieron del mercado laboral durante la pandemia todavía no han vuelto: se han quedado, o bien cuidando de sus niños, dados los problemas en el sector de las guarderías, o bien al refugio de un virus que no termina de ser derrotado. Esto contribuye a problemas en la cadena de suministros: el covid ha obligado a cerrar o ralentizar operaciones logísticas que, además, carecen de mano de obra suficiente para operar con suavidad. Y todo en un momento de fuerte demanda, alimentada por los ahorros acumulados durante el último año y medio.

El precio del combustible, afectado en parte por estos factores y aparentemente por las decisiones de las petroleras, eleva como una marea el coste de todo tipo de servicios y productos. El transporte, simplemente, se ha vuelto más caro, y eso se refleja con rapidez en la mercancía final. Lo cual ha obligado a EEUU a meter mano a sus reservas para mantener precios razonables. Y luego están, naturalmente, los tipos de interés, que continúan en el 0,25%.

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Otro motivo son las sucesivas inyecciones del Gobierno federal en la economía desde marzo de 2020. Donald Trump aprobó en total 3,1 billones '(trillions') de dólares en ayudas contra el covid; Joe Biden, a las pocas semanas de jurar el cargo, firmó 1,9 billones más. Luego está el billón en infraestructura y los 1,8 billones más que tiene pendiente. Casi siete billones de dólares en total. La Administración Biden reconoció al principio del mandato que la inflación podría ser una consecuencia de estos planes, pero que aun así era un riesgo aceptable, siendo el estímulo necesario.

El Gobierno asegura ahora que los nuevos paquetes de gasto pueden contribuir a limitar el encarecimiento. El plan climático-social, por ejemplo, incluye una fuerte inversión en guarderías públicas, lo cual permitiría a muchos norteamericanos dejar a sus niños al cuidado de estas instituciones, retomar su vida laboral y solucionar algunos de los problemas que pueden causar la subida de precios.

Ahora la inflación está en el punto de mira del presidente, que ha mandado a su equipo económico que vigile de cerca el dato, y está tomando medidas, por ejemplo, para aflojar los cuellos de botella que se han formado en los puertos y otros problemas de suministro. La inflación puede ser testaruda, y queda menos de un año para unas elecciones legislativas que, a la luz de las encuestas, se presentan amenazantes para el Partido Demócrata.