Este es el plan más ambicioso de Joe Biden (y que nadie sabe cómo podrá pagar)

Si nada se tuerce, es posible que dentro de algunas generaciones los libros de historia apoden a Joe Biden 'Joe el Afortunado'. El veterano demócrata de 78 años ocupó el despacho oval con Estados Unidos saliendo de varios agujeros y le está tocando supervisar la multifacética recuperación sanitaria y económica. Pocos presidentes han tenido un margen tan amplio para aplicar su programa y firmar los cheques más abultados desde la Segunda Guerra Mundial; el más ambicioso de ellos, su plan de infraestructuras de casi 2,3 billones de dólares.

El llamado Plan de Empleos Americanos quiere operar a muchos niveles. Su objetivo es crear, en la próxima década, 19 millones de trabajos en sectores ligados al medio ambiente; una manera de compensar, según los cálculos de la administración y de los 'think tanks' afines, los empleos que se perderán en industrias más tradicionales, sobre todo la de los combustibles fósiles. "Serán empleos a largo plazo para fontaneros, trabajadores sanitarios, aquellos que trabajan en acererías y también en los laboratorios más avanzados", dijo Joe Biden sobre su plan a principios de abril.

La lista de tareas es larga: desde reparar puentes, puertos, aeropuertos y 30.000 kilómetros de carreteras hasta reforzar y mejorar el acceso a internet, modernizar cuatro millones de edificios, construir 500.000 estaciones de carga para vehículos eléctricos, incentivar la investigación científica y respaldar con ventajas fiscales los proyectos de energías limpias. Una madeja de iniciativas que apoya la mitad de los norteamericanos y rechaza un 30%, según una encuesta de Yahoo News/YouGov.

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La apuesta del presidente es fundamentalmente optimista, ya que no se sabe muy bien cómo la va a costear. La Casa Blanca baraja subir el impuesto corporativo del 21% actual (fruto del recorte histórico de la Administración de Donald Trump en 2017) a un 28% y tomar medidas para tasar, o evitar, que los beneficios de muchas corporaciones se registren en países con baja fiscalidad. Una forma de hacerlo sería con ese impuesto global que había tanteado el presidente anterior, y que requeriría el compromiso de los aliados de Estados Unidos. Si las corporaciones tendrán que pagar de todas maneras, se verían disuadidas de aplicar sus trucos fiscales.

Otra opción es subir el impuesto a la renta o al kilometraje de los vehículos, como ha reconocido el secretario de Transporte, Pete Buttigieg. “Estoy escuchando que hay mucho apetito para asegurarnos de que haya vías de financiación sostenibles”, declaró. El impuesto al kilometraje “parece muy prometedor si creemos en el llamado principio de ‘paga el usuario’. La idea de que parte de cómo pagamos por las carreteras es que se paga dependiendo de lo mucho que conduzcas”.

Aquí estará quizás el mayor desafío del plan: su enorme factura. Un punto ciego que cada vez es más urgente abordar. La diferencia entre el gasto y los ingresos públicos ha llegado al billón de dólares en los primeros cinco meses de este año fiscal; un 70% más que en el mismo periodo del año pasado. Y está previsto que la deuda nacional de EE.UU. suba un 20%, hasta los 35 billones de dólares, a finales de 2021.

Opinión

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Las dimensiones de la iniciativa recuerdan a las coyunturas de otros dos presidentes demócratas como Franklin D. Roosevelt y Lyndon B. Johnson, cuya ley de la Gran Sociedad, aprobada en 1964, tenía también todo tipo de vertientes: educativa, sanitaria, de transporte o científica. Como les gusta decir a los republicanos: Johnson declaró la guerra contra la pobreza y perdió. La Casa Blanca ha hecho referencia a los años sesenta en su explicación del proyecto, recordando que por aquel entonces el gasto público nacional era un 40% mayor, comparativamente al de ahora.

El presidente lo está vendiendo, sobre todo, de dos maneras: una manera local y otra internacional, porque la que queda en medio, la manera nacional, sigue siendo un territorio minado de tribalismo y división política. La manera local: no hay estado del país que no tenga al menos un puente o un aeropuerto que remozar, viviendas humildes que aislar de los elementos o potenciales inversiones en paneles solares o parques eólicos. Biden ha dicho que está dispuesto a negociar y los teléfonos de su gabinete están todo el día sonando. Son los congresistas republicanos y demócratas, tratando de convencer al Gobierno de que ponga el dinero en sus respectivos feudos.

De hecho, Biden quiere hacer que el plan sea especialmente atractivo para California y Kentucky, que resultan ser las bases políticas de los líderes de los dos grupos parlamentarios republicanos: Kevin McCarthy, de la cámara baja, y Mitch McConnell, del Senado. El informe del proyecto resalta el hecho de que el 12% de los habitantes de Kentucky no tienen acceso a internet, así como el mal estado de más de 1.500 puentes y miles de kilómetros de carreteras en California.

La manera internacional en la que Biden está promocionando su plan es recordando la rivalidad con China. Estados Unidos necesitaría acelerar su inversión en I+D para dejar de perder territorio frente a Pekín, que lleva la delantera en cuestiones como el desarrollo de la infraestructura de comunicaciones 5G. Biden se ha referido a los microchips como parte de la infraestructura que se tiene que desarrollar.

“Estos chips, estas obleas (...), baterías, ancho de banda: todo es infraestructura. Necesitamos construir la infraestructura de hoy, no reparar la de ayer”, declaró el presidente el pasado lunes, durante una reunión virtual con empresarios. “El plan que propongo protegerá nuestra cadena de suministro y revitalizará el sector manufacturero americano”.

Los números son elocuentes. Mientras China ha multiplicado por 30 su gasto en I+D desde 1990, Estados Unidos gasta hoy la mitad que cuando Bill Clinton era presidente. “Si no actuamos, simplemente vamos a quedar aún más atrás”, dijo a la radio NPR Daleep Singh, viceconsejero de Seguridad Nacional de Biden. “China gasta tres veces más en infraestructura, proporcionalmente al PIB, que nosotros”.

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La administración incidiría en esta visión para apelar a los instintos patrióticos, el interés nacional, de los republicanos. El temor al aparente declive de Estados Unidos frente al gigante asiático está presente en la conciencia de ambos partidos, cuyos líderes alertan sobre China y se acusan mutuamente de no ser lo suficientemente agresivos. Queda por ver si las tácticas de Biden atraen los apoyos necesarios.

La oposición conservadora desconfía de cualquier cosa que tenga el tamaño de lo que propone Biden, y sospecha que, dentro de esos miles de medidas, hay ideas izquierdistas que amenazan con adulterar el 'American Way of Life'. Los sueños demócratas de cambiar el mundo con un buen chorro de dinero de los contribuyentes les resulta contraintuitivo, como ha dejado claro Mitch McConnell, líder de la minoría republicana en el Senado. “Voy a pelear a cada paso del camino, porque creo que esta es la receta equivocada para América”, declaró.

Al ser una ley más vasta y complicada que el reciente plan de estímulo contra el covid, es posible que el de infraestructuras no reciba la luz verde parlamentaria hasta el verano. Y no es un camino fácil. Incluso si los demócratas recurren a la vía rápida de la “reconciliación”, que les permitiría aprobar la ley con sus 50 votos en el Senado, todavía quedan muchas asperezas que limar. Sobre todo respecto a los impuestos. El senador demócrata del que suele depender todo, Joe Manchin, de Virginia Occidental, ya ha dicho que solo tolerará una subida del impuesto corporativo al 25%, en lugar de al 28%. Queda mucha letra pequeña que negociar.