Las cárceles secretas de Tailandia: la junta militar agudiza la represión

A finales del año pasado, Pratin Chankate, un antiguo policía jubilado tailandés, fue recluido en una pequeña celda bajo las escaleras de una base militar de Bangkok cuya existencia apenas nadie conocía entonces. Allí, explica Winyat Chatmontree, uno de sus abogados, Pratin fue golpeado y confinado a aislamiento en varias ocasiones durante los tres meses que pasó en esta prisión militar improvisada que se ha convertido en uno de los grandes agujeros del sistema de represión tailandés. “En una prisión normal los abogados sabemos cuándo los detenidos van a ser interrogados o nos dejan verlos. Aquí no tenemos ningún tipo de información. No sabemos nada”, continúa Winyat, quien asegura que en los pocos encuentros que tuvo con su cliente, apenas le permitieron hablar con él.

Cuando Pratin fue arrestado en noviembre del año pasado por participar supuestamente en una conspiración contra el primer ministro del país, el general Prayuth Chan-ocha, pocos habían ocupado esas celdas que están reservadas desde hace medio año a aquellos que atentan contra la seguridad nacional del país. “Había rumores desde hace tiempo de que los militares querían abrir una prisión de este tipo, pero no teníamos confirmación”, asegura el abogado.

Las bombas colocadas el pasado mes de agosto en un lugar turístico del centro de Bangkok, que costaron la vida a 20 personas, fueron el pretexto perfecto y el decreto de apertura de la prisión se publicó pocas semanas después, a principios del mes de septiembre. Según el Centro de Abogados Tailandeses por los Derechos Humanos (TLHR en sus siglas en inglés), desde entonces al menos 8 personas han sido confinadas bajo esas escaleras, incluidos dos sospechosos de colocar las bombas y la Junta militar reconoció a finales de marzo que había enviado ahí a al menos dos activistas más del norte del país. “La prisión militar es uno de los abusos de los derechos humanos más serios en Tailandia ahora mismo”, asegura Tanathorn Tananont, gestor de proyectos del TLHR. “Sabemos que hay tortura dentro de la prisión. Se les mantiene en celdas oscuras durante días y usan 'waterboarding' [ahogamiento con agua] y electroshock”, continúa el abogado.

"Sabemos que hay tortura dentro de la prisión. Usan el 'waterboarding' y el electroshock", afirma un abogado

Pero no es el único. La junta militar tailandesa ha incrementado gradualmente sus poderes y su control desde el golpe de Estado dado en mayo de 2014. Tras suspender la Constitución, los militares promulgaron una nueva Carta provisional que da poderes prácticamente ilimitados para aprobar cualquier ley “por el bien de las reformas en cualquier asunto, la promoción del amor y la armonía entre las gentes de la nación o la prevención, la eliminación o la supresión de cualquier acto que vaya en detrimento del orden o la seguridad nacional, la corona, la economía nacional o la administración pública”, como reza el temido artículo 44. Amparados en esos poderes, a finales del mes de marzo los militares aprobaron una nueva ley sobre seguridad nacional que les permite arrestar a sospechosos sin necesidad de una orden judicial y retenerlos hasta 7 días sin presentar cargos, poderes hasta ahora reservados a la policía.

Si acaban en la prisión en la que estuvo confinado Pratin, pueden ser sin embargo retenidos hasta tres meses o hasta que un tribunal militar decida su suerte. La de Pratin ha sido esperar un nuevo juicio, aunque esta vez en una cárcel convencional. “En lugar de asegurar el camino para una vuelta a un gobierno democrático, la junta tailandesa ha incrementado sus poderes para hacer prácticamente lo que quieran, incluso cometer abusos con total impunidad”, aseguró Brad Adams, director para Asia de Human Rights Watch, en un comunicado conjunto con varias ONGs en las que se pedía que se revocara la nueva ley. “La represión se ha convertido en una realidad diaria a medida que Tailandia se sumerge aún más en una dictadura militar”, añadió.

Oposición silenciada

Los tailandeses comienzan a prepararse desde el mes de marzo para dar la bienvenida al nuevo año que se celebra a mediados del mes de abril. La tradición dice que es un tiempo de purificación, en el que las casas deben limpiarse cuidadosamente y en el que se debe mostrar el respeto a monjes y ancianos lavando sus cuerpos. Esta tradición ha evolucionado en batallas de agua en las calles con pistolas de agua y pequeños cazos de colores.

Theerawan Charoensuk quiso mostrar a sus amigos en Facebook el cazo que iba a utilizar durante la celebración de este año: un cuenco rojo, color asociado en Tailandia con la oposición, en el que había un mensaje de felicitación de Año Nuevo de Thaksin y Yingluck Shinawatra, hermanos y ambos antiguos primeros ministros cuyos gobiernos fueron depuestos por sendos golpes de Estado en 2006 y 2014. Días después Theerawan fue arrestada por sedición y ahora se enfrenta a una condena a siete años de cárcel.

El caso de Theerawan no es aislado. Los militares han aumentado durante los últimos meses el control sobre las redes sociales y las denuncias contra usuarios se han incrementado. Muchas de ellas han sido por lesa majestad, que contempla penas de cárcel acumulables de entre 3 y 15 años de cárcel a quien “difame, insulte o amenace al rey, la reina, el heredero o el regente”. Así, según un reciente informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), mientras que sólo seis personas estaban en prisión por lesa majestad cuando los militares dieron el golpe de Estado en 2014, a mediados de febrero de 2016, la cifra se había elevado a 53, casi nueve veces más.

En 2014, seis personas estaban en prisión por delitos de lesa majestad. Ahora esa cifra se ha elevado a 53

La Junta ha anunciado además que estaba trabajando en un cortafuegos para monitorear más eficazmente lo que se comparte dentro del país y censurar aquellos contenidos que considere inapropiados. Varias páginas webs llevan meses bloqueadas y varios medios internacionales han sido censurados, entre ellos 'The New York Times' que salió con espacios en blanco en varias ocasiones a finales del año pasado. Al mismo tiempo, el gobierno ha endurecido los requisitos para obtener visados de periodista y muchos corresponsables han recibido negativas durante los procesos de renovación de sus permisos.

Tailandia se enfrentó la semana pasada a la revisión periódica que Naciones Unidas hace de los derechos humanos en sus países miembros. Ya inmersa en una fuerte campaña de críticas internacionales por el uso de trabajo esclavo en varias de sus industrias, especialmente la pesquera, Tailandia se mostró dispuesta a adoptar algunas de las recomendaciones de Naciones Unidas. "Las limitaciones [de libertades] han sido puestas en marcha sólo para mantener el orden público y prevenir una mayor polarización”, justificó un funcionario del Ministerio de Justicia que representó a Tailandia en la reunión ´celebrada en Ginebra.

Sin embargo, la Junta Militar, quien siempre ha prometido que su intención es devolver el poder a un gobierno civil, está a punto de cumplir dos años en el poder sin que haya aún una hoja de ruta clara para que se celebren unas elecciones. Los activistas esperan, sin embargo, que la presión internacional surta efecto.“El año pasado presionamos con la ley marcial [impuesta dos días antes del golpe de Estado] y fue finalmente levantada”, asegura Tanathorn Tananont del TLHR, quien asegura que ahora una de las prioridades es que la prisión militar sea desmantelada. “Esperamos que ocurra algo similar en este caso”.