No es Villarejo, es la sucesión: lo que ocupa (y preocupa) a Fainé

Luis del Rivero se dio el gusto la semana pasada de hacer desfilar por la Audiencia Nacional como investigados a Isidre Fainé (Caixa) y Antonio Brufau (Repsol). Diez años después de que su aventura desde Sacyr para tomar el control de la petrolera española junto a Pemex descarrilara, los trabajos del comisario Villarejo en aquella guerra corporativa han servido para colocar en el escaparate judicial a estos viejos enemigos, que tras décadas en la cumbre del Ibex hace tiempo que preparan su desconexión (gradual) del mundo del poder, el paseíllo más difícil de todos.

Con independencia del resultado de la investigación, una más entre las muchas piezas sobre los negocios bajo sospecha del famoso comisario, la condición de investigados se ha cruzado (a efectos estéticos) en el calendario de su jubilación. La hoja de ruta de Brufau sigue su curso pese al caso Villarejo, gracias a la ‘jurisprudencia’ interna de la casa, que le permite ser presidente no ejecutivo en Repsol, salvo condena, hasta 2023, fecha final de su mandato y de su retirada definitiva de los ruedos, cumplidos los 75 años y tras casi media vida (desde 1996) vinculado a la petrolera.

A Fainé le ocupa y preocupa el esquema que velará por el futuro de su obra, tanto desde la gobernanza como desde las participaciones empresariales

Tampoco parece que sea un contratiempo para Fainé, cuyo poder al frente de la Fundación Bancaria la Caixa y de Criteria, su brazo inversor, no tiene límite de mandatos ni tope de edad, y solo rinde cuentas ante el Banco de España (BCE). El único flanco débil derivado de este contratiempo judicial es su vicepresidencia en Telefónica, expuesta al escrutinio de los inversores internacionales, ya que su posición como accionista histórico y consejero es determinante para el respaldo de José María Álvarez-Pallete como máximo responsable de la operadora.

A las puertas de cumplir 79 años, el de Manresa, hecho a sí mismo en el sector financiero y último referente de su generación en activo, solo tiene en mente el legado de los famosos 500 millones anuales de obra social de la fundación. Igual que Florentino Pérez aspira a que el nuevo Santiago Bernabéu le trascienda y consagre la hegemonía futbolística del Real Madrid, al veterano Fainé le ocupa y preocupa el esquema que velará por el futuro de su obra, tanto desde la gobernanza (diferente sin su hegemonía) como desde las participaciones empresariales.

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Cada movimiento en el seno de la Fundación Bancaria la Caixa se analiza en esa clave: desde la salida de su mano derecha Jaume Giró hace menos de dos años a la entrada el pasado mes de febrero del ingeniero y financiero Marc Murtra (próximo al PSC). Pese a la suave renovación generacional del sanedrín de patronos, Fainé cuenta todavía con una vieja guardia desde la creación en 2014 (dos mandatos) a punto de cumplir los 80 años, caso de Javier Godó, Javier Solana, César Alierta y Salvador Alemany, que debería ir haciendo sitio a los potenciales sucesores.

Y en esa quiniela de delfines, los nombres que más se repiten desde hace meses dentro del universo de la vieja caja son los presidentes de Agbar y Naturgy. Ambos mantienen una relación de lealtad hacia Fainé, aunque son perfiles casi opuestos para el mismo cargo. Mientras uno, Ángel Simón, también de Manresa, con más de 25 años en el centenario grupo de tratamiento de aguas, tiene mayor destreza pública, el otro, Francisco Reynés, mallorquín y también ingeniero (uno de Caminos, otro de Mecánica), hace gala de su hermetismo como seña de identidad.

El abanico de posibilidades se ha abierto a otros nombres como José María Álvarez-Pallete o José Ignacio Goirigolzarri

Estos nombres representan la tradición catalana original, aunque no sea un requisito imprescindible para preservar ese componente histórico de la fundación. Por eso, el abanico de posibilidades se ha abierto a otros nombres muy identificados con la ascendencia de Fainé, como serían José María Álvarez-Pallete, su protegido como presidente de Telefónica (tras 30 años en la operadora), o el recién captado para la causa José Ignacio Goirigolzarri, presidente de CaixaBank tras la fusión, cuyos perfiles profesionales encajan con los requisitos para ser patrono.

Durante décadas, el triángulo de poder del universo La Caixa estuvo formado por Fainé, Brufau y el ya fallecido Ricardo Fornesa. Fue un equipo complementario capaz de conjugar todos los intereses del grupo y a la vez mantener cierto equilibrio interno de poderes. Sin embargo, la disciplinada dedicación de don Isidre por ‘remenar les cireres’ ha hecho de su figura un presidente único en la historia de la entidad financiera, hasta el punto de sentir como suya e intransferible la responsabilidad de preservar la histórica obra social de la caja de ahorros y pensiones.

Y para ello, tan importante será la elección de las personas como la hoja de ruta a seguir que todavía está escribiendo Fainé. Y ello implica además la conversión del actual modelo de Criteria, heredero de la vieja cartera industrial de la caja, con participaciones de control en grandes negocios regulados o concesionales (luz, agua, banca, carreteras, 'parkings'…), hacia un esquema de participaciones más abierto y diversificado, con inversiones de distinto tamaño en compañías de magnitudes diferentes, pero con el foco en el reparto de dividendos recurrentes y crecientes.

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Esta faena es la que de verdad ocupa al veterano financiero. Es difícil, incluso, que este proceso judicial le afecte más que lo ocurrido hace años con el ‘procés’, cuando fue señalado como indeciso, tanto a ojos de Puigdemont y Junqueras, pese a su condición de catalán hijo de payeses, como de Mariano Rajoy, resentido por obligar al Gobierno de Madrid a ejercer como primera fuerza de choque. Nadie entendió que, como los Rothschild, el guardián de La Caixa vela, ante todo, por los intereses de la entidad, que también son los suyos, y por las inversiones que sostienen esa obra centenaria.

La reciente fusión exprés de CaixaBank con Bankia ha vuelto a demostrar que Fainé sigue remangado en la tutela de los 23.000 millones de euros de patrimonio de Criteria. Ese botín, estratégico para sostener la españolidad de grandes compañías del país, está blindado frente a injerencias políticas y en su futuro no participan ni la Generalitat, pese a las gestiones hechas por terceros ante el republicano Pere Aragonès, ni Moncloa, desbordada atendiendo asuntos urgentes del ciclo electoral. Todo sigue pasando por Isidre pese a los contratiempos recientes.