Telefónica reanuda el plan de bajas en servicios corporativos que paró por el covid

Telefónica ha reactivado el Plan de Suspensión Individual de Empleo (PSI) que lanzó a finales de 2019 con el objetivo de incentivar la salida de hasta 5.000 trabajadores en un plazo de tres años. El estallido de la pandemia, en marzo de 2020, llevó a la compañía presidida por José María Álvarez-Pallete a dejar en suspenso esta medida, que está limitada a la plantilla que tiene la operadora en España, donde emplea a un total de 25.000 personas.

Dentro de este plan general, la operadora diseñó un proyecto concreto para los empleados de la corporación y de las unidades globales, donde una diferencia crítica es que carece de límite de edad, frente al suelo de 53 años que ha caracterizado a los PSI de la operadora, y donde las condiciones son menos ventajosas que en los clásicos planes de prejubilación.

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En concreto, las dos opciones que ha ofrecido Telefónica a la plantilla de corporativo son el Plan 10, dirigido a trabajadores con una antigüedad mínima de una década, que percibirán el 50% de su retribución a lo largo de los próximos 10 años, y el Plan 5, para los que lleven al menos cinco años y que recibirán el 60% durante los próximos cinco años.

La semana pasada, todos los empleados de la operadora que han querido acogerse voluntariamente y que la compañía no ha vetado (Telefónica se ha reservado el derecho a rechazar candidatos) firmaron su desvinculación voluntaria, lo que supone renunciar al desempleo y, por tanto, no tiene coste para las arcas públicas.

Sin embargo, el número de voluntarios ha sido insuficiente para alcanzar el objetivo de ajuste aspirado por la compañía, que ha empezado a llamar a trabajadores para que se acojan al plan. Según afirman fuentes conocedoras, la operadora expone a cada persona afectada una comparativa del importe que percibiría con un despido al uso, desempleo incluido, y lo que le ofrece el PSI, en principio, más generoso para el trabajador.

Las condiciones del plan son menos ventajosas que las de otros programas de prejubilaciones y bajas incentivadas llevados a cabo por la compañía en los últimos años, lo que dificulta su aceptación. Además, al no tener un límite de edad, los afectados salen de la empresa y dejan de cotizar en unos años profesionales muy complicados, aspectos que han sembrado el malestar entre la plantilla del cuartel general de la operadora en Madrid.

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Aunque Telefónica nunca ha desvelado la cifra total de empleados de servicios corporativos que quiere recortar, ya que alega que el número final dependerá de los salarios de los afectados, las fuentes consultadas por este medio sostienen que los ajustes que se están produciendo rondan el 20%, lo que arrojaría unas 600 salidas sobre el total de 3.000 trabajadores que pertenecen a corporativo. No obstante, otras fuentes sostienen que la cifra final será muy inferior.

Los trabajadores que la semana pasada se acogieron voluntariamente están a todos los efectos fuera de la compañía desde este lunes, pero quienes están siendo invitados por la empresa a sumarse al plan continuarán trabajando en Telefónica durante este mes de mayo, completándose, por tanto, su salida en junio.

Momento crítico

Este ajuste de Telefónica se produce en un momento de alta tensión entre el Gobierno y las grandes empresas del Ibex, a raíz del ajuste que ha puesto en marcha CaixaBank. La entidad catalana, de la que el Estado controla un 16% tras la fusión con Bankia, tiene en marcha un ERE (expediente de regulación de empleo) para 8.300 empleados, que recientemente ha bajado a 7.800.

Las negociaciones de CaixaBank con los sindicatos arrancaron en plena campaña electoral madrileña, por lo que provocaron una reacción en bloque del Gobierno. La que se ha posicionado de forma más clara ha sido la vicepresidenta Nadia Calviño: "Nos parecen inaceptables los sueldos y bonus pagados a los directivos de los bancos. Son retribuciones que no se corresponden con la situación de nuestro país, y todavía menos en aquellas entidades que están efectuando fuertes recortes de personal y cierre de oficinas", expuso.

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El ajuste de CaixaBank se suma al que tiene en marcha BBVA, de casi 3.500 empleados, y a los que han cerrado recientemente Ibercaja, Santander y Sabadell. En total, las salidas que hay en curso suman cerca de 18.000.

La sangría laboral va más allá del sector financiero. El Corte Inglés cerró hace dos semanas un ERE de 3.300 empleados que se ha cubierto con bajas voluntarias. Endesa y Naturgy también tienen sobre la mesa distintos ajustes, de unos 1.000 empleados cada una. Nissan, por su parte, ejecutará a final de año el ERE para 2.500 trabajadores. Y Air Norwegian ha anunciado este fin de semana un expediente para 1.000 empleados. Los ajustes se extienden a muchos más sectores y compañías.