Calviño se impone a Díaz en la batalla del SMI: la oportuna victoria de la prudencia

Las posturas estaban tan claramente enfrentadas que resulta difícil no leer la decisión del Gobierno en torno al asunto del salario mínimo en términos de vencedores y vencidos. El aplazamiento de la subida del SMI hasta 2022 representa la victoria de la vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, sobre la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que a lo largo de las últimas semanas había redoblado los reclamos para que se aprobara desde ya mismo un incremento de los sueldos más bajos de entre el 1,5 y el 1,8%.

La imposición de las tesis de Calviño supone el triunfo de la cautela en un momento en que la recuperación de la economía española parece bien encarrilada, pero aún enfrenta un sinfín de incertidumbres. Las más recientes tensiones por el repunte de casos del coronavirus, que han ido acompañadas de nuevas restricciones a la movilidad, representan una señal suficientemente potente de que el camino de salida de la crisis aún encierra numerosos peligros.

La economía española puede celebrar la velocidad que ha alcanzado la recuperación en los últimos meses, según evidencian los datos más recientes, también en el mercado laboral. Pero las heridas acumuladas son muchas y conviene evitar lastres adicionales que dificulten la tarea de restañarlos. A esto precisamente se refería el flamante secretario de Estado de Economía, Gonzalo García, en una entrevista concedida a 'El Confidencial', cuando alertaba de que las cifras de paro juvenil o de trabajadores en ERTE "hacen poco prudente que se reanude esa subida del SMI en estas condiciones".

La decisión del Gobierno supone una victoria de la cautela ante las incertidumbres económicas

El del salario mínimo ha sido un asunto tradicionalmente controvertido y que ha dado pie a numerosas polémicas también en los últimos meses. Especialmente, a raíz de un estudio publicado por el Banco de España en el que se detallaba que la última subida de estos sueldos, ocurrida en 2019, había provocado la pérdida de hasta 170.000 empleos (entre puestos de trabajo destruidos y no creados).

Pese a la virulencia con la que respondieron algunos sectores favorables al incremento de los salarios más bajos, el documento del Banco de España no representaba una enmienda a la decisión, sino un intento de poner cifras a una decisión política que, como tantas otras en el terreno económico, tiene consecuencias negativas, pero que bien podrían verse compensadas por sus efectos beneficiosos.

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En el caso del salario mínimo han sido constantes las apelaciones a la "justicia social" y la necesidad de no dejar atrás a "los más débiles". A estas cuestiones se refirió esta misma semana la propia Yolanda Díaz, en unas declaraciones en 'RNE' en las que animaba al presidente Pedro Sánchez a actuar en esta cuestión con "la misma valentía" que en la de los indultos.

Sin embargo, las buenas intenciones que suelen acompañar las peticiones de subida del SMI no se pueden desligar de un análisis racional de las condiciones del mercado. Y lo cierto es que con 3,6 millones de trabajadores en situación de desempleo y otros 450.000 aún bajo la figura de los ERTE -un tercio de ellos atrapados en empresas zombis- puede llegar a entenderse que un incremento de los costes laborales para las empresas (que tendría especial incidencia en los sectores más penalizados por la crisis, que son los más expuestos al SMI) no supondría tanto un movimiento de valentía como una apuesta de elevado riesgo en el contexto actual. Resulta mucho más prioritario seguir avanzando en la creación de nuevos puestos de trabajo que en la mejora de los ya existentes.

La subida del SMI tendría un impacto especial en los sectores más penalizados por la crisis

Conviene no perder de vista que el citado estudio del Banco de España sobre el SMI se refería a un año, 2019, en el que la economía española creció a un ritmo del 2%, dando continuidad a una fase expansiva que ya alcanzaba su sexto año, un periodo en el que el PIB español se elevó cerca de un 22%. Es un escenario económico mucho más inestable, como el actual, las consecuencias negativas de un incremento de los salarios podrían llegar a multiplicarse.

Los argumentos sociales que justifican subir el salario mínimo no pueden obviarse, en ningún caso, pues la salud del mercado laboral también precisa de que los trabajos que se generen se ajusten a unos estándares de calidad mínimos, que provean unas condiciones dignas a los trabajadores. Pero el momento parece más propicio para la cautela que para el aventurerismo económico, por mucha justicia social que lo revista. Y es ahí donde Calviño ha ganado la partida a Díaz.

Lo que queda por comprobar es si este triunfo anticipa un refuerzo de las posturas de la ministra de Asuntos Económicos o ha venido determinado únicamente por las circunstancias. El debate del SMI volverá a surgir en el seno de la coalición más pronto que tarde y sobre la mesa del Gobierno de coalición se mantienen asuntos de elevada trascendencia económica, como la reforma del mercado laboral, en los que la ortodoxia de Calviño también parece chocar con los postulados más extremos de la ministra de Trabajo. El escenario actual ha facilitado a Calviño hacer prevalecer sus planteamientos, pero, quizás, un entorno algo menos desafiante permita a Díaz imponerse en futuras batallas.