Visto bueno a la opa sobre Naturgy: una decisión con más ventajas que riesgos

Alfombra puesta para que IFM se haga con el 22,689% de Naturgy. El Gobierno ha decidido finalmente no obstaculizar la opa lanzada por el fondo australiano, que queda por lo tanto a expensas de obtener el respaldo suficiente por parte de los inversores para alcanzar la participación deseada en el grupo que preside Francisco Reynés.

Desde que se anunció la oferta, hace casi tres meses, han sido continuas las especulaciones sobre la posición que podría adoptar el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, y por momentos llegó a establecerse la idea de que se impondrían las voces partidarias de bloquear la oferta. De hecho, el pasado 10 de febrero, las acciones del grupo llegaron a situarse más de un 11,5% por debajo del precio ofrecido por IFM.

Han sido muchas las cuestiones esgrimidas para que desde Moncloa se optase por impedir el movimiento. Experiencias más o menos recientes, como la opa de Enel sobre Endesa o la creación de Siemens Gamesa, han acabado arrojando sobradas dudas en torno a la conveniencia de permitir que los grandes grupos españoles caigan en manos extranjeras.

El coronavirus ha favorecido posturas más proteccionistas en Europa

Y desde el estallido de la crisis del coronavirus, las políticas europeas han evolucionado hacia enfoques más proteccionistas para evitar que los grandes grupos continentales sean adquiridos por inversores de otras jurisdicciones a precios de derribo. El veto francés a la opa sobre Carrefour de la canadiense Couche-Tard o los movimientos de los gobiernos italiano y galo para impedir la compra de Iveco por la china FAW Group son claros ejemplos de esta nueva realidad continental.

Además, si en alguno de los casos citados podría discutirse el carácter estratégico de la compañía opada, no parece que hubiera mucho que debatir en este aspecto en el caso de Naturgy, un grupo clave en el abastecimiento de gas del mercado nacional que controla infraestructuras críticas para la conexión de España con Argelia, un nexo fundamental en lo referente a la suficiencia energética del país.

Sin embargo, también son muchas las razones que parecían invalidar los acercamientos más restrictivos hacia la oferta. Primero, porque ya hoy resulta difícil defender que Naturgy es una empresa controlada por capital nacional: según los registros de Bloomberg, poco más del 30% de su accionariado está registrado en territorio español. Y también porque el 'track record' de IFM dificulta considerarlo un inversor de tipo especulativo interesado en 'ordeñar' sin más los activos de la gasista española. El grupo australiano ya ha dejado entrever que su aterrizaje en la compañía se produciría con motivaciones de largo plazo y los compromisos arrancados por el Gobierno limitan mucho los riesgos estratégicos de la operación.

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A esto hay que sumar que cualquier paso arbitrario por parte del Ejecutivo en esta operación podría suponer un lastre a la confianza de los inversores internacionales en el país, que vigilan con atención el desenlace de esta operación. Y eso, en un momento en que el país se apresta a poner en marcha un millonario plan de recuperación enfocado en impulsar la transformación económica —con un peso muy relevante de la transición energética en la ecuación—, puede resultar muy peligroso. Pues guste más o menos, para dotar a este plan de la potencia suficiente será fundamental la entrada de inversión extranjera, más allá de los fondos europeos en que se sustentará inicialmente.

Las cifras de empleo de las empresas del Ibex desde 2007 son una muestra evidente de que contar con un accionariado mayoritariamente local no es garantía de un enfoque especial en el desarrollo nacional si no se dan las condiciones para ello, del mismo modo que empresas de capital extranjero han protagonizado —y es de esperar que sigan protagonizando— actuaciones de calado para el bienestar económico del país cuando han encontrado un terreno propicio.

Esa es la gran misión que tiene por delante el Ejecutivo nacional: poner las bases de un marco económico abundante en oportunidades de desarrollo, que estimule la inversión productiva y, con ella, la tan necesaria generación de empleo y riqueza en el país. Con esas condiciones y con la seguridad jurídica suficiente, parece difícil que el dinero no acabe fluyendo hacia el país, con independencia de dónde tenga su origen. Permitir la entrada de IFM en Naturgy no debe suponer ningún golpe a la independencia energética de España, pero sí puede significar un importante respaldo a la credibilidad del país entre los inversores internacionales.