Quién es IFM y por qué necesita el OK de Moncloa para comprar el 22,7% de Naturgy

OHL, FCC y, ahora, Naturgy. Son las tres grandes compañías españolas en las que ha posado sus ojos el australiano IFM Investors, un gigante mundial de la inversión en infraestructuras y energía que acaba de lanzar una oferta para hacerse con el 22,689% de la antigua Gas Natural-Fenosa.

Dentro de la compleja estructura societaria que este tipo de vehículos suele crear para estas millonarias operaciones, con ramificaciones en Luxemburgo e Islas Caimán, dirigidas a abaratar el pago de impuestos, destaca la española Global InfraCo Spain, la misma entidad de la que cuelga el 100% de OHL Concesiones, ahora rebautizada como Aleática y adquirida por el fondo hace dos años, y el 49% de Aqualia, filial de FCC.

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Por la primera, IFM puso sobre la mesa 2.235 millones de euros, mientras que para entrar en la segunda desembolsó 1.024 millones de euros. Ahora, la oferta por Naturgy exige un desembolso de 5.000 millones de euros, cifras que ponen en evidencia el gigante de la inversión que es IFM, con más de 100.000 millones de euros en activos bajo gestión.

Inversor a largo plazo, IFM siempre ha visto las dos participadas que ya tiene en España como trampolines para crear una gran plataforma con intereses en varios países del arco mediterráneo. Así, sobre la base de Aleática, el fondo adquirió el pasado verano Brebemi, la concesionaria de la autopista de peaje de 62 kilómetros que conecta Milán y Brescia, en Lombardía, valorada en cerca de 2.000 millones de euros.

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Además, el fondo siempre ha mostrado su interés por participar en la licitación de las autopistas radiales, proceso que lleva varios años sobre la mesa del Ministerio de Fomento y que muchos expertos sostienen que terminará de ver la luz con esta crisis económica, ante la necesidad que tendrán las arcas públicas de conseguir nuevos ingresos.

En Aqualia, IFM mantiene una 'entente cordiale' con FCC y, juntos, han abordado varias operaciones de crecimiento en los últimos dos años, dirigidas a doblar el tamaño de la compañía, como la compra de la francesa Services Publics et Industries Environnement (SPIE), o del 51% de dos sociedades concesionarias de Arabia Saudí. Además de intentar adquirir la portuguesa Aquapor.

La apuesta del fondo austrialiano por nuestro país quedó subrayada hace dos años con la apertura de una oficina en Madrid al frente de la cual está Jaime Siles, vicepresidente de IFM desde hace casi nueve años.

Dinero procedente de Caimán

La estructura societaria construida para abordar esta operación se organiza en tres grandes bloques. Por una parte, el que hace referencia a la entidad que formalmente realiza la oferta; por otra, el ligado al fiduciario y que enlaza con inversores últimos, y, en tercer lugar, el ligado al asesor principal.

Así, el oferente es la sociedad luxemburguesa Global InfraCo O(2) S.à. r.l., que a su vez es propiedad de Global InfraCo O (1) S.à r.l, también radicada en el pequeño país europeo, y que está íntegramente participado por la española Global InfraCo Spain, S.L.U. Pero esta empresa tiene sus raíces en otro país europeo de baja fiscalidad, ya que detrás de ella está Global InfraCo NL Coöperatief U.A. (“Global InfraCo NL”), asociación cooperativa de Los Países Bajos, que en un 99,9995% está controlada por Global InfraCo S.à r.l. (“Global InfraCo”), de Luxemburgo, y el restante 0,0005% es titularidad de IFM Global Infrastructure Fund (IFM GIF), vehículo constituido conforme a las leyes de Islas Caimán y que también posee el 100% de Global InfraCo.

En última instancia, los fondos destinados a comprar Naturgy proceden de Caimán

Además, IFM GIF cuenta con un 'trustee' o fiduciario que, "actuando en su nombre y por su cuenta, es responsable de determinar formalmente las decisiones de inversión y administración de IFM GIF tras recibir las correspondientes recomendaciones de IFM Investors Pty Ltd (IFM Investors), en su condición de asesor principal de IFM GIF", según el hecho relevante enviado por el vehículo a la CNMV —Comisión Nacional del Mercado de Valores—. Este fiduciario, bautizado como Conyers Trust, cuenta con una licencia de trust y otra de administración de fondos de inversión otorgadas por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán. Detrás de esta fiduciaria se encuentran los inversores últimos, aunque ninguno de ellos controla más del 10% de las acciones de Conyers Trust.

Estas dos patas ponen en evidencia que, en última instancia, los fondos para comprar el 22,7% de Naturgy enlazan directamente con países de nula fiscalidad y menor transparencia. De hecho, Islas Caimán fue considerado por la Unión Europea paraíso fiscal hasta hace apenas tres meses.

Solo la tercera pata de esta estructura, IFM Investors, tiene su origen en Australia, ya que esta firma está íntegramente participada por IFM Holdings Pty Ltd, sociedad constituida de conformidad con las leyes del país de las antípodas, que, a su vez, está íntegramente participada por Industry Super Holdings Pty Ltd, sociedad participada por 26 fondos de pensiones sin ánimo de lucro australianos y regulados por la Autoridad de Reglamentación Prudencial australiana.

Autorización del Gobierno

El desembarco de un fondo con ramificaciones en paraísos fiscales en una compañía estratégica y en medio de un nuevo debate sobre la pobreza energética amenaza con abrir una nuevo frente al Ejecutivo de coalición de izquierdas, ya que debe autorizar la operación a un tipo de inversor cuya estructura societaria choca frontalmente con las tesis que Unidas Podemos siempre ha defendido.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado que el Gobierno ha tenido conocimiento de la operaciñon este martes, cuando se ha comunicado a la CNMV, y ha recordado el escudo aprobado el pasado marzo para blindar a compañías de sectores estratégicos frente a inversores extranjeros, al exigir la autorización de Moncloa siempre que se intente adquirir más del 10% del capital.

Además, Montero ha defendido que esta medida "pone de manifiesto el interés del Gobierno por proteger" a estas empresas y que "no cayeran en manos de un tipo de fondo que no fuera oportuno o deseable".