Primas y planes de pensiones: el doble hachazo del Gobierno a las aseguradoras

Mal día para las aseguradoras. El sector ha visto esta semana cómo hay una doble amenaza fiscal contra su negocio. El anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 contempla una reducción drástica de la deducción máxima en los planes de pensiones y un aumento del tipo aplicado sobre las primas de seguros.

Las empresas del sector daban por hecho un empeoramiento fiscal para los planes de pensiones, y se han encontrado también con un golpe para su negocio propio a través de las primas de seguros. Así, han visto plasmado negro sobre blanco cómo el recorte de la deducción era el máximo de las opciones que se barajaban, desde 8.000 hasta 2.000 euros, y se ha elevado el tipo impositivo sobre las primas desde el 6% hasta el 8%. Los cambios fiscales en la repatriación de beneficios, socimis o aseguradoras no han sido bien acogidos por el mercado. El Ibex cerró con una caída del 2,06%, liderada por Bankinter (-6,29%), cuyas cuentas dependen en gran medida de su aseguradora Línea Directa. Mapfre, por su parte, cedió un 3,66%.

Las medidas fiscales del Gobierno incluyen un impacto positivo para Hacienda de 455 millones en 2021 por elevar el tipo sobre las primas de seguros, lo que supondría un aumento del 25% en la recaudación por este tributo, y de 52 millones en 2022. Mientras que la rebaja del tope máximo de las deducciones tendrá efectos en las cuentas de 2022, en 580 millones, según las estimaciones de Hacienda. En el proyecto fallido de planes de los Presupuestos de 2019, Hacienda estimó un gasto por esta bonificación de 814 millones.

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Aunque la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) publicó recientemente un informe que asestó el golpe mortal a las deducciones sobre planes de pensiones, al estimar un gasto en el año de 1.643 millones que es regresivo, beneficiando en mayor medida a las rentas más altas. El organismo que preside Cristina Herrero, que sustituyó al ministro José Luis Escrivá, señaló que “la evaluación demuestra el escaso atractivo del beneficio fiscal una vez que se tienen en cuenta los tipos marginales y las comisiones”.

Este análisis despertó al ‘lobby financiero’ en defensa de las pensiones, con nulo éxito. Hacienda ha confirmado su intención de asestar un hachazo al producto que podría ser definitivo, tras años de letargo, con un crecimiento mucho más reducido que otros vehículos como los fondos de inversión. De hecho, solo uno de cada tres partícipes hace aportaciones regulares, según la patronal de gestoras Inverco.

El último informe estadístico de instrumentos de previsión social complementaria, con datos de 2018, muestra que las aportaciones superiores a los 2.000 euros suponen más de la mitad del total. El análisis de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, dependiente de Economía, muestra que en 2018 más de cinco millones de partícipes no hicieron aportaciones, mientras que casi dos millones aportaron menos de 1.800 euros.

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Es decir, al grueso de partícipes no le afectaría la medida. Las estadísticas son por horquillas (sin aportaciones, de cero a 300 euros, de 301 a 900 euros, de 901 a 1.800, etc.), pero si se toman como referencia las medianas de cada una de ellas (el valor intermedio), entonces se ve que estas aportaciones supusieron apenas un tercio del total, que fue de 3.017,6 millones contando planes de pensiones y seguros colectivos para la jubilación.

El hachazo, por lo tanto, se produce donde se concentran las aportaciones. ¿Qué sentido tendría ahorrar en un plan de pensiones sin el incentivo fiscal? En realidad, según los expertos, ninguno. La ventaja de los planes de pensiones es el diferimiento fiscal de tener mejor trato que otras formas de inversión o ahorro en la aportación y peor en la retirada. Asimismo, son instrumentos ilíquidos, que solo cuentan con una ventana de liquidez a los 10 años (la primera será en 2025).

Hasta ahora, las aportaciones a los planes de pensiones se deducen en la base imponible al hacer la declaración de la renta con un máximo de 8.000 euros o el 30% del total de las rentas del trabajo declaradas. Pero cuando se retira el dinero, hay que pasar por caja. Todo el dinero suma a la base imponible y, por lo tanto, tributa en el tramo marginal del IRPF, mientras que en otros instrumentos, como fondos de inversión o acciones, solo se tributa por el beneficio generado y como rentas del capital, con tipos que van desde el 19% al 23%.

Con gran parte de las aportaciones actuales capadas a futuro, hay serias dudas sobre los planes de pensiones. En los datos mencionados de 2018, 127.423 partícipes aportaron entre 6.001 y 8.000 euros; 68.280 partícipes, entre 4.501 y 6.000 euros; otros 95.559 partícipes, entre 3.001 y 4.500 euros, y 222.171 partícipes, entre 1.801 y 3.000 euros.

Críticas del sector

“Hoy en día, hay más de 7,5 millones de partícipes en planes de pensiones individuales y casi un millón de asegurados en planes de previsión asegurados (PPA) que se van a ver afectados con carácter directo e inmediato por la medida”, aseguran las patronales Inverco y Unespa, de gestoras y aseguradoras respectivamente. En un comunicado, también critican que la disminución del límite a la aportación a sistemas de previsión social “es discriminatorio para la gran mayoría de la población ocupada española”, dado que autónomos y trabajadores de pymes apenas tienen formas de ahorro colectivo.

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Asimismo, señalan que esta medida “carece de sentido” en épocas de crisis como la actual, porque los ingresos son irregulares, provocando ejercicios sin aportaciones y otros con niveles más altos de ahorro. También recuerdan que en España hay un déficit de ahorro para la jubilación en comparación con otros países, y que la Comisión Europea apuesta por tres pilares para el retiro: pensión pública, ahorro privado y ahorro colectivo. Por último, niegan que los vehículos de ahorro para la jubilación supongan un coste para Hacienda, si no que solo es un diferimiento de la tributación.

Unespa, además, remitió a los medios un segundo comunicado criticando la subida del tipo impositivo a las primas, sosteniendo que “afectará a todas las familias y empresas españolas”, y que “tiene carácter regresivo y provocará que se contraten menos protecciones frente a los riesgos”.

Actualmente, según esta asociación, el 95% de las familias españolas tiene alguna póliza contratada, destacando automóvil (79%), hogar (74%) y decesos (45%). “Hay que tener en cuenta, además, que el impuesto de primas de seguro es regresivo desde un punto de vista social. Perjudica a las personas y las empresas que, a través del seguro y con un criterio de responsabilidad, aseguran su vida diaria, su patrimonio y sus actividades empresariales y profesionales frente a los posibles daños que puedan causar a terceros”, avisa Unespa.