Por qué las retrocesiones de los fondos sobrevivirán con MiFID II
Tres de cada cuatro gestoras señalan que sus productos se venderán con retrocesiones. Estas comisiones superan el 60% de ingresos de la industria
La industria española de fondos de inversión está articulada en torno a las retrocesiones. Y esto no cambiará con MiFID II. Al menos, eso piensan las gestoras, ya que una mayoría abrumadora seguirá retrocediendo una parte sustancial de sus comisiones a los distribuidores que coloquen sus productos. Esta práctica supone un negocio de más de 1.500 millones de euros anuales, más del 60% de los ingresos que generan los fondos.
Siete de cada diez gestoras se inclinan por que sus fondos se venderán a través de distribuidores que elegirán la opción de asesor no independiente, quedándose con parte de la comisión del fondo a cambio de colocarlo, lo que en la jerga se conoce como retrocesión. Según una encuesta del Observatorio Inverco, otro 21% apunta a la comercialización de productos de terceros como la opción para colocar sus fondos.
Con la norma MiFID II, los distribuidores de fondos deben declararse como independientes, en cuyo caso no pueden cobrar retrocesiones y deben facturar de forma explícita por el asesoramiento, o como no independientes. Esta será la fórmula mayoritaria, especialmente entre los bancos, donde lo habitual es que la gestora sea filial del grupo y las sucursales de la entidad coloquen sus fondos.
Pese a que la directiva europea entró en vigor el 3 de enero, aún no se conoce el texto definitivo del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Sin embargo, el Consejo de Ministros aprobó en diciembre el Anteproyecto de Ley (APL) sobre MiFID II que obliga a mejorar el servicio para cobrar retrocesiones, incluyendo en la oferta al menos un 25% de productos de terceros.
Esta opción será mayoritaria. La industria no prevé reestructurar la venta de fondos con MiFID II, según las respuestas que han dado a su patronal. Desde hace varios meses los profesionales han advertido que el asesoramiento independiente quedará destinado sólo a los altos patrimonios y que, de todos modos, la mayoría de clientes no está preparada para pagar explícitamente por el asesoramiento.
El informe del Observatorio Inverco está elaborado con las respuestas de gestoras que representan más del 85% del patrimonio en fondos españoles, que alcanzó en febrero los 268.000 millones de euros. El 68% de las firmas encuestadas cree que el principal reto de la industria pasa por un desarrollo “equilibrado” de MiFID II.
Márgenes ajustados
La industria asume que la normativa elevará los costes. Dos de cada tres firmas creen que aumentarán los gastos operativos por el desarrollo de tecnologías y el incremento de formación exigida. Por otro lado, el consenso del sector apunta a mayor competencia. Es decir, habrá una reducción de márgenes, temor que han pregonado los profesionales de las gestoras en cada evento durante los dos últimos años.
Jurisdicciones como Luxemburgo o Dublín tienen ventajas competitivas por su reconocimiento internacional como plataforma de distribución
Por otro lado, el 26% pide que se permitan las cuentas ómnibus para los fondos ya registrados. Esto es, una cuenta que agrupa las participaciones de diversos clientes. Según casi la mitad de los encuestados, “otras jurisdicciones como Luxemburgo o Dublín siguen teniendo ventajas competitivas derivadas de su reconocimiento internacional como plataforma de distribución, mientras que un 26% apunta a las menores restricciones normativas en estas plazas”, dice el Observatorio Inverco.
En cuanto a la evolución de la venta de fondos, reina el optimismo. El 95% espera un crecimiento del patrimonio gestionado en 2018. El principal rival, por tercer año consecutivo, serán los inmuebles, por delante de los depósitos por su “baja remuneración”.
La industria española de fondos de inversión está articulada en torno a las retrocesiones. Y esto no cambiará con MiFID II. Al menos, eso piensan las gestoras, ya que una mayoría abrumadora seguirá retrocediendo una parte sustancial de sus comisiones a los distribuidores que coloquen sus productos. Esta práctica supone un negocio de más de 1.500 millones de euros anuales, más del 60% de los ingresos que generan los fondos.
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