Guindos no se pliega a los bancos: limita el cobro de comisiones de los fondos

La banca no siempre se sale con la suya. Es lo que ha ocurrido con la trasposición a España de la directiva europea de mercados e inversiones (MiFID II). El primer borrador hizo saltar las alarmas en el sector porque era la primera norma que le perjudicaba de todas las aprobadas en España desde la crisis. Así que el sector reaccionó con acciones de 'lobby' y mediáticas para tratar de arrimar el ascua a su sardina. Pero no lo ha conseguido: el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha mantenido las limitaciones para que las entidades se queden con una parte de las comisiones de los fondos de inversión por comercializarlos entre sus clientes.

Como es sabido, las entidades solo colocan a sus clientes los productos que dejan comisiones para remunerar a su red de oficinas: o bien los de su propia gestora, o bien los de otras firmas, que les retroceden parte de su comisión de gestión; eso es lo que se conoce como retrocesión o 'rebate'. Pero no suelen decírselo a los clientes e incluso aseguran que les prestan asesoramiento independiente. Y eso es precisamente lo que quiere evitar la directiva y lo que, lógicamente, quiere mantener el sector en la medida de lo posible.

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Con la MiFID II, las entidades tendrán que dividirse entre independientes, que no pueden recibir ningún incentivo (o dárselo al inversor) y que, por tanto, tendrán que cobrar directamente unos honorarios al cliente, y las dependientes, que en principio serán los bancos. Estos tampoco pueden cobrar estos incentivos a la venta, salvo "cuando lo justifique la prestación de un servicio adicional o de nivel superior al cliente". ¿Y qué es ese servicio de valor añadido? Pues básicamente brindar un asesoramiento —no la mera comercialización en la oficina— con seguimiento en el tiempo y poner a disposición del cliente fondos de terceros aunque no retrocedan comisiones a la entidad.

La norma aprobada este viernes por el Consejo de Ministros —que todavía debe ir al Consejo de Estado antes de su tramitación parlamentaria— impone que la oferta de fondos de terceros debe ser como mínimo del 25% del total para considerar que existe un aumento de la calidad del servicio. El texto de la norma europea no impone ningún porcentaje, así que hay quien lo interpreta como una concesión a la banca.

El 25%, para garantizar una calidad mínima

Otros en cambio, sostienen que no es así: Juan Jesús Gómez, socio de Consilio Asesores Patrimoniales, entiende que "el Gobierno ha querido fijar un mínimo para asegurarse de que los bancos dan producto ajeno de verdad. Es verdad que podía haber puesto un porcentaje más alto y que el 75% de la oferta van a seguir siendo sus productos, con lo que no podrán quejarse de que el Gobierno se carga su modelo e distibución y su red de oficinas. Pero tampoco es una solución salomónica porque deja fuera el supuesto que quería introducir la banca, que consistía en dejar las cosas como estaban".

La asociación de las gestoras españolas (Inverco) había propuesto a Luis de Guindos un supuesto adicional a los que contempla la directiva original (el llamado "cuarto supuesto") para poder cobrar retrocesiones sin necesidad de ofrecer productos de terceros directamente, sino solo a través de los fondos de fondos, y sin necesidad de prestar asesoramiento, que considera que solo es posible para los patrimonios más elevados debido a su coste. A cambio, obligaba a estandarizar informáticamente el proceso de comercialización para que la CNMV pudiera tener una trazabilidad de todas las ventas de fondos por las entidades.

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Más costes y menos ingresos para la banca

Y ese supuesto no se recoge en el texto definitivo de la norma, lo cual ha sentado muy mal en el sector, que ve cómo van a subir sus costes por la necesidad de prestar asesoramiento y seguimiento de las posiciones de los clientes, y cómo van a bajar sus comisiones al tener que vender menos productos de su propia gestora y ofrecer los de foirmas internacionales que, en muchos casos, son mejores que los suyos. Por el contrario, la decisión del Gobierno ha causado gran alegría en las gestoras independientes y extranjeras, que serán las que integren ese 25% con sus productos, y en los asesores independientes, que están encantados con que solo los que cobren directamente al cliente puedan calificarse así.

No obstante, Dios aprieta pero no ahoga. La trasposición de la MiFID II no estará aprobada hasta bien entrado el próximo año debido a los trámites pendientes, a pesar de que debía entrar en vigor el 1 de enero (España se juega otra multa de la UE por esta norma, igual que con la Ley Hipotecaria). Esto permitirá que no entren en vigor de momento las dos medidas que aterrorizan a los bancos: estas duras exigencias para poder retroceder comisiones y la obligación de informar a los clientes de todos los costes que pagan —no solo las comisiones, sino también los de 'brokerage', análisis y otros costes ocultos— y en euros, no en porcentaje de su inversión. Esta obligación no entrará en vigor hasta el informe de cierre del ejercicio 2018, que se enviará a los partícipes en enero de 2019.