Varapalo de Economía a la banca (MiFIDII) en las comisiones de los fondos de inversión

El Gobierno por fin aprueba una norma que perjudica a los bancos. La trasposición en España de la directiva europea de mercados e inversiones (MiFID II) va a revolucionar la colocación de productos financieros en nuestro país y amenaza la posición de dominio y las fuentes de ingresos de la banca. Por eso, el sector lleva años pidiendo una adaptación 'a la española' de esta norma que relaje sus exigencias más duras. Pero sus ruegos no han sido escuchados por el Ministerio de Economía, que ha decidido dejar fuera sus sugerencias para esta adaptación 'sui generis' y mantener la letra y el espíritu original de la directiva, con el consiguiente perjuicio para los bancos.

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Eduardo Segovia

Se trata de una importante novedad, puesto que, desde los decretos Guindos que provocaron el rescate de las cajas de ahorros insolventes en 2012, el Ejecutivo del PP siempre había aprobado las normas de la forma más beneficiosa para la banca o, al menos, había suavizado sus aspectos más dañinos para el sector. Pero esta vez no ha sido así. En el caso de MiFID II, el ministro ha preferido mantener las limitaciones que establece la norma a los conflictos de interés de las entidades, que no venden los productos que más les interesan a los clientes, sino a ellas mismas; hablamos sobre todo de fondos de inversión, aunque también de estructurados, acciones o deuda pública.

Como es sabido, las entidades solo colocan a sus clientes los productos que dejan comisiones para remunerar a su red de oficinas: o bien los de su propia gestora o bien los de otras firmas, que les retroceden parte de su comisión de gestión, lo que se conoce como retrocesión o 'rebate'. Pero no suelen decírselo a los clientes e incluso aseguran que les prestan asesoramiento independiente. Y eso es precisamente lo que quiere evitar la directiva y lo que, lógicamente, quiere mantener el sector en la medida de lo posible.

Con la MiFID II, las entidades tendrán que dividirse entre independientes, que no pueden recibir ningún incentivo (o dárselo al inversor) y que, por tanto, tendrán que cobrar directamente unos honorarios al cliente, y las dependientes, que en principio serán los bancos. Estos tampoco pueden cobrar estos incentivos a la venta, salvo "cuando lo justifique la prestación de un servicio adicional o de nivel superior al cliente". ¿Y qué es ese servicio de valor añadido? Pues básicamente brindar un asesoramiento —no la mera comercialización en la oficina— con seguimiento en el tiempo y poner a disposición del cliente fondos de terceros aunque no retrocedan comisiones a la entidad.

El supuesto propuesto por Inverco queda fuera

Los bancos también querían evitar el mordisco a sus ingresos que supondrían ambas opciones (y el problema que supone tener que desglosar al cliente todas las comisiones que paga, otra de las novedades estrella de la MiFID II). Por eso, por ejemplo, han conseguido no tener que certificar a sus comerciales para que ofrezcan asesoramiento, sino que podrán examinarlos ellos mismos, con el consiguiente ahorro de costes.

Y por eso también, la asociación de las gestoras españolas (Inverco) había propuesto a Luis de Guindos un supuesto adicional a los que contempla la directiva original para poder cobrar retrocesiones sin necesidad de ofrecer productos de terceros directamente, sino solo a través de los fondos de fondos, y sin necesidad de prestar asesoramiento, que solo es posible para los patrimonios más elevados debido a su coste. A cambio, obligaba a estandarizar informáticamente el proceso de venta para que la CNMV pudiera tener una trazabilidad de todas las ventas de fondos por las entidades.

Mayores costes y menores ventas

Sin embargo, el ministro ha decidido ignorar esta propuesta y ceñirse al texto original. Algo que ha sentado muy mal en el sector: "Se trata de que las entidades comercializadoras sigan vendiendo fondos de inversión para mantener un modelo de distribución que ha funcionado muy bien, como demuestra que haya ocho millones de partícipes y que el 82% tenga una inversión inferior a 20.000 euros", explica Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco. Esta asociación mantiene esperanzas de poder introducir su supuesto en la redacción final del proyecto de ley o en su tramitación parlamentaria, ya que de momento solo se ha aprobado un borrador.

En todo caso, aunque finalmente se mantenga la redacción actual, los supuestos actuales son lo suficientemente amplios como para que las entidades puedan seguir cobrando retrocesiones —de hecho, muchas ofrecen ya productos de terceros sin estar obligadas a ello—. Ahora bien, supondrá un aumento de costes por la necesidad de prestar asesoramiento y seguimiento de las posiciones de los clientes, y un riesgo de vender menos productos de su propia gestora al tener que ofrecer los de otras, que normalmente van a ser firmas internacionales que suelen contar con mejores fondos que las españolas en muchas categorías.