La banca respira: la directiva de inversiones llegará con retraso y de forma gradual

La Directiva de Mercados e Inversiones Financieras, la famosa MiFID II, tiene en vilo a los bancos, ya que el Gobierno la ha adaptado sin hacer caso a sus ruegos —es la primera norma que perjudica al sector desde el final de la crisis financiera— y supone un vuelco radical de su negocio para el que no se han preparado con suficiente antelación, por lo que les va a pillar el toro. Sin embargo, Dios aprieta pero no ahoga: las autoridades van a permitir su implantación en España con retraso y de forma gradual, lo que les va a dar un tiempo extra precioso para adaptarse.

El retraso va ser consecuencia, en primer lugar, de la demora en la transposición de la norma. A pesar de que su entrada en vigor ya se retrasó un año, hasta el 3 de enero de 2018, el Gobierno español no redactó el borrador del texto que adapta la directiva hasta agosto. Y todavía no está listo el texto final, ya que está estudiando las alegaciones de los distintos interesados. Pero, aunque lograra tenerlo preparado antes de fin de año, tendría que lograr su aprobación parlamentaria a tiempo, cosa que parece bastante complicada con el clima político que vive nuestro país y dado que el PP no cuenta con mayoría suficiente. El propio Ministerio de Economía reconoce desconocer cuándo podrá aprobarse la norma.

Si no hay ley aprobada en enero, entrará en vigor solo una parte de la norma, la que está recogida en un reglamento comunitario de aplicación directa. Esta parte afecta a la nueva formación que se exige a los empleados de banca (aunque la CNMV ha permitido que sean las propias entidades las que los formen directamente sin necesidad de certificación externa), el 'reporting' que deben enviar al supervisor o el principio de mejor ejecución (hacer las operaciones en el mercado más barato), lo que está provocando salida de inversores de las bolsas españolas por sus elevadas comisiones.

El informe de costes en euros, para 2019

Pero no entrarán en vigor de momento las dos medidas que aterrorizan a los bancos. La primera son las duras exigencias para poder retroceder comisiones (los controvertidos 'rebates') a su red de oficinas por vender fondos de inversión: hará falta ofrecer productos de terceros en igualdad de condiciones con los propios, lo que va a sacar los colores a la pobre rentabilidad y elevados costes de la mayoría. Inverco (la asociación de las gestoras) había pedido la introducción de un "cuarto supuesto" (la MiFID contempla solo tres) para poder seguir con el sistema de las retrocesiones, que básicamente les permitía seguir haciendo lo mismo que hasta ahora, pero el Gobierno lo tumbó.

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La segunda es la obligación de informar a los clientes de todos los costes que pagan (no solo las comisiones, sino también los de 'brokerage', análisis y otros costes ocultos) y en euros, no en porcentaje de su inversión. Según fuentes conocedoras de la situación, esta obligación no entrará en vigor hasta el informe de cierre del ejercicio 2018, que se enviará a los partícipes en enero de 2019.

La CNMV será comprensiva

Pero, además de este retraso, el supervisor del mercado ha tranquilizado a las gestoras de fondos (bancarias e independientes) al asegurarles que no habrá inspecciones ni sanciones en los primeros meses de aplicación de la MiFID, algo que habían solicitado la AEB e Inverco. Julio Alcaide, director de supervisión de la CNMV, lanzó este mensaje recientemente en un evento sectorial, según fuentes presentes en el mismo. Un portavoz de esta institución matiza que "la CNMV exigirá que se cumplan las normas cuando entren en vigor y, si detecta que alguien no las cumple, le exigirá que lo haga", si bien admite que la introducción de la MiFID se hará "con cabeza".

Con todas estas circunstancias, la banca puede respirar, aunque solo sea de momento. Porque cuando la MiFID II entre finalmente en vigor con todas sus consecuencias, tendrá importantísimas consecuencias para el negocio de la banca, como el fin del modelo de elevadas comisiones a cambio de rentabilidades muy discretas, que será sustituido por el cobro por asesoramiento y no por producto, o la necesidad de una nueva adecuación tecnológica para ofrecer los productos de sus competidores. Esta mayor transparencia, protección del inversor y reducción de los conflictos de interés buscan un efecto benéfico para los clientes, pero probablemente acabará con los grandes sueldos en el mundo de la gestión y pondrá en peligro el negocio del análisis y el 'brokerage' en España.