Moncloa guarda un as para dilatar más de tres meses la entrada saudí en Telefónica

La compra del 9,9% de Telefónica por parte de la compañía de telecomunicaciones saudí STC Group ya está en marcha. El miércoles se ejecutó la primera mitad de la operación, con la adquisición del 4,9% de las acciones de la empresa española por parte de la corporación propiedad de la familia real de Arabia Saudí. La segunda fase, que afectará al 5% de las participaciones, está condicionada a la obtención de la autorización previa por parte del Gobierno, un requisito que se establece en el sistema del control de inversiones extranjeras regulado en el Real Decreto 571/2023.

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Los saudíes necesitan la luz verde administrativa porque Telefónica es el proveedor principal de los servicios de telecomunicaciones del ejército. Al tratarse de una actividad "directamente relacionada con la defensa nacional", el artículo 18 del real decreto establece un régimen especial que rebaja del 10% al 5% el umbral por el cual la inversión requiere ser autorizada. Dicho precepto exime de requerir el OK del Ejecutivo a la adquisición de participaciones que no alcancen el 5% del capital total, "siempre y cuando no permitan al inversor formar parte, directa o indirectamente, de su órgano de administración".

Entre el 5% y el 10%, no hará falta la aprobación administrativa si el inversor se compromete "fehacientemente en escritura pública a no utilizar, ejercer ni ceder a terceros sus derechos de voto, ni a formar parte de cualesquiera órganos de administración de la sociedad cotizada". STC parece acogerse únicamente a la primera condición, desechando la segunda, debiendo presentar su solicitud de autorización a través de la Dirección General de Armamento y Material del Ministerio de Defensa, departamento que es quien eleva la propuesta al Consejo de Ministros para su resolución definitiva.

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Tres meses... prorrogables

El plazo que la ley fija para que el Gobierno deba responder a la solicitud de autorización es de tres meses. Sin embargo, fuentes jurídicas conocedoras de la operación advierten de que la norma ofrece un as en la manga a Moncloa para alargar la concesión de su visto bueno, empleando el tiempo o la amenaza de bloqueo como una baza negociadora ante Arabia Saudí. Jugar con la paciencia de las partes es un instrumento de presión en las grandes transacciones internacionales. Riad, por su parte, tiene pendiente de cerrar un pedido militar a España, consistente en cinco corbetas, valorado en casi 2.000 millones de euros.

El punto en el que la Administración puede alargar los tiempos es en el trámite de aportación de información para la valoración de las solicitudes de autorización. En este sentido, el real decreto señala que "si la información aportada fuera considerada insuficiente, la dirección general competente podrá requerir al solicitante para que aporte información adicional necesaria". Dicha petición de nueva documentación "suspende el cómputo del plazo de tres meses para resolver y notificar la resolución", especifica la norma. Si el impulsor del proceso no presenta los papeles reclamados, se le tendrá por desistido.

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Sobre a mesa del Gobierno, al analizar esta cuestión, no solo estará la presión que pueda ejercer Riad a través de los negocios abiertos que tiene con España, también el desgaste político que puede provocarle el posicionamiento de Yolanda Díaz, que ayer se manifestó a favor de bloquear la operación. La vicepresidenta y ministra de Trabajo afirmó que la entrada de STC en Telefónica "no se puede consentir" y se comprometió a trabajar "para que no se produzca", un mensaje que afirmó haber trasladado personalmente a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. La propia Calviño, días atrás, aseguró que el Ejecutivo analizaba "todos los factores" del movimiento y advertía de que actuarían para proteger "los intereses y sectores estratégicos" españoles, pero sin poner en duda la autorización final al mismo.

En cualquier caso, tanto STC como Morgan Stanley, el banco de inversión que ha reunido las acciones para los saudíes, cuentan con el respaldo técnico de dos equipos legales de primer nivel. La teleco saudí ha contratado los servicios de Linklaters, con el liderazgo en España de su socio Íñigo Berrícano, uno de los números uno del mercado en el ámbito financiero. Morgan Stanley trabaja con Allen & Overy, con su socio de Financiero, Juan Hormaechea, al frente, acompañado del socio de M&A, Íñigo del Val.