1.080 euros de pensión mínima o por qué a los jubilados vascos no les vale la reforma de Escrivá

Mucho ha cambiado en los últimos cinco años. De hecho, lo que no ha cambiado al menos ha amenazado con hacerlo. En enero de 2018, Mariano Rajoy se sentaba confortablemente en la Moncloa sin ser consciente que en unos meses iba a terminar su carrera política. También por aquel entonces, hablar de pandemias quedaba reservado a los amantes de la historia, los ya incipientes “divulgadores” e incluso a los amigos de lo oculto, que planteaban teorías de futuro para explicar la complejidad de su presente. Y sin embargo, algunos de los debates de aquellos primeros compases de 2018, continúan en la primavera de 2023. La incertidumbre política, geopolítica, económica y social no ha hecho mella en una lucha que dice mucho de nuestro tiempo y retos. Una reivindicación muy representativa del estado de las cosas. En enero de 2018, el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria daba sus primeros pasos. Pronto, sus reivindicaciones los lunes, con los aledaños del Ayuntamiento de Bilbao como escenario principal, se iban a convertir en una constante en el debate político en Euskadi. Y poco a poco, como tantas veces han celebrado, su mecha fue prendiendo en otros puntos de España y sus reivindicaciones cada vez encontraron mayor altavoz. Y aunque por el camino se han apuntado importantes tantos y parte de su agenda ha sido ya incorporada a las pensiones, siguen reivindicando. Esta semana, la misma en que el Gobierno ha presentado una nueva (y controvertida) reforma de las pensiones, los pensionistas vascos han lanzado una ambiciosa protesta: un ayuno-encierro (rotatorio, eso sí) para reclamar una pensión mínima de 1.080 euros.

“Vivir con dignidad”. “Pensiones dignas”. Son mensajes que han sonado constantemente en estos últimos cinco años y que siguen siendo ingredientes fundamentales del discurso del Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria. Un movimiento que ha sido constante y que ha sido capaz de atraer semanalmente la atención de los medios, en Euskadi y fuera de la comunidad, y que ha conseguido granjearse la simpatía de buena parte de la sociedad vasca. En ese camino han conseguido satisfacer algunas de sus reivindicaciones iniciales. En estos años se ha derogado el IRP de la reforma del año 2013 y los mismo ha sucedido con el Factor de Sostenibilidad. Aún así, no dan su lucha por terminada. Es lo que les ha llevado a protagonizar esta semana un ayuno-encierro en un céntrico local en Bilbao. “Estamos haciendo una lucha que es absolutamente justa y cuando una hace lo que cree que tiene que hacer está contento”, explicaba uno de los participantes en el encierro en declaraciones a Radio Popular de Bilbao. 150 pensionistas, 30 cada uno de los cinco días que se ha prolongado, llevan a cabo un encierro-ayuno reivindicativo, consistente en ayunar desde las 23:00 hasta las 11:00 horas. Una semana que terminará con una manifestación este sábado por las calles de Bilbao. La reivindicación estrella es algo que llevan reclamando desde los inicios del Movimiento: el establecimiento de una pensión mínima de 1.080 euros.

Más pensiones, más reivindicaciones

El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria puede resultar, desde fuera, paradójico. Y es que es precisamente la Comunidad Autónoma con mejores pensiones la que ha llevado la voz cantante en la lucha por su mejora. Después de la subida del 8,5%, la pensión media de jubilación en Euskadi está rondando los 1.700 euros (1.676 euros, para ser precisos). Además, más de 40.000 vascos cobrarán la pensión máxima, que se eleva por encima de los 3.000 euros. Unas pensiones que no harán otra cosa que subir cuando empiece a jubilarse el grueso de la población boomer. Aún así, es evidente que trabajar con valores medios entraña un peligro, eclipsa las desigualdades que marcan la situación de los pensionistas. De ahí que el Movimiento de Pensionistas haya hecho tanto hincapié en esas pensiones mínimas. Eso sí, a pesar de las simpatías generadas, esta reivindicación tiene un evidente punto débil. “Las pensiones que nos hemos dado tienen que ver con las cotizaciones hechas”, insistía esta semana Raúl Arza, líder de UGT Euskadi y proponía otra vía para aumentar los ingresos de los pensionistas que cobran el mínimo: la Renta de Garantía de Ingresos. Algo que, de hecho, ya se contempla en la nueva ley de la RGI.

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Una medida que hace que, complemento incluido, eleva la pensión mínima hasta los 1.030 euros, agrandando la diferencia entre el País Vasco y otras comunidades autónomas. Es otro ejemplo de cómo en Euskadi los debates van, en ocasiones, a un ritmo diferente. Algo similar pasa con los salarios. La CAV cuenta con los mejores salarios (medios, otra vez toca hace hincapié en este punto) pero es la comunidad autónoma con mayor conflictividad laboral. Y aunque esto pueda parecer contraintuitivo, tiene toda la lógica. Con movimientos sindicales más empoderados, la protesta es más viable. Recientemente, el sindicato ELA reclamaba un salario mínimo de 1.400 euros para Euskadi y Navarra. Algo para lo que, huelga decirlo, los ejecutivos autonómicos no tienen competencias.

¿Una batalla generacional?

“Los que estamos ya cerquita de la jubilación, vemos las cosas de una manera. Los que ya se han jubilado, lo ven de otra. Y la gente joven, que está pagando y y ve la expectativa de tener una pensión muy lejana y muy difícil, lo ve a su propia manera”. Son palabras de Andoni Ortuzar, presidente del PNV, tras ser preguntado por la reforma de las pensiones. Por más que la afirmación resulte bastante evidente, es infrecuente escuchar a un líder político mencionar al elefante en la habitación: existen sesgos de edad cuando nos acercamos al debate sobre las pensiones. Quizá no sea un enfrentamiento, como algunos lo han venido a llamar, pero es obvio que los jóvenes ven las pensiones de manera diferente a sus mayores. Ya en el año 2020, un estudio del BBVA señalaba que la mitad de los menores de 42 años no confiaba en cobrar una pensión pública al momento de jubilarse.

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“No creo que la vaya a tener”, dice contundente Egoitz, de 25 años y que lleva ya unos cuantos trabajando y cotizando. “Con la pirámide actual, no creo que se pueda sostener el sistema”. señala y se inclina por sistemas que permitan más capacidad de ahorro. “Puedo gestionar mi dinero mejor que el Gobierno”, dice algo hastiado. Su discurso, como el de otros, termina mirando a los políticos. “No se atreven a meterle mano a las pensiones", señala.

En el fondo, lo que chocan son dos visiones legítimas de la situación actual, marcadas ambas por su posición en la pirámide poblacional. Están quienes temen que no se honre el “contrato” que “firmaron” con el sistema y están las generaciones más jóvenes que sienten que las han puesto como avalistas de una pesada hipoteca sin tan siquiera haberles consultado. Hay quienes ven incluso una mano negra en todo esto, que perciben más como un enfrentamiento que como una diferencia de pareceres. En el aniversario de sus primeras protestas, en el mes de enero, el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, afirmaba que quería dar respuesta “al enfrentamiento intergeneracional propiciado por la derecha y el mundo financiero”. Podría, quizá, apostillar un joven, que si les afecta menos es precisamente porque sus sueldos son, por lo general, inferiores. Y eso quizá no sea un conflicto intergeneracional pero sí un problema generacional que merece ser tomado en consideración. “Claro que me gustaría tener pensiones, pero antes de pensar en ello quiero un salario digno, quiero poder tener un proyecto de vida”, explica Ander, treintañero y tampoco demasiado optimista sobre su futuro pensionista.

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EFE

No es de extrañar que fuesen los jóvenes quienes con más fiereza se lanzaron a criticar a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuando afirmó en un mitin que “los abuelos no quieren la pensión para ellos”. Decía la ministra, por más que lo negase después al ser preguntada en los pasillos del Congreso, que las pensiones son “el salario mejor repartido para las familias”. Un discurso muchas veces escuchado. Sí, hay familias que, desgraciadamente, tienen que exprimir al máximo la pensión del abuelo. Pero es una realidad trágica y nada deseable, no una situación que deba servir para que una ministra saque pecho. Quizá, ese “desliz” de Maria Jesús Montero sea una de los más claros ejemplos de las coordenadas en las que se desarrolla el debate por las pensiones.