¿Dónde está el dinero de las pensiones de los 'baby boomers' tras 40 años cotizando?

La semana pasada, el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, generó una fuerte polémica respecto al futuro mecanismo de equidad intergeneracional que quiere negociar con los sindicatos y la patronal. El ministro avanzó que los trabajadores de la generación del ‘baby boom’ tendrían que aceptar un pequeño ajuste en su pensión o un aumento de su edad de jubilación para asumir una parte de los costes que posteriormente supondrán sus pensiones. La respuesta de muchos trabajadores del ‘baby boom’ fue inmediata: "Yo llevo más de 40 años cotizando y me merezco mi pensión".

No les falta razón: después de más de 40 años de cotización hay acumuladas ya aportaciones suficientes como para percibir su prestación. Sin embargo, hay algo en esa afirmación que no se sostiene: si llevan más de 40 años cotizando, ¿dónde está ese dinero? 'Spoiler': ya se lo gastaron y no queda nada.

Durante décadas, se han utilizado las cotizaciones a la Seguridad Social para financiar otras partidas presupuestarias que nada tenían que ver con las prestaciones contributivas. Por ejemplo, las cotizaciones financiaron hasta finales de los noventa una parte de la sanidad pública. No es extraño que hoy muchos españoles sigan llamando a la sanidad pública "la Seguridad Social", porque durante años se pagó parte de este gasto corriente con las cotizaciones sociales.

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No solo eso, una buena parte de las infraestructuras sanitarias existentes hoy en día, principalmente hospitales, se levantó con el dinero de las cuotas. Muchos de ellos fueron traspasados a las comunidades autónomas cuando se transfirieron esas competencias y otros siguen en el balance de la Seguridad Social, pero son explotados por las regiones sin contraprestación.

Además de este gasto corriente e inversión sanitaria, las cotizaciones sociales han pagado, y siguen haciéndolo, muchas políticas de empleo, ya sean prestaciones, ayudas a la contratación, reducciones de cuotas, etc. Esto explica que todas las aportaciones de la generación del ‘baby boom’, que hicieron en unos años en que el gasto en pensiones era muy reducido por la propia estructura de la pirámide poblacional (con una sociedad muy joven), ya se hayan gastado.

En el año 2018, el Tribunal de Cuentas realizó una estimación de la deuda histórica del Estado con la Seguridad Social que cuantificó en casi 200.000 millones de euros a precios actuales. Esto es, una cuantía que más que duplica el dinero que llegó a acumularse en el Fondo de Reserva (conocido popularmente como hucha de las pensiones). Esta deuda solo incluye los gastos que en algún momento fueron reconocidos como ‘impropios’ pero que se siguieron financiando con cargo a pensiones, por ejemplo, los costes sanitarios se reconocieron en 1989, pero la separación de esta fuente no se completó hasta 1999. Pero además de esta deuda, existe otra no cuantificada por los gastos soportados por la Seguridad Social antes de que fuesen reconocidos como impropios y que el Tribunal de Cuentas no ha valorado. Entre ellos, se encuentran los 22.000 millones que acaba de acordar el Gobierno con los agentes sociales para la reforma de las pensiones y que se llevan soportando desde hace décadas con cotizaciones sociales.

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Esta demora en la asunción por el Estado de la totalidad de sus compromisos ha causado un serio perjuicio al sistema de pensiones, puesto que ha tenido que soportar con cargo a sus recursos (fundamentalmente, cotizaciones sociales) la parte del coste no asumida por el Estado. Esta ha sido la principal causa de la situación de endeudamiento y de las tensiones de liquidez que han afectado y afectan actualmente a la Seguridad Social. De hecho, lo que no es comprensible es que España llegue al momento de la jubilación de la generación del 'baby boom' con una situación presupuestaria tan delicada, algo que no ha ocurrido en otros países europeos.

Pero eso no significa que ese dinero se haya perdido. Al contrario, durante los años de superávit en la Seguridad Social, se utilizaron estos fondos para financiar los gastos del Estado sin necesidad de endurecer la presión fiscal. Por ejemplo, cuando empezaron a entrar en el mercado laboral los jóvenes de la generación del 'baby boom', coincidiendo con el periodo de la Transición, la presión fiscal que soportaban los españoles se situaba en el entorno del 20% del PIB. Esto es, al menos 13 puntos inferior a la presión fiscal actual.

El excedente que generaban las cuotas a la Seguridad Social se utilizaba entonces para incrementar el gasto público sin elevar esta presión fiscal, lo que, en definitiva, supone elevar la renta disponible de los hogares. Por ejemplo, el IVA fue introducido en el año 1986, con la entrada de España en la UE, y el tipo máximo que se aplicaba era del 12%, apenas la mitad del actual, que es del 21%. En cuanto al IRPF, el tipo mínimo se situaba en el 8%, muy por debajo del 20% actual (varía levemente en función de las comunidades autónomas).

La presión fiscal media de España durante los ochenta fue del 26% del PIB, seis puntos por debajo del nivel actual. Hasta finales de los noventa, no se alcanzaron las cotas actuales, lo que implica que una buena parte de la carrera laboral de la generación del ‘baby boom’, en torno a la mitad, la hicieron con una presión fiscal más baja que la actual. En términos de renta disponible neta de los hogares, se trata de una importante mejora respecto a las generaciones actuales. Por el contrario, el gasto público superó durante los años ochenta el 40% del PIB, niveles ya similares a los actuales que se sostuvieron con deuda y también con las cotizaciones sociales.

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Esto explica por qué ya no queda nada de todo lo que han cotizado las generaciones del ‘baby boom’. Se lo gastaron todo cuando la pirámide poblacional era muy favorable y ahora, cuando el envejecimiento empieza a ser un problema, no queda dinero y hay que buscar otras vías para financiar las pensiones. El 34% de presión fiscal actual ya se ha quedado corto, porque es insuficiente para reducir el déficit estructural de las administraciones públicas. De hecho, solo para financiar los 22.000 millones que transferirá el año que viene el Estado a la Seguridad Social, será necesario un punto y medio de recaudación adicional. Y este balance se seguirá deteriorando en los próximos años, cuando la generación del 'baby boom' empiece a jubilarse.

El resultado será que los trabajadores actuales soportarán una carga impositiva superior a la que soportaron los de la generación del ‘baby boom’ para poder pagar las pensiones y revalorizarlas con el IPC. Si no hay dinero ahorrado y las pensiones son intocables, entonces no queda otra alternativa que incrementar los ingresos, restando renta disponible a las familias. Porque los 'más de 40 años cotizados' generaron un dinero que se gastó para mantener el estado de bienestar con una presión impositiva muy inferior a la actual.