El Gobierno y los sindicatos consagran el sistema de pensiones hasta 2050 sin la CEOE

La palabra que más se escucha en la sala de prensa del Ministerio de Seguridad Social es histórica. Así han calificado la reforma de las pensiones las tres partes que este miércoles han cerrado el acuerdo: el Gobierno, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores. El Ejecutivo y los sindicatos han consagrado las líneas maestras del modelo de jubilaciones en nuestro país durante las tres próximas décadas. Y lo han hecho con la llamativa ausencia de la patronal, que se ha desmarcado de un pacto que sube progresivamente las cotizaciones sociales.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha explicado que el segundo tramo de la reforma, que cuenta con el aval de Bruselas, será un "ejemplo internacional" para los otros siete países comunitarios que afrontan procesos similares, entre ellos Francia e Italia. El acuerdo, que primero se selló en el seno de la coalición, asegura —según Escrivá— la "suficiencia, sostenibilidad y equidad" del sistema, los tres principios acordados por los partidos en el Pacto de Toledo. Lo conseguirá a través de un incremento de los ingresos que permitirá equilibrar el aumento del gasto previsto para los próximos años.

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El compromiso de cuadrar las cuentas era una condición de Bruselas, tras una primera parte de la reforma, aprobada en 2021, que garantizaba la revalorización de las pensiones conforme al IPC. En esta segunda, el acuerdo ha sido mucho más difícil, y de hecho ha llegado con más de dos meses de retraso respecto al plazo del 31 de diciembre establecido en el plan de recuperación. Una vez que el texto sea aprobado en el Consejo de Ministros, algo que sucederá en una reunión extraordinaria que se celebrará este jueves, el Gobierno podrá solicitar el cuarto desembolso de los fondos europeos. Con la parte técnica resuelta, la política versará sobre la convalidación del real decreto. El Partido Popular y Vox ya han anunciado que votarán en contra, mientras que los socios del Ejecutivo ven los cambios con buenos ojos.

Fuentes sindicales aseguran que aún quedan unos pequeños detalles por cerrar, pero el documento ha sido validado este miércoles por las ejecutivas de Comisiones Obreras y UGT, una vez que el Gobierno ha introducido algunas modificaciones a petición de las centrales. Entre los flecos cerrados en las últimas horas está una salvaguarda para garantizar que las pensiones mínimas tengan un suelo del 60% del salario mediano —el llamado umbral de pobreza— a partir de 2027 y las no contributivas lleguen al 75% de esa cifra en los hogares unifamiliares. También se han pulido algunos aspectos para mejorar la equidad entre hombres y mujeres, a través de una mejor cobertura de las lagunas de cotización, que afectan más a estas por el hecho de tener carreras más irregulares.

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Pero los aspectos básicos del acuerdo entre Unidas Podemos y el PSOE, que se alcanzó en la noche del pasado jueves, se mantienen: un incremento de las bases máximas de cotización a partir de 2024, a un ritmo de 1,2 puntos por año —que se añadirán al IPC—, 10 veces superior al de las pensiones máximas; un recargo de solidaridad para la parte que se quedaba sin cotizar en los salarios más altos, que partirá del 1% en 2025 e irá subiendo hasta el 6% en 2045, a un ritmo de 0,25 puntos por año; y la subida del mecanismo de equidad intergeneracional, que es un recargo a todas las cotizaciones, desde el 0,6% hasta el 1,2%, a un ritmo de una décima anual a partir de 2024.

Además, el Gobierno ha salvado el obstáculo del incremento de los periodos de cómputo con un sistema flexible que permitirá elegir entre los 25 años actuales o 29, pero con el descarte de los dos peores. El líder de UGT, Pepe Álvarez, ha calificado la fórmula de "virtuosa", por cumplir con las exigencias de Bruselas sin recortar las pensiones. Esta era una línea roja de los sindicatos, aunque la sucesión de medidas que se han implantado para conseguirlo no cuenta con el aval de la patronal ni de la oposición, que las califican de "parches".

Tanto Escrivá como el líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo, han situado a quienes se oponen a los cambios fuera del momento histórico actual, donde hasta la propia Comisión Europea ha dejado atrás la ortodoxia que caracterizó a la crisis financiera. "Quienes están en los arrabales de la centralidad son los que siguen añorando desde la melancolía las políticas de austeridad", ha dicho Sordo. Según el Ejecutivo y los agentes sociales, el aval comunitario demuestra la vocación de permanencia de la reforma, que —destacan— supone un pacto generacional, al ofrecerles certezas a los jóvenes sobre su futura jubilación.

El ministro también ha ironizado sobre los recientes documentos, como los de BBVA Research o Fedea, que ponen en cuestión los cambios introducidos: "Me maravilla que haya servicios de estudios que pueden hacer estimaciones tan rápidas en horas para algo que lleva meses de trabajo y de cálculos, cuando ni siquiera se ha divulgado el texto completo". La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), ha recordado, revisará el balance cada tres años por si se produjesen desajustes con las previsiones del Ejecutivo.

Escrivá calcula que el coste laboral aumentará 37 céntimos durante las próximas tres décadas y seguirá siendo muy inferior a la media europea

Durante los últimos días, la mayoría de expertos ha rechazado la reforma, por hacer descansar todo el peso en las rentas de trabajo en un país con la mayor tasa de paro de Europa. Sin embargo, Escrivá ha aclarado que el coste laboral solo se incrementará en 37 céntimos durante las próximas tres décadas, y seguirá siendo muy inferior a la media europea y al de países con una productividad similar a la española, como Italia. "No son las cotizaciones del empresario, las pagamos con nuestro trabajo", ha argumentado Álvarez.

La reforma asegura la viabilidad del sistema hasta 2050 a costa de una mayor contribución de los salarios. Según el Gobierno y los sindicatos, el envejecimiento de la población y la jubilación de la generación del baby boom, más numerosa y con sueldos más elevados que las precedentes, solo dejaba dos alternativas para asegurar el futuro de las pensiones: o se recortaban o se incrementaban los ingresos. Una vez descartada la primera tras la vinculación con el IPC, la única opción, dicen, era optar por la segunda. "Las medidas tomadas son el equivalente al índice de revalorización de las pensiones y el factor de sostenibilidad del Partido Popular, que sostenían el sistema recortando las pensiones hasta un 30%", ha concluido Escrivá antes de marcharse al Congreso para presentar los acuerdos en el Pacto de Toledo.

Cisma en el Pacto de Toledo

La reforma de Escrivá ha generado división en el foro encargado de dejar el futuro de las pensiones al margen de la refriega política. Además de la previsible oposición de Vox, el Partido Popular ha utilizado un tono muy duro contra el ministro. El diputado Tomás Cabezón lo ha acusado de hacer lo contrario de lo que predicaba en su época la frente de la AIReF, cuando defendía una bajada de las cotizaciones sociales: "Si usted volviese a ser independiente, estaría criticando a pleno pulmón una iniciativa poco fiable. ¿No le deja Sánchez o es la otra parte del Gobierno?". El portavoz popular ha citado la larga lista de expertos que se opone a la reforma para censurar lo que considera un ataque a la contributividad —recibir una paga proporcional a lo cotizado— y a la equidad intergeneracional, ha calificado de "bochornoso" el movimiento del Ejecutivo e incluso ha llegado a sugerir la dimisión del ministro.

Escrivá se ha quejado del tono de la intervención del primer partido de la oposición, que ha calificado de "populista", pero también ha entrado en la refriega con un discurso muy político que evidencia el cisma en el Pacto de Toledo. El ministro de Seguridad Social ha afeado los cambios de posición del PP durante los últimos años, que atribuye a sus intereses electorales: "Lo que esperábamos de él son alternativas". Además, ha matizado que sus opiniones sobre las cotizaciones sociales se referían a las relacionadas con el empleo, no con las pensiones: "A mí a credibilidad no me gana nadie"

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El malestar del bloque de la derecha no solo es por el fondo, sino también por las formas empleadas por el Ejecutivo. El Partido Popular ha recriminado al ministro que acuda al Congreso tras ocho meses sin rendir cuentas ante el Pacto de Toledo, mientras que grupos como Ciudadanos han censurado que haya anunciado la reforma en los medios de comunicación y solo haya repartido el borrador a los partidos afines. Su tramitación como real decreto, que dificulta la participación de las Cortes en la ley, también ha sido objeto de críticas.

Durante el debate parlamentario, los socios del Gobierno no han pronunciado el calificativo de histórico que llena la boca del PSOE, pero sí se ha podido palpar un clima más favorable que en sesiones anteriores. ERC y Bildu ven pasos positivos en el pacto alcanzado este miércoles, aunque no han revelado el sentido de su voto a la espera de conocer todos los detalles de real decreto que aprobará el Consejo de Ministros.

El portavoz del Grupo Republicano en la Comisión del Pacto de Toledo, Jordi Salvador, ha destacado los progresos respecto a las primeras propuestas que presentó el Gobierno: "Hoy es un punto de inflexión importante. La música suena bien y hay avances cruciales, poco tiene que ver con lo que escuchamos hace unos meses".

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Aunque más cauto, Iñaki Ruiz de Pinedo, de EH Bildu, también ha reconocido que el acuerdo alcanzado por los sindicatos es mejor que los borradores anteriores. Sin embargo, la formación independentista mantiene algunas reivindicaciones específicas para el País Vasco. Es el caso del suelo de las pensiones mínimas, que se calculará de la misma manera para toda España, pese a que los salarios en Euskadi son un 30% más elevados.

Mucho más ambiguo, Iñigo Barandiaran, del PNV, ha criticado el impacto de la reforma sobre el principio contributivo del sistema: "Algunas cosas nos gustan, otras no tanto y en otras les tenemos que pedir aclaraciones". El voto de la formación jetzale es una de las incógnitas de cara a la convalidación del real decreto: se debate entre el apoyo y la abstención.