Sánchez salva la reforma de las pensiones en plena crisis con UP y pone a Feijóo en una encrucijada

El Gobierno se ha apresurado a dar carpetazo a una de las peores semanas que se recuerdan en la coalición, por el solo sí es sí, con el acuerdo sobre las pensiones, uno de los grandes compromisos de la legislatura y una reforma clave para desbloquear el siguiente tramo de los fondos europeos para la recuperación. Según pudo confirmar El Confidencial, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha acercado posiciones con varias fuerzas del arco parlamentario, como ERC y Bildu, para garantizar la luz verde del Congreso una vez la propuesta reciba el visto bueno de Bruselas. Pero, una vez más, Génova denuncia que el Ejecutivo les ha orillado en la negociación de un "asunto de Estado de primer nivel" para el que no ha habido "ni una sola llamada".

Moncloa nunca quiso explorar la carta del PP para sacar adelante esta reforma, lo que llevaría a la coalición a una situación sin retorno, y forzó la renegociación con la Comisión Europea para encajar las exigencias de Unidas Podemos. Esto es, que la ampliación del periodo de cómputo de los años cotizados para calcular la jubilación no sea obligatoria. Fuentes directas de las conversaciones, incluso en los momentos en los que seguían encalladas tras varias semanas de haberse sobrepasado el plazo de aprobación comprometido con Bruselas, aseguraban que no había "ninguna posibilidad" de intentar aprobar la iniciativa con los populares ni de peinar el decreto en la parte de los ingresos para acercar a la patronal.

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En la dirección del PP no esconden un malestar mayúsculo por la "deslealtad" que, a su juicio, supone que Sánchez haya roto un "consenso histórico" entre las dos grandes fuerzas para atar "una de las patas del sistema de protección social de este país". Más allá de eso, por el momento los populares meten en el congelador el sentido de su voto al eventual decreto que presentará el Ejecutivo, a la espera de conocer el veredicto de Bruselas al respecto. Desde el Gobierno aseguran que el pacto interno cerrado entre el Ministerio de Seguridad Social y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, entra dentro de los parámetros exigidos por la Unión Europea, pese a que la Comisión había mostrado sus recelos respecto al escenario de gravar aún más la fiscalidad del trabajo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se apresuró este viernes a asegurar que la reforma parte del "acuerdo y consenso con las instituciones comunitarias". Una confirmación que eleva la presión sobre Génova. No solo por el hecho de situar al PP en la difícil situación de justificar un rechazo a un acuerdo con la Comisión Europea, sino porque de la convalidación de este decreto depende el próximo desembolso de los fondos europeos. El propio Sánchez se refería a ello este viernes al argumentar que el acuerdo fue "fruto de un intenso diálogo con la Comisión y, por tanto, cumple con los hitos y objetivos establecidos en el plan de recuperación". Unos hitos, añadió, cuyo cumplimiento conlleva "los distintos desembolsos que hacen posible que se materialicen inversiones importantes".

El Gobierno ha convertido sus batallas políticas en la UE en una prioridad para impulsar su gestión en clave nacional y la reforma de las pensiones es otra de ellas. El aval de Bruselas se utiliza para homologar las políticas y diluir las críticas del PP. Como con la excepción ibérica para topar el precio del gas o el impuesto a las energéticas para tasar sus beneficios extraordinarios, que se emplearon a modo de antídoto para tratar de invalidar las críticas de la oposición en casa, o las alertas en política fiscal de organismos económicos independientes.

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El último bloque de la reforma de las pensiones incluye, entre otros puntos, una opción flexible para el periodo de cómputo, ofreciendo al pensionista elegir si continúa con el sistema actual —que incluye los últimos 25 años— u opta por ampliarlo a 29, pudiendo descartar en este caso los dos peores. Otra de las líneas clave que incluye es el destope de las bases máximas de cotización como principal herramienta para aumentar los ingresos y garantizar la estabilidad del sistema. La intención de compensar el gasto mediante el recargo a los sueldos altos y la recarga del coste sobre las empresas es una línea roja para la patronal —el presidente de ATA, Lorenzo Amor, llegó a acusar al Ejecutivo de "voracidad recaudatoria"—. Y el PP no duda en cerrar filas con los empresarios, acusando a Escrivá de imponer un "impuesto encubierto al trabajo" que, aseguran, puede comprometer la situación económica.

"Hay que realizar un análisis mucho más profundo. La clave es generar más recursos, no con ideología, sino centrado en el crecimiento económico", comentan en el entorno del responsable económico de Génova, Juan Bravo. Es el mismo argumento que trasladan otras fuentes del PP con competencias en la materia. "El mensaje que se manda a las empresas es nefasto. Una sobrecotización no es un panorama idóneo para fomentar la inversión. Incrementar sí o sí los ingresos ejerciendo una mayor presión sobre los empresarios no es un proyecto en el que, a priori, podamos estar de acuerdo", subrayan. "El destope de las cotizaciones es muy peligroso y conlleva riesgos, porque se rompe el principio de justicia retributiva", añade otra fuente autorizada del partido.

Pese al rechazo rotundo a esta medida, el PP ha ido encorsetando su discurso conforme han ido trascendiendo los detalles de la negociación del Ejecutivo, sobre todo con la vista puesta en el criterio de Bruselas. Por el momento, en Génova mantienen la prudencia y evitan aclarar cuál sería el sentido de su voto a una propuesta que podría llegar al Congreso en las próximas semanas, a la espera de conocer "la letra pequeña" del texto y, sobre todo, de si hay o no luz verde por parte de la Comisión Europea. "Todo lo que conlleve un consentimiento por parte de Bruselas está firmemente supervisado", señaló en RNE el vicesecretario de Institucional del partido, Esteban González Pons, poniendo negro sobre blanco hasta qué punto es importante lo que tenga que decir la UE para definir su postura. "Todo lo que suponga garantizar derechos de los pensionistas y que no se pierda poder adquisitivo (...) contará con el apoyo del PP", incidió.

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Mucho menos optimista se mostró Juan Bravo, que denunció ante los medios la tardanza del Gobierno en presentar una reforma que estaba comprometida con Bruselas para el 31 de diciembre, y cuya propuesta "no garantiza la sostenibilidad del sistema de pensiones". Tras censurar que toda la información con la que cuenta el equipo de Feijóo procede en exclusiva de las "filtraciones" a los medios y de los datos que concede Bruselas, el dirigente volvió a cargar contra la propuesta de ampliar las cotizaciones máximas, una medida a su juicio negativa porque España "tiene ya las cotizaciones más altas de la media de la OCDE". "Si lo que queremos es generar empleo y sostenibilidad, no parece que esa sea la fórmula", añadió.

Si como adelantó El País y ha asegurado Sánchez este viernes en declaraciones a los medios desde Barcelona, la propuesta tiene el beneplácito de Bruselas, Feijóo se encontrará ante la encrucijada de optar por un voto favorable a una propuesta que considera lesiva para las empresas; o, por el contrario, votar en contra de un decreto pactado con la UE y, por extensión, contra el desbloqueo del siguiente tramo de fondos europeos para la recuperación. En caso de optar por la segunda opción, los populares podrían reforzar su postura con el portazo que previsiblemente emita la CEOE. Tras su aterrizaje en Génova, el líder popular ha ido tejiendo una relación de confianza con la patronal, y fuentes de la cúpula apuntan a que el contacto es "constante", tanto en el ámbito de la dirección nacional como en el del Grupo Parlamentario Popular en el marco del Pacto de Toledo. Desde la parte morada del Gobierno, entienden que "con la patronal fuera del acuerdo del diálogo social", el PP podrá argumentar un voto en contra del decreto.

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En cualquier caso, el PP exige al Gobierno que, como mínimo, le informe sobre los pormenores del texto que sí ha presentado a sus socios habituales del arco parlamentario. Las fuentes consultadas aseguran que el vicesecretario económico, Juan Bravo, solo se ha visto en dos ocasiones con José Luis Escrivá, unas reuniones privadas que se celebraron hace meses, poco después de que el andaluz ocupase su nuevo puesto en Génova, y en las que niegan que se comentase ni una coma del acuerdo para las pensiones. Sí han existido conversaciones en segundos niveles, por ejemplo con el secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, pero sin que se haya puesto encima de la mesa negociación alguna sobre una de las reformas más importantes de la legislatura.

Al margen de ERC y Bildu, que suelen votar con el Ejecutivo previa negociación, el PNV ha puesto en evidencia sus recelos respecto a la posibilidad de avalar la reforma, aunque los nacionalistas vascos sí reconocen que ha existido una "conversación informativa" con el Ministerio de Seguridad Social, un contacto mínimo que, reiteran en el PP, ni siquiera se ha producido en su caso.