Su propuesta cuando presidía AIReF

La receta para salvar las pensiones de Escrivá, nuevo ministro de Seguridad Social

Escrivá propuso una batería de medidas para resolver el déficit que incluyen el aumento de la edad efectiva de jubilación (no la legal), el periodo de cálculo y traspasar gastos al Estado

Foto: El nuevo ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, durante su etapa al frente de la AIReF. (EFE)
El nuevo ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, durante su etapa al frente de la AIReF. (EFE)

Uno de los grandes retos que tendrá por delante el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez será el de garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones que adolece de un déficit estructural del 1,5% del PIB (unos 18.000 millones de euros). Para tamaña tarea el presidente ha elegido a un reputado economista independiente que hasta ahora era el encargado de velar por el cumplimiento de las cuentas públicas desde su cargo de presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, que será el nuevo ministro de Seguridad Social.

La trayectoria de este economista siempre ha estado ligada a las principales instituciones económicas (Banco de España, Instituto Monetario Europeo, Banco Central Europeo, BBVA Research, Banco Internacional de Pagos y AIReF) y destaca por su perfil técnico e independiente. Precisamente su elección responde a la necesidad de alcanzar un gran pacto de estado sobre el futuro de la Seguridad Social que esté basado en criterios técnicos. Escrivá ya analizó en profundidad las deficiencias del sistema de pensiones durante su etapa al frente de la AIReF y publicó un informe en el que lanzaba sus propuestas para apuntalar su sostenibilidad.

Para lograrlo, Escrivá planteó dos líneas de actuación, que responden a los dos problemas que tiene la Seguridad Social: el déficit actual derivado del hundimiento de las cotizaciones sociales por la crisis y el déficit futuro que será consecuencia del envejecimiento de la población.

Para solucionar el agujero actual, de unos 18.000 millones de euros, es necesario pasar el déficit de la Seguridad Social al Estado, sostiene Escrivá. Dos serían las vías elegidas para lograrlo. La primera es destinar una participación mayor de las cotizaciones sociales del trabajo al pago de pensiones, restando la cuantía destinada al pago del desempleo. Actualmente, los trabajadores asalariados pagan un 35% de su salario bruto en cotizaciones (suma de la cuota obrera y la empresarial), y esta se reparte en 8 puntos para el seguro por desempleo y 28 puntos destinados a las contingencias comunes (pensiones).

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Escrivá considera que estos 8 puntos destinados al desempleo se pueden disminuir para elevar la asignación correspondiente a la Seguridad Social para así acercar a España a la media de nuestro entorno, que es de 3,8 puntos. Cada punto de cotización aporta unos 3.000 millones de euros, por lo que tiene una gran capacidad recaudatoria. El nuevo ministro proponía desviar 3,5 puntos del SEPE a la Seguridad Social, lo que aportaría unos 10.400 millones de euros anuales al sistema de forma inmediata.

Cada punto de cotización aporta unos 3.000 millones de euros, por lo que tiene una gran capacidad recaudatoria

Además, Escrivá proponía traspasar los gastos de funcionamiento del sistema que actualmente los soporta la Seguridad Social y que se podrían financiar con cargo a los presupuestos generales del estado a través de una transferencia. Esto supondría un ahorro de 4.000 millones de euros. También propuso que las políticas de reducción de las cotizaciones para estimular el empleo y las ayudas a determinados regímenes las pague igualmente el Estado, lo que supondría un ahorro de unos 3.000 millones de euros.

En total, con esta reducción de costes y aumento de los ingresos se podría equilibrar la situación actual de la Seguridad Social y superar el déficit que ha dejado la crisis. Eso sí, esta factura de 17.400 millones de euros tendría que asumirla el Estado; en concreto la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Esto significa que los problemas se cambian de caja, pero no se solucionan. Sería necesaria una subida de impuestos o un recorte de gasto en otras partidas para encajar este déficit dentro del presupuesto.

Los problemas de largo plazo

Los problemas de largo plazo de la Seguridad Social se deben al envejecimiento de la población y al aumento paulatino de la pensión media. Este nuevo déficit no debería solucionarse trasladándolo al Estado, sino que debería ser la propia Seguridad Social quien generase dichos recursos. Escrivá propuso dos medidas para lograrlo, por una parte, un aumento de los ingresos y, por otra, un recorte de los gastos. Eso sí, estas medidas están diseñadas teniendo en cuenta que puedan tener la mayor aceptación social posible.

Para elevar los ingresos, Escrivá considera que la vía factible para hacerlo es aumentar la edad efectiva de jubilación un año para aproximarla a la edad legal. En otras palabras: reducir las jubilaciones anticipadas y alargar la vida laboral voluntaria de los trabajadores. En 2018 la edad efectiva de jubilación era los 62,7 años frente a la edad legal que supera levemente los 65 años y que subirá hasta los 67 años en 2027 (cuando finalice el periodo transitorio de la reforma de 2011 de Zapatero). Esta diferencia es la que hay que atajar.

Es posible llegar a un aumento de edad efectiva mediante vías que no impliquen un aumento generalizado de la edad legal

"Es posible llegar a un aumento de edad efectiva mediante distintas vías que no impliquen necesariamente un aumento generalizado de la edad legal", señalaba en el informe. En la simulación que realizó la AIReF, el aumento de la edad efectiva de jubilación hasta los 65,5 años generaría una reducción de gastos de entre 0,4 y 1,2 puntos porcentuales del PIB y una mejora de los ingresos de entre 1 y 3 puntos porcentuales en 2048.

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La segunda propuesta, dirigida a minimizar el gasto, consiste en ampliar el periodo de cálculo de la pensión desde los 25 hasta los 35 años. Esto supondría que se emplearían los primeros años de la carrera de cotización de los trabajadores para determinar su pensión inicial, por lo que tendería a reducirlas. Según la estimación de la AIReF, generaría un ahorro del gasto de 0,5 puntos porcentuales del PIB.

Estas dos medidas permitirían reducir el déficit de la Seguridad Social entre 1,8 y 4,7 puntos del PIB a largo plazo. Un efecto significativo que permitiría absorber la mayor parte del déficit generado por el envejecimiento sin necesidad de tocar las pensiones actuales. Eso sí, el esfuerzo recaería sobre los trabajadores en activo en la actualidad, que habrían de retrasar su jubilación y tendrían un cálculo de la pensión inferior al de la generación previa.

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