Sánchez y la izquierda alimentan un frente por las residencias de mayores contra Ayuso

La izquierda, con la Moncloa a la cabeza, ha encontrado un resquicio para atacar a Isabel Díaz Ayuso. El suceso en la residencia de Aravaca, donde murieron tres ancianas en un incendio, ha alimentado un frente común por los centros de mayores, que abarca desde los protocolos durante la pandemia a la gestión de los geriátricos públicos. El PSOE y Más Madrid llevarán esta estrategia hasta el extremo, tanto en la Asamblea de Madrid como en el pulso contra la Comunidad de Madrid.

La ofensiva ya está en marcha. El Gobierno de Pedro Sánchez irrumpió este martes en la polémica y señaló directamente a la presidenta autonómica. "El patrón siempre es el mismo: abandono, errores continuos, mala gestión y una dolorosa falta de empatía", dijo la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, tras conocerse que las salidas de emergencia de la residencia de Aravaca estaban bloqueadas y con importantes deficiencias en materia antiincendios, según el atestado policial.

El movimiento de la Moncloa es la cabeza de la serpiente. El PSOE de Madrid, que exigió explicaciones al Gobierno regional, ha dado orden a todos sus alcaldes y portavoces en la región de que impulsen inspecciones en todos los centros de la región. "No hemos aprendido nada", declaró el líder socialista en la Cámara madrileña, Juan Lobato, con un paralelismo entre el incendio y la gestión durante el covid, cuando los pacientes más graves de las residencias no fueron derivados a hospitales.

Más Madrid mantiene la misma beligerancia y ya ha reclamado la comparecencia de la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila-Ponce de León, para que explique lo ocurrido en Aravaca en la Asamblea. "Hay un patrón sangrante y doloroso en la gestión de las residencias de Madrid", subrayó la portavoz del partido, Manuela Bergerot.

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La Comunidad de Madrid se sacude las acusaciones y niega cualquier responsabilidad. Tanto en los peores momentos de la pandemia como ahora. "El ansia por atacar a Ayuso le hace ya no solo cometer indignidades como estas, sino errores de bulto como lo relativo a las competencias", apuntan fuentes de Sol, en alusión a la acusación del Gobierno de que la consejería tuvo algo que ver en el incendio.

El Ejecutivo autonómico sostiene que no tiene ninguna responsabilidad en lo sucedido y remitió a la investigación abierta, en manos de la Policía Nacional, que apunta a la explosión de un cargador de móvil en mal estado como la hipótesis principal. "La Comunidad de Madrid hizo dos inspecciones en abril y agosto, y constan los certificados de que las instalaciones estaban conforme a la legislación antiincendios. Culpar a la presidenta de abandono es absurdo. Es como culparla de que haya un incendio en un restaurante", explican en el equipo de la presidenta.

La propia Ayuso acusó públicamente al Gobierno de urdir una campaña en su contra e instrumentalizar las tres muertes en el accidente de Aravaca. "Están echados al monte. Son inhumanos y excéntricos", subrayó.

Atestado del incendio

Pilar Alegría aprovechó la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para atacar a la Comunidad de Madrid, tras conocer los detalles del atestado policial, que apunta a que las salidas de emergencia estaban bloqueadas. Según el escrito de los agentes, las dos puertas se encontraban en la primera planta del complejo. Una de ellas, que daba a la calle, no estaba operativa. Mientras que la otra, que daba a la terraza del inmueble, tampoco estaba disponible.

También indicaron que "no existen luces de emergencia en ninguna estancia" y que el pulsador para dar la alarma en caso de incendio "no emite ninguna señal luminosa ni acústica al ser accionado". Los bomberos, además, señalaron que la bomba de presión de la boca antiincendios "no tenía presión" cuando los policías intentaron sofocar las llamas.

Las residencias de mayores han vuelto al debate político en la Comunidad de Madrid y ya es el principal caballo de batalla. Más Madrid y el PSOE llevan días exprimiendo el tema, a pesar de que los tribunales han archivado las denuncias por supuesta negligencia en la atención.

Los dos partidos sostienen sus argumentos en las actas policiales elaboradas durante la pandemia, que corroboran que la Comunidad de Madrid no derivó a los internos más críticos. "Están a punto de acusarnos de genocidio y no lo voy a tolerar", se defendió Isabel Díaz Ayuso, que aseguró que el final de los fallecidos era inevitable. La tensión y la bronca volverán a marcar el pleno de este jueves en la Asamblea. Y seguramente los siguientes. Si la crisis sanitaria fue el punto débil del PP en el final de la legislatura pasada, ahora lo serán las residencias de mayores. Otra vez.