La historia no contada del cierre de la UCI pediátrica de La Paz: "Aquí hay gato encerrado"

Un día después de que el Hospital La Paz decretara el cierre de la UCI pediátrica, su único efectivo y jefe de servicio, el doctor Pedro de la Oliva, está sentado en su despacho. Todos los miembros del equipo habían amenazado con marcharse si De la Oliva —tres veces cesado por la gerencia del hospital y tres veces reincorporado a su puesto por orden judicial— volvía a ponerse al frente de la UCI. Cumplieron su palabra y La Paz tuvo que trasladar a varios de los niños ingresados a otras áreas, como Neonatología. No se descarta que alguno pueda ser enviado a otro centro.

El médico recibe, de vez en cuando, alguna visita para preocuparse por su situación. En la prensa, casi todos los titulares han destacado las acusaciones de acoso laboral de los subalternos hacia su jefe. Tanto la dirección del centro hospitalario como los sindicatos médicos Amyts y CCOO se han alineado con los trabajadores, desde médicos adjuntos o residentes a los equipos de enfermería. Sin embargo, la versión del doctor De la Oliva de todo este conflicto apenas ha trascendido. Consultado por este periódico, el jefe de la UCI pediátrica ha declinado responder a las preguntas de El Confidencial por recomendación de sus abogados, ya que hay aún varios procesos judiciales pendientes de resolución.

"Algunos han renunciado, otros están de baja y otros no se sabe dónde están", explica un trabajador con varios años de experiencia en el hospital. Con todo, el malogrado y posteriormente restituido jefe de la unidad tiene sus partidarios dentro de La Paz, aunque éstos prefieren mostrar su apoyo únicamente en privado. En contraste, los detractores de De la Oliva se manifiestan frente a la puerta del hospital pidiendo la salvación de la UCI pediátrica, que pasaría por la salida definitiva del hombre que lleva una década dirigiendo la unidad y casi 35 años empleado en La Paz.

"Cualquiera que vea todo esto con una mirada crítica puede ver que hay gato encerrado", dice la fuente consultada, que pide el anonimato a cambio de su versión, y añade que De la Oliva, durante los años en los que ha dirigido la unidad ha logrado mantener su consideración como de referencia, dentro y fuera de España. "Trajo ideas que había visto en Boston y logró sacarla adelante", dice esta misma fuente. Según consta en algunos artículos que publicó en torno a 2008 en algunas revistas médicas, el médico realizó una estancia en el Massachussets General Hospital.

Desde la Comunidad de Madrid han explicado que están estudiando "todas las acciones legales a su alcance para solucionar este conflicto". El gobierno autonómico, que ha invertido más de tres millones de euros en la modernización de la unidad, sacó pecho en septiembre de 2022: "La Paz inaugura una nueva UCI pediátrica con el triple de superficie y dotada de la última tecnología". Uno de los culpables de todo esto era De la Oliva, sin embargo los rectores de la sanidad madrileña organizaron una visita del consejero Ruiz Escudero y presentar la nueva UCI al mundo mientras el hasta entonces jefe de servicio se encontraba en un limbo laboral.

¿Qué pasó realmente?

Independientemente de lo que digan sus partidarios o sus detractores, la clave está en los hechos. ¿Es Pedro de la Oliva un jefe tóxico que acosaba y despreciaba a sus subalternos o la víctima de un complot que busca su salida del hospital? Frente a las inculpaciones realizadas por algunos de los que trabajaron con él, de acoso, vejaciones o maltrato psicológico hacia su equipo, su defensa sostiene que todas las acusaciones que han aparecido hasta ahora son meras opiniones, que no existen hechos punibles cometidos por el galeno.

Todo este proceso comenzó a partir del verano de 2020, cuando varios facultativos de la Unidad de Cuidados Intensivos pediátricos presentaron un protocolo de conflicto interno contra el jefe de servicio: "Durante la tramitación de este procedimiento administrativo, en ningún momento se permitió al Dr. De la Oliva conocer el contenido de las denuncias, acceder al expediente administrativo ni formular alegaciones a la propuesta de resolución del instructor de forma previa a que la dirección-gerencia resolviese su cese", explican a El Confidencial sus abogados. Este cese, el primero, tuvo lugar el 28 de diciembre de 2020. "No fue hasta la tramitación del proceso judicial cuando el Dr. De la Oliva pudo, por fin, acceder al expediente administrativo, conocer de qué se le acusaba y ejercer de forma efectiva su derecho a defenderse".

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El médico interpuso un recurso tras el despido que se acabó resolviendo en 2023. En él, sus abogados interpretaban que su cliente no había abusado de sus empleados, sino reaccionado a lo que consideraba un "incumplimiento generalizado (por determinados facultativos y parte de la enfermería) de los protocolos de seguridad que habían provocado, a su vez, un importante aumento de las tasas de infección y mortalidad, con grave riesgo para los niños ingresados", indican, "lo que obligó al Dr. De la Oliva a adoptar medidas".

El juez pareció convencido ante las pruebas presentadas. Tres días después, emitió una sentencia que reprobaba, en 34 páginas, a la gerencia del hospital. "No solo critica con dureza cómo se tramitó el protocolo por conflicto, sino que declara expresamente que los hechos declarados probados en la resolución del protocolo, y que motivaron el cese del Dr. De la Oliva como jefe de servicio, son falsos", añaden sus abogados.

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Algunos extractos de la sentencia 52/2023, de 6 de febrero, emitida por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº24 de Madrid.

"La lectura detenida y rigurosa de todas y cada una de las actuaciones seguidas en sede administrativa y que dio lugar a la puesta en marcha del Protocolo de Prevención de 2017 no permiten sino concluir a este Juzgador que en el caso de autos no se está ante acoso laboral alguno de un jefe de servicio de la UCIP frente a sus facultativos subordinados, sino ante claros incumplimientos de unas órdenes impartidas por un superior jerárquico, con la especialización y experiencia que consta acreditada en su hoja de servicios, órdenes amparadas en determinados proyectos de trabajo y que han situado a la unidad de cuidados intensivos pediátrica del HULP en un referente nacional en España".

"Poner de manifiesto a determinados subordinados sus obligaciones profesionales y laborales, cuestionar motivadamente que determinados especialistas no lo estén para atender a niños en situación crítica, considerar que un servicio de enfermería no funciona de forma adecuada, o poner de manifiesto por los cauces formales y legales que tiene a su alcance determinados incumplimientos o contravenciones al ordenamiento jurídico sanitario no pueden conducir, en una situación cuando menos chocante, a que el denunciante termine siendo oprobiado por aquellos a quienes denuncia y éstos actúen conjuntamente contra el primero con el fin de que sea separado de la jefatura del servicio y, si es posible, del servicio mismo".

"Habiéndose basado el instructor y el director gerente hospitalario en un discurso concertado entre varias personas (por muchas que ellas sean), dándolo por cierto, sin indagación probatoria rigurosa, sin contrastación de las fuentes, sin un procedimiento contradictorio riguroso y quebrando un principio básico de igualdad de armas en una materia de tan alta sensibilidad como frivolidad en su uso como son las denuncias por acoso laboral. No hay prueba suficiente de que el actor pretendiese humillar, envilecer, hacer sentir inferior y quebrantar la psicología y los ánimos de los subordinados o de terceros, más allá de inferirse un rigor especial en un jefe de servicio de una UCI pediátrica respecto de la actuación y cumplimiento de protocolos y proyectos por parte de los especialistas a su cargo".

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Tras esta sentencia, que obligaba al hospital a readmitir a De la Oliva pero no era firme, la Comunidad de Madrid interpuso recurso de apelación. Esto aún está por resolverse por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, algo que podría suceder en las próximas semanas. No obstante, sus abogados solicitaron al juez que la sentencia se ejecutase provisionalmente. La consejería se opuso, alegando que el regreso del médico a la unidad supondría la salida en cascada de todos los facultativos, que anunciaron con una carta que causarían baja laboral o presentarían su renuncia, como finalmente ha sucedido esta semana.

"El juzgado calificó este planteamiento como insólito", dicen los abogados del bufete Lopez Rodó. En septiembre de 2023, otra jueza diferente comunicó a la Administración pública madrileña que, incluso si todos los médicos decidían marcharse, su deber era restituir al jefe de la unidad y cubrir todas las bajas que se produjeran.

"En ningún caso puede considerarse como un supuesto de imposibilidad material de la ejecución de una sentencia (art. 105.2 LJCA) lo que no es sino el anuncio (por no utilizar otros términos) de abandono en bloque de un servicio público asistencial de suma importancia como una UCI pediátrica de un hospital", dejó escrito el juez.

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Días después, De la Oliva era readmitido en su puesto, pero incluso antes de su reincorporación los seis firmantes de denuncia por acoso y otro médico pidieron la baja médica. "De estas siete bajas iniciales, solo se cubrieron dos", indica su defensa basándose en un informe aportado por la CAM al juzgado. "Con lo que la UCIP se quedó funcionando con menos de la mitad de sus efectivos y sin personal suficiente para las guardias".

A partir de ahí, las bajas y renuncias continuaron. Otros nueve médicos abandonaron la unidad. A principios de diciembre, la situación era crítica. El día 21, la dirección del hospital volvió a cesar a De la Oliva, al entender que no era capaz de garantizar la asistencia sanitaria.

De nuevo, el partido volvía a salir del distrito de Fuencarral-El Pardo para trasladarse los juzgados. Una vez más, la jueza ordenó la semana pasada detener el cese del jefe de la UCI pediátrica. "La decisión se adopta solo tres meses después de la reincorporación del actor a su puesto y tras haber intentado evitarla por todos los medios, incluyendo el de imposibilidad material de la ejecución", escribe en su resolución, señalando de nuevo a la gerencia del hospital: "La situación actual de la UCIP es responsabilidad de quien tenía que sustituir a los facultativos ausentes y no lo ha hecho. Ni del recurrente por ejercer su derecho, ni de las decisiones judiciales que hasta la fecha le han amparado en sus distintas demandas contra la Administración. Con la falta de cobertura de las siete bajas iniciales se produjo una sobrecarga de los facultativos restantes, que a su vez provocó que causaran baja o renunciaran otros 9 profesionales, llegándose al extremo de la práctica inoperatividad de la unidad".

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El caso tiene incontables ramificaciones en un expediente que los abogados calculan en unas 6.000 páginas. En otras ocasiones, desde La Paz trataron de buscar el traslado forzoso de Pedro de la Oliva fuera de la UCI pediátrica que había ayudado a construir, ya fuera a un puesto carente de función asistencial, "o de cualquier otra función, en el Centro Avanzado de Simulación y Entrenamiento Clínico, entidad distinta del hospital", explica su defensa, o incluso a otro centro sanitario. "No obstante, como aún no hay sentencia e incluso hay trámites pendientes para las Partes, nos abstenemos de realizar más comentarios al respecto", concluye su abogado.