Ayuso llevará en febrero a la Asamblea su plan para "despolitizar" el TSJ de Madrid

Isabel Díaz Ayuso culminará en la recta final de la legislatura su plan para "despolitizar" la justicia en la Comunidad de Madrid. El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea llevará al Pleno en febrero una proposición de ley para promover que la Cámara autonómica pierda la potestad de proponer a los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). La iniciativa, que ya fue respaldada en octubre por los populares y por Vox en la comisión del ramo, se enviará al Congreso de los Diputados si es aprobada finalmente.

La medida vuelve a la Asamblea de Madrid mientras continúa la parálisis en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la polémica por la renovación del Tribunal Constitucional. La realidad, no obstante, es que la reforma legislativa fue uno de los acuerdos de investidura entre el PP y Ciudadanos en 2019, suspendida por las elecciones del 4 de mayo de 2021. Así, un año y medio después, la intención del Ejecutivo autonómico es cumplir este compromiso antes de que expire su mandato. Fuentes del PP en la Cámara de Vallecas prevén que se debata en las próximas semanas. Aunque el periodo de sesiones aún no está definido y la fecha no se ha cerrado, desde el grupo parlamentario indican que en el peor de los casos no se demorará más allá de marzo.

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El plan de la Comunidad de Madrid, que considera la iniciativa como un paso hacia la "despolitización e independencia" de los jueces, implica reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Demarcación y Planta Judicial. El objetivo es eliminar la capacidad de la Asamblea para participar en el proceso de los nombramientos y que sea el Consejo quien los designe directamente.

Desde la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, que dirige Enrique López, detallan que el proyecto conlleva la modificación de dos artículos de las respectivas normas. El 330.4, sobre la ley del Poder Judicial, y el 13.2, del texto sobre Demarcación y Planta Judicial. La propuesta sugiere que el CGPJ sea quien cubra por concurso una de cada tres plazas por un jurista de reconocido prestigio y con más de diez años de ejercicio profesional en la Comunidad de Madrid. Esto supondría acabar con la fórmula de elección actual, que brinda a la Asamblea y al resto de parlamentos autonómicos la opción de proponer una terna de futuribles, para que posteriormente decida el Consejo. En este supuesto, las Cámaras regionales quedarían excluidas. Las plazas restantes se cubrirían con magistrados nombrados por el CGPJ, entre aquellos que acumulen diez años en la categoría y en el orden civil o penal, como ya ocurre ahora.

La iniciativa, aprobada en la comisión del ramo, irá al Pleno en semanas. Fuentes del PP aseguran que como muy tarde se debatirá en marzo

El anteproyecto que presentó la Asamblea de Madrid fue validado por el Consejo General del Poder Judicial en abril de 2020. El Consejo, no obstante, avisó de algunos puntos a matizar. Destacó que cualquier modificación debe respetar el acceso a los tribunales superiores de justicia de juristas de reconocido prestigio, además de salvaguardar el "origen y el sentido" de los órganos judiciales, que son los superiores en las comunidades autónomas. El informe al respecto reconoció que la iniciativa se ajusta a los márgenes que concede la Constitución, pero también destacó que la capacidad de los parlamentos regionales es limitada y en ningún caso condiciona o limita la decisión final, que es competencia del órgano de gobierno de los jueces según criterios de mérito y capacidad.

Suspendida por el 4-M

La iniciativa quedó en suspenso la pasada legislatura, tras la sorpresiva convocatoria de elecciones. La presidenta de la Comunidad de Madrid ya anunció en noviembre de 2021 su intención de retomar la reforma legislativa, con 2023 en el horizonte. "Nosotros lo que vamos a hacer es impulsar la independencia en el nombramiento de jueces en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desde aquí y también dotando a los profesionales de la Administración de Justicia de las mejores herramientas", declaró Isabel Díaz Ayuso durante una de las sesiones en la Cámara madrileña.

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El proyecto de ley es una de las medidas que PP y Vox todavía tienen pendientes, tras la ruptura por la negociación de los presupuestos. El respaldo de la formación de Rocío Monasterio en la comisión de Justicia invita a pensar que hará lo propio en el Pleno y que la iniciativa no corre peligro. La formación ultraconservadora, además, siempre ha defendido que los acuerdos que ya han alcanzado no serán revisados y en líneas generales no cambiará su postura. Una vez que la Cámara debata la moción y sea aprobada, se enviará a la Mesa del Congreso para instar a los cambios legislativos.

Isabel Díaz Ayuso utiliza desde hace meses la situación de la Justicia en España como ariete contra Pedro Sánchez, acusándole de intentar controlar a los jueces a su antojo. Un argumento de ida y vuelta que también emplean los socialistas contra el PP, sin llegar a un acuerdo desde hace cuatro años.

El pasado mes de octubre los dos partidos estuvieron cerca de alcanzar un acuerdo, pero las concesiones del Ejecutivo a los independentistas con la derogación de la sedición y el abaratamiento de la malversación acabaron con esta posibilidad. Fue entonces, en mitad de las negociaciones, cuando la dirigente del PP de Madrid advirtió a Alberto Núñez Feijóo de que el presidente del Gobierno "no era de fiar". Ayuso aprovechó su visita al foro 'España a examen' organizado por El Confidencial para acusar a Sánchez de querer llenar el Poder Judicial de "Tezanos disfrazados de jueces".