ENTREVISTA A JUAN DE LA CRUZ

Habla el abogado que paró la privatización: “Es todo un éxito de la iniciativa social”

Un letrado del equipo de abogados que confeccionó los primeros recursos judiciales para paralizar el proceso privatizador se felicita por el éxito conseguido

Foto: Un día de protesta de la 'marea blanca'
Un día de protesta de la 'marea blanca'

La asociación de médicos Afem, el buque insignia de la 'marea blanca' que revolucionó el panorama sanitario de Madrid hasta que la Comunidad paró definitivamente la privatización, quería demostrar ante los tribunales que el modelo de privatización propuesto por la Comunidad carecía de datos y pruebas que permitieran afirmar sus beneficios no sólo médicos, sino también económicos. Para ello contrató al bufete de abogados López Rodó & Cruz Ferrer en junio. Los sanitarios convocaron un día de “no huelga” y, con el dinero recaudado, pagaron las costas del bufete. Su obsesión era parar a toda costa la privatización sanitaria puesta en marcha por el Ejecutivo de Ignacio González. La consideraban “un ataque profundo al sistema sanitario público en el que creemos y del que la ciudadanía no puede prescindir. Por eso salimos a la calle. No para defender nuestros privilegios, sino un sistema para todos”. Y el tiempo les ha dado la razón.

Juan de la Cruz Ferrer es uno de los letrados que formó parte del equipo de abogados que en junio diseñó los tres primeros recursos judiciales que presentaría Afem contra los planes de la Comunidad de Madrid. “Lo que ha acreditado el TSJM es que nuestro modelo de sanidad pública ha acreditado unos niveles de eficiencia en los resultados sobre la salud y en la gestión de los recursos que impiden cambiar ese modelo basándose en meras improvisaciones o en afirmaciones médicas y económicas que no estén verdaderamente acreditadas”. De la Cruz recibe a El Confidencial el día después de que la Comunidad de Madrid diera definitivamente marcha atrás en su intento de privatizar la gestión de seis hospitales públicos. El abogado detalla cómo se hilvanó todo el proceso que ha terminado por romper las costuras del Ejecutivo madrileño, que no ha tenido más remedio que sacrificar a su consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, para poner fin al enfrentamiento que mantenía en jaque a la sociedad madrileña.

Juan de la Cruz Ferrer.
Juan de la Cruz Ferrer.
El bufete puso en marcha un equipo interdisciplinar de médicos y abogados que comenzaron a trabajar para demostrar, primero ante la opinión pública y después ante los tribunales, que el modelo de privatización propuesto por la Comunidad de Madrid carecía de pruebas que permitieran revalidar la teoría que vendía la consejería de Sanidad.

Elaboraron un estudio en el que se mostraba que el gasto hospitalario no es de 600 euros, sino de 347, lo que supondría un coste inferior al que se generaría si se concedía a una empresa privada, ya que la Consejería había estimado ese gasto en 441. Los médicos también hicieron hincapié en que la Consejería de Sanidad confeccionó el plan sin consultar a las sociedades científicas y médicas.

En marcha los recursos

El siguiente paso fue poner en marcha los recursos que han terminado por estallar en la cara a la Comunidad de Madrid. Uno se presentó ante el Tribunal Constitucional, y otros ante los Juzgados de lo Contencioso y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Los abogados también presentaron una denuncia ante la Comisión Nacional de Competencia y una querella penal por las irregularidades supuestamente cometidas por la cúpula sanitaria madrileña en la primera ola de privatizaciones. En la comparecencia de ayer, el presidente de la Comunidad criticó duramente la actuación de la Justicia, a quien tachó de ser "muy lenta" y tener un proceso parado 'cautelarmente' "nueve meses, algo que es inaguantable para un Gobierno".

Para el abogado, el TSJM ha terminado dándoles la razón porque entendía que “los perjuicios para el interés público” son superiores a los “potenciales beneficios” que ha defendido la Comunidad de Madrid. A su juicio, el fallo del Alto Tribunal no sólo se refiere a los perjuicios que se derivarían del cambio de modelo de gestión pública de la asistencia sanitaria especializada en los seis hospitales, “que podría derivarse para los pacientes y para todo el personal sanitario”.

Paralizado el proceso un año después de abanderar su lucha, De la Cruz se siente más que satisfecho con el resultado. “La decisión judicial supone un éxito importantísimo de la iniciativa social”.

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