Almeida fía la promesa de bajar el IBI al próximo presupuesto, todavía sin apoyos

Los próximos presupuestos del Ayuntamiento de Madrid van camino de ser un nuevo quebradero de cabeza para José Luis Martínez-Almeida. El apoyo de Vox sigue en el aire, y el 'comodín' carmenista ya no suma sin Marta Higueras, que abandonó Recupera Madrid para operar como independiente. Hace un año terminaron siendo decisivos, y su aval fue el que permitió sacar las cuentas. Pero sus relaciones con el alcalde, del que ya les separaba un abismo ideológico, van de mal en peor. Sobre todo, después de que un informe reciente de la asesoría jurídica del Consistorio bloqueara una de las promesas con las que Almeida consiguió sus votos en 2021: la rebaja del IBI.

El año pasado, acordó con el Grupo Mixto que se darían ayudas económicas para las familias con viviendas cuyo valor catastral sea inferior a 300.000 euros, en las que estén empadronados y siempre que no posean otro inmueble. Con el último informe de los servicios jurídicos municipales, esta vía queda fuera de juego, pues concluyen que no es legal.

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El documento, cuyo contenido adelantó El País, precisa que la medida otorga beneficios fiscales encubiertos, ya que la cuantía de la bonificación se calcula restando al IBI actual de cada vivienda (con gravamen al 0,456%) la cantidad que habría que pagar con una cuota más reducida, del 0,400%. Para la asesoría, se produce el mismo efecto que al aplicar una rebaja fiscal, algo que de por sí no supondría ningún problema. Pero sí que lo es 'vender' como subvención algo que, según su dictamen, va más allá. Así que el Ayuntamiento tratará ahora de incluir la cuestión del IBI en los próximos presupuestos. Esta vez como descuento tributario y no como bonificación, según avanzaron en el área de Hacienda. Algo que, por otro lado, se acerca más a la primera propuesta que presentó el Consistorio para los bienes inmuebles.

El encontronazo con Recupera Madrid

Por supuesto, esto sería incumplir el pacto que PP y Ciudadanos sellaron con el Grupo Mixto. Tras conocerse que el acuerdo no podría aplicarse tal cual quedó por escrito, la portavoz del Gobierno municipal, Inmaculada Sanz, se amparó en que el Ayuntamiento "trasladó desde el primer momento" a los ediles de Recupera Madrid las "dificultades jurídicas" que podían echar por tierra las ayudas, de las que aseguró tener constancia desde el inicio. Además, la también concejala de Seguridad afirmó que en todos estos meses buscaron soluciones, sin resultado, y emplazó al resto de grupos municipales que se presten a negociar bajadas de impuestos, y dejar atrás la vía de la subvención. Eso sí, sea cual sea la fórmula final tendrá que retrasarse a 2023, como mínimo, y quedar reflejada en unas nuevas cuentas en caso de lograr avales suficientes. Y de momento, la aritmética no sale.

Además, la resolución de la asesoría amplía la distancia que ya existía entre el alcalde y Recupera Madrid, que en ocasiones anteriores ya se mostraron críticos con Almeida por no cumplir o retrasar otros puntos del acuerdo. Las declaraciones de Sanz tras la Junta de Gobierno nutrieron ese malestar. "Inducirnos a una votación engañosa o firmar algo que sabían que no se podía hacer es algo inaudito", respondió Luis Cueto, concejal del Grupo Mixto. "Si el Gobierno, o por negligencia o por torpeza, no ha sido capaz de sacar adelante la vía que nos propusieron deberían haber buscado una alternativa desde enero, no plantarse en octubre diciendo que no les ha dado tiempo", sentenció, delegando la responsabilidad en el equipo de Almeida y tildando de "simpleza" las explicaciones de la portavoz para justificarse ante el informe de la asesoría.

Si ya el año pasado el IBI y los impuestos fueron algunos de los puntos más tensos en el momento de negociar las cuentas, esta vez su protagonismo puede llegar a ser incluso mayor. La política municipal muchas veces también se mueve al son de los debates a escala nacional. Y ahora la batalla fiscal entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo está a la orden del día. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido en múltiples ocasiones las bajadas de impuestos como solución a la crisis actual, motivada por la guerra de Ucrania, la inflación y la falta de suministros. Por su parte, Almeida necesitará, previsiblemente, el apoyo de Vox para poder impulsar una reducción de impuestos. Más aún, en un año que se aventura duro.

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El alcalde inició este verano el deshielo con Javier Ortega Smith, al que su partido revalidó recientemente como candidato al Ayuntamiento y quitó el mando de la Secretaría General. En otros escenarios nacionales, autonómicos y locales Vox se perfila como el potencial aliado del Partido Popular por la política de bloques izquierda-derecha. No obstante, cada escenario tiene sus particularidades y no siempre hay afinidad y, por lo tanto, facilidad para llegar a acuerdos. En el caso del Consistorio madrileño, las desavenencias entre ambos partidos se intensificaron cuando Almeida accedió a reformular Madrid Central, el proyecto estrella de Manuela Carmena, e instauró zonas de bajas emisiones.

No encuentra apoyos en Vox

Las tesis de Almeida y Ortega Smith nunca terminaron de encajar. En el primer pleno del curso político el portavoz de Vox volvió a marcar distancias con el alcalde al pedir la suspensión cautelar de su Ordenanza de Movilidad Sostenible, algo que el popular tildó de "legalmente imposible". La ultraderecha no condicionó explícitamente su apoyo a las próximas cuentas en esta cuestión, pero sus declaraciones sí recordaron que existen diferencias difícilmente salvables con el PP del Ayuntamiento de Madrid.

Sin embargo, sus concejales son prácticamente los únicos que podrían sumar los 29 votos necesarios para poner en marcha los presupuestos. Los 26 ediles que suman el PP (15) y Ciudadanos (11), los dos socios de Gobierno, se quedan al borde de la cifra. Pero no llegan. Aun incluyendo en la ecuación a los dos ediles que quedan en el Grupo Mixto –y que ya avanzaron que no estaba entre sus planes el apoyar a Almeida–, los números no dan. Un año más, el alcalde se enfrenta a unas arduas negociaciones si quiere salvar las cuentas a ocho meses, además, de que las próximas elecciones municipales.