Ayuso tendrá un Gobierno de fieles del PP y se reserva el golpe de efecto con los fichajes

Isabel Díaz Ayuso inicia esta semana la segunda mitad de su mandato en la Comunidad de Madrid. La presidenta en funciones afronta entre hoy y mañana el debate de investidura en la Asamblea, para la que no tendrá ninguna complicación. En los dos próximos años que durará la legislatura, la popular aspira a revolucionar el ritmo legislativo en la región y dar un impulso político que deje claro el cambio de etapa. Para esta misión, se da por hecha la continuidad de los seis consejeros que forman a día de hoy parte del Gobierno y la duda está en el encaje de las caras provenientes de Ciudadanos: Marta Rivera de la Cruz o Toni Cantó.

Los rostros que rodearán a la presidenta en el Consejo de Gobierno son la gran incógnita que queda por resolver. Tras la salida de Eugenia Carballedo, extitular de Presidencia, para llevar las riendas de la Asamblea, son seis los consejeros que siguen en funciones a la espera de que Díaz Ayuso sea reelegida. Tras los nombramientos dentro del propio grupo parlamentario, de la Mesa y de los senadores por designación territorial, todo hace indicar que quienes se encuentran a día de hoy en el Consejo de Gobierno continuarán en el mismo los dos próximos años.

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Una de las figuras de cuya continuidad se había dudado, protagonizando los grandes rumores y quinielas, es el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Fue uno de los nombres impuestos por la dirección nacional del PP cuando Ayuso logró conquistar el poder de la mano de Cs en 2019. Han mantenido sus diferencias, sobre todo en los primeros momentos de pandemia, pero han logrado optimizar su relación. Ruiz Escudero fue recompensado por su actuación al ser elegido número dos de la lista electoral. Distintas informaciones habían apuntado a su posible marcha, pero desde el PP habían alertado de que una posible salida de Ruiz Escudero sería muy difícil de explicar.

Las áreas vacantes y que tradicionalmente han tenido entidad propia son Presidencia, Políticas Sociales y Cultura

El resto de nombres que seguirían en el Gobierno son Paloma Martín, David Pérez, Enrique Ossorio, Enrique López y Javier Fernández Lasquetty. Tras varias semanas de tensión, y a la espera de la oficialidad, algunos de estos consejeros asumen que repetirán, pero admiten que aún no tienen confirmación oficial. Consideran que sacudir el gabinete para una legislatura tan corta como la que se presenta dificultaría mucho la gestión por el tiempo de adaptación que se requiere. "No tendría sentido". Si la líder cumple con la promesa de armar 10 consejerías, aún faltarían cuatro fichajes por realizar para un gabinete en el que no está previsto mantener la posición de vicepresidente. Las áreas vacantes y que tradicionalmente han tenido entidad propia son Presidencia, Políticas Sociales y Cultura, pero Universidades también podría tener su departamento específico.

Desde el entorno de la presidenta, enfatizan que solo ella sabe quiénes formarán parte de su equipo y que tiene todas las decisiones apuntadas en el bloc de notas de su teléfono. Uno de los nombres que están señalados entre las filas populares como potenciales candidatos a ocupar un puesto de responsabilidad es el de Carlos Izquierdo. Fue precisamente consejero de Políticas Sociales con Cristina Cifuentes, y luego de Medio Ambiente con Ángel Garrido. En la última campaña electoral, fue elegido director de la misma por Díaz Ayuso. Ahora, no ha repetido en el puesto de secretario general del grupo popular ni ha sido recolocado, por lo que se allana su regreso al poder.

Uno de los nombres que todas las fuentes consultadas dan por hecho es el de Marta Rivera de la Cruz, exconsejera de Cultura con Cs y que tiene una buena relación con la encargada de seleccionar los perfiles. Es la favorita para ocupar el despacho que fue suyo hasta el mes de marzo. El encaje de Toni Cantó no está aún claro, ya que de primeras también aspiraría a la cartera cultural. Pese a haber sido una apuesta de Génova, desde el entorno de la cabeza de lista del PP valoran sus habilidades y entienden que podría tener cabida en múltiples facetas.

El objetivo es claro: que sus votantes sepan que cuando tienen grandes mayorías, todo va mejor y más rápido

Con elecciones en 2023, los populares centrarán sus esfuerzos en sacar adelante nuevas iniciativas para relanzar su acción de gobierno antes de que los madrileños vuelvan a las urnas. El objetivo es claro: que sus votantes sepan que cuando tienen grandes mayorías, todo va mejor y más rápido.

En la Puerta del Sol, entienden que es el momento de intensificar la actividad en la Asamblea y en las propias medidas del Ejecutivo. La etapa de coalición con Ciudadanos no fue una época prolífica. Con los dos partidos manteniendo disputas internas y con una Cámara fragmentada, solo fueron capaces de sacar adelante una ley, la del suelo, que terminó siendo recurrida ante el Tribunal Constitucional por el PSOE. Ahora, insisten, es el momento de dar un paso más y poner a trabajar al grupo parlamentario tras el espaldarazo logrado el pasado 4 de mayo en los comicios.

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Con una mayoría que suma más que toda la izquierda junta, en el PP son sabedores de que tendrán relativamente fácil sacar adelante las normas e iniciativas que lleven al Parlamento madrileño. Con la abstención de Vox les vale, y entre las filas populares creen que la capacidad de influencia del cuarto partido de la región es muy limitada. Buscarán mantener una buena relación, pero apuestan por que sean los de Rocío Monasterio los que expliquen su negativa, llegado el caso, a las posibles leyes que impulse el Ejecutivo. Consideran que con 65 diputados y con la fuerza de Díaz Ayuso, Vox no puede permitirse bloquearles.

La era Ayuso no conoce un plan presupuestario, a pesar de que en su etapa con Cs estuvieron a punto de lograrlo con el apoyo de Monasterio

En este contexto, desde la Puerta del Sol y desde el Grupo Popular, intentarán meter una marcha más estos dos próximos años. El plato principal será, sin duda, la aprobación de los Presupuestos para 2022. La región lleva prorrogando sus cuentas desde que a finales de 2018 Ángel Garrido consiguiera las suyas. La era Ayuso no conoce todavía un plan presupuestario, a pesar de que en su etapa con Cs estuvieron a punto de lograrlo con el apoyo de Monasterio. La idea, explican desde el partido, es aprovechar la base del texto que habían elaborado con Ignacio Aguado y, con algunas modificaciones, utilizarlo ahora. Se tramitaría a final de año.

La economía será una de las claves de esta legislatura y desde el entorno de la presidenta señalan que será una de las banderas que más agitarán. Con la llegada de fondos europeos y en un contexto en el que todo apunta a una salida de la crisis, Díaz Ayuso tratará de subirse a esta ola para relanzar la región y arrogarse buena parte del mérito de la potencia del principal motor económico del país. Aquí, otra pata fundamental de sus planes pasa por hacer gala de las políticas de baja fiscalidad como contraposición a las propuestas de la izquierda.

En plena polémica del Rey

Con el apoyo seguro de Vox, el PP mantiene aún la promesa de que rebajará 0,5 puntos todos los tramos del IRPF autonómico. Monasterio ha apretado durante los dos primeros años para que esto fuera así, pero desde la Consejería de Hacienda frenaron estas aspiraciones durante la pandemia. La crisis socioeconómica y la caída de la recaudación complicaban la medida, pero desde Sol se ha trasladado en todo momento que la bajada se producirá en cuanto se pueda y buscarán hacerlo cuanto antes. Será uno de los ejes del discurso de investidura. Una de las normas que podrían recuperarse de la pasada legislatura es la llamada 'ley maestra' de Educación, que nació con la vocación de frenar algunos cambios de la ley Celaá que en la CAM consideraban nocivos. Este mismo jueves, durante la intervención en la Asamblea, Díaz Ayuso anunciará la creación de un documento que unifica todos los datos de asistencia social que recibe la persona, según han informado fuentes gubernamentales a El Confidencial.

Para llevar a cabo estas metas, deberá superar primero la investidura con el apoyo de Vox. La cita llega en plena polémica por sus palabras sobre el papel del Rey a la hora de firmar los indultos a los presos del 'procés'. Con buena parte de su partido desconcertada, ha puesto en duda el rol del monarca a la hora de llevar a cabo un acto que fija la propia Constitución. Primero, preguntándose si el Gobierno convertiría a Felipe VI en cómplice. Un día después, rectificando para, posteriormente, volver a las andadas y asegurar que el movimiento de Pedro Sánchez pondría "en tela de juicio" al jefe de Estado.

Opinión

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La cuestión está llamada a convertirse en uno de los temas de la jornada en la Cámara madrileña, en una semana en que el propio Pablo Casado la ha desautorizado. El partido tendrá presencia en los próximos días clave de la actualidad madrileña. Este jueves estarán presentes Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación, y Cuca Gamarra, portavoz parlamentaria en el Congreso. El viernes, en la segunda jornada del debate, será el turno de Teo García Egea, secretario general. Casado no podrá acudir al momento de la investidura al tener un acto previsto en Barcelona. El presidente popular sí asistirá el sábado a la toma de posesión.