Ya son cinco los exdirectivos que quieren que el seguro del Canal les pague el abogado
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El Canal contrata a un bufete para que lo asesore en el caso lezo

Ya son cinco los exdirectivos que quieren que el seguro del Canal les pague el abogado

Han pedido acogerse a la póliza del seguro que les permitiría asistencia jurídica gratuita. El Canal licitó el año pasado este contrato por 6,24 millones. El seguro estudia ahora todas las peticiones

Foto: Sede del Canal de Isabel II. (EFE)
Sede del Canal de Isabel II. (EFE)

Ya son cinco los exdirectivos del Canal de Isabel II que han pedido información para acogerse a la cláusula del seguro contratado por el ente público que les permitiría tener asistencia jurídica gratuita en la causa que se sigue contra ellos en la Audiencia Nacional, dentro del marco del caso Lezo. Es decir, que quieren que el abogado que les defienda se pague con dinero público. El Canal formalizó en diciembre de 2016 los "servicios de mediación para la contratación de pólizas de seguro, y asistencia técnica y asesoramiento en la ejecución de dichos contratos", que también incluye a su filiales y empresas participadas.

El contrato es de dos años y el Canal paga 6,24 millones de euros. La correduría que ganó la adjudicación es AON Gil y Carvajal SA, cofundada por Santiago Gil de Biedma, primo de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. Esta firma actúa de intermediaria y a su vez subcontrata a las aseguradoras que cubren las diversas pólizas vigentes. El Canal de Isabel II desconoce los nombres de los exdirectivos que han pedido acogerse a esta cláusula, "ya que son ellos los que la activan frente a la aseguradora y no ante nosotros", señala un portavoz de la mayor empresa pública.

Foto: Ilustración: Raúl Arias.

El caso Lezo está dividido en seis piezas. La principal, en la que hay una veintena de imputados, investiga si varios exdirectivos del Canal participaron en un saqueo organizado de las arcas de la empresa pública, una pieza que se centra sobre todo en la compra de la filial brasileña Emissao a finales de 2013, una sospechosa operación por la que el Canal pagó 29,4 millones de dólares (21,7 millones de euros de entonces). Un año después, la firma valía cuatro veces menos. La Audiencia Nacional ya ha recopilado "numerosos indicios que apuntan a un desvío de fondos públicos" en esta operación. Fue "hipervalorada ficticiamente", según los investigadores. El dinero acabó en Suiza.

En esta pieza están imputados Ignacio González, ex presidente regional y expresidente del Canal, Edmundo Rodríguez Sobrino (expresidente de la filial Inassa), María Fernanda Richmond (ex directora financiera del Canal), Adrián Martín (ex director general del Canal), Diego Fernando García Arias (exgerente de Inassa), Fernando José de Cevallos Aguarón (exdirector de Recursos Humanos del Canal), Avelino Alfredo Martínez Herrero (que ha dirigido los departamentos de Producción y Medio Ambiente, Abastecimiento, Saneamiento y Reutilización, Gestión Hídrica...), Ángel Varona Grande (exsecretario del consejo del Canal), José Javier Soler Gallego (exconsejero de Canal Extensia) y Francisco Javier Domínguez Anaya (exgerente de Inassa Panamá).

placeholder María Fernanda Richmond, cuando compareció en la Asamblea de Madrid.
María Fernanda Richmond, cuando compareció en la Asamblea de Madrid.

Según ha podido saber El Confidencial, en este listado están los cinco exdirectivos que han pedido acogerse al seguro. De todos ellos, solo hay tres que mantienen actualmente algún tipo de relación contractual con el Canal de Isabel II, que está ultimando su despido. El ente público ya ha concluido el informe que acompaña al expediente disciplinario abierto contra María Fernanda Richmond, Adrián Martín y Fernando de Cevallos, y que analiza la responsabilidad de estos tres ex altos cargos en la compra de Emissao. El informe, que ha sido incorporado al sumario judicial, servirá, según fuentes del Gobierno regional, para avalar el despido procedente de los tres sin ninguna indemnización económica (Martín y De Cevallos están suspendidos de empleo, pero no de sueldo; y Richmond, de empleo y sueldo). Richmond y Adrián Martín declaran este viernes en la Asamblea de Madrid en la comisión de investigación abierta sobre el Canal.

Estas tres personas están entre las cinco que han pedido al seguro que las defienda. Esta póliza en concreto solo cubre a directivos y administradores del Canal, sus filiales y empresas participadas. En todos los casos, la compañía aseguradora está estudiando la petición, ya que hay exclusiones vinculadas a actividades ilícitas. Es decir, este seguro cubre la defensa jurídica en caso de problemas legales relacionados con las actividades normales del cargo. Y aquí estamos hablando de un caso de corrupción. "Pero bien es cierto que en estos casos los exdirectivos están imputados y todavía no se ha determinado sin con culpables o no. El seguro debe analizar su solicitud en todos los casos", señalan fuentes jurídicas.

Foto: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. (EFE)

Los datos de la póliza son privados. Y muchos de ellos restringidos. Por ejemplo, en la web de la Comunidad de Madrid no se puede acceder al pliego de condiciones técnicas del contrato con AON "debido al carácter confidencial de algunos documentos". Lo que sí está claro es que el seguro no cubre el depósito de fianzas penales si así lo determina el juez. Además, si al final los exdirectivos defendidos resultasen declarados culpables en sentencia firme, tendrían que abonar los gastos ocasionados por su defensa a la empresa aseguradora.

El Canal de Isabel II también acaba de adjudicar un contrato de asesoramiento jurídico para que le ayude en su papel de acusación particular en el caso Lezo. El contrato se lo ha llevado, por 39.500 euros (el precio de licitación era de 63.307 euros), el bufete Ejaso. Contempla la asistencia letrada para Canal de Isabel II y su filial Canal Extensia tanto en la fase de instrucción que se sigue ahora mismo en la Audiencia Nacional como en el posterior periodo que incluye la apertura de juicio oral y la sentencia firme. Se trata solo de una asistencia, ya que la acusación se llevará desde la Abogacía de la Comunidad de Madrid, que cuenta con un pequeño departamento de derecho penal.

Audiencia Nacional Ignacio González
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