Los socios del Canal intentan vender su parte a Aguas de Barcelona a espaldas de Cifuentes

Los socios colombianos del Canal de Isabel II, que controlan el 18,7% de la matriz sudamericana Inassa, iniciaron a finales del año pasado movimientos a espaldas del Gobierno regional que preside Cristina Cifuentes (que tiene el otro 82,3%) para vender su paquete de acciones. Para ello, se pusieron en contacto con Aguas de Barcelona (Agbar), una empresa público privada controlada mayoritariamente por el Grupo Suez y que tiene entre sus gestores al ayuntamiento de la ciudad condal y a otra treintena de municipios barceloneses. Los contactos se iniciaron antes de que la Comunidad de Madrid hiciera público su deseo de vender Inassa y las filiales que esta tiene al otro lado del Atlántico, y sin ofrecer al Ejecutivo autonómico el derecho de tanteo que tiene sobre ese 18,7% en manos de sus socios colombianos.

La operación fue abortada porque uno de los exdirectivos de Inassa (actualmente imputado en el marco de la operación Lezo) advirtió a la actual dirección del Canal, que tras recibir esa información tuvo un encuentro con responsables de Agbar para comunicarles que esa posible venta se estaba produciendo a sus espaldas. El 18,76% de las acciones de Inassa es propiedad de Slasa (Sociedad Latinoamericana del Agua SA), en manos de tres empresarios colombianos, Luis Nicolella del Cano, Nelson Polo Carbonell y Enrique Miguel Guerlain, que además suman a título personal un porcentaje del 0,000018%.

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Slasa no es más que una firma 'offshore' creada en abril de 2001 en Panamá que tiene entre sus directivos testaferros profesionales que ocupan cargos en casi 300 sociedades. Las negociaciones para esa posible venta fueron centralizadas por Guerlain, empresario colombiano de 47 años. Según un informe policial incorporado al sumario que se instruye en la Audiencia Nacional. "la influyente familia colombiana Guerlain, de la que Enrique Miguel Guerlain forma parte, cuenta entre sus miembros con importantes cargos públicos así como grandes constructores de obra pública en Colombia. Asimismo, ciertas informaciones aportadas por la DEA [la agencia antidroga norteamericana] apuntan a que alguno de sus miembros podría estar relacionado con casos de narcotráfico y blanqueo de capitales".

El propio sumario judicial ofrece esbozos de esta operación en una conversación grabada entre Edmundo Rodríguez Sobrino (expresidente de Inassa y uno de los principales imputados en el caso) y Carlos Rodríguez Fernández (íntimo amigo suyo que fue asesor de Inassa) en el despacho del primero el 13 de diciembre de 2016. Un extracto de esa conversación señala:

Edmundo (ED): A todo esto, Carlos, Aguas de Barcelona ya ha pagado 10 millones de dólares (...) esa información no te la habían contado, ¿no? (...) Aguas de Barcelona ha pagado 10 millones de dólares a... a Slasa, por quedarse con una... con una opción a través de Slasa, o sea, ellos al menos se creen que la operación de venta está en marcha.
Carlos (CR): Sí.
ED: Y los japoneses ya han dicho que ponen su dinero.
CR: Eso es cojonudo... (ininteligible).
ED: Aguas de Barcelona 20%, Slasa 20%, japoneses ponen, ponen la pasta de la operación.
CR: Y eso cómo lo puede deducir...
ED: Todo eso lo ha instrumentado Enrique Miguel, que es listo.
CR: Guerlain.
ED: Guerlain.
CR: Y cómo ... y cómo pueden hacer converger eso con un modelo de transparencia 'cifuentina' en Madrid de concurso público orquestado por el BBVA.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil deduce tras escuchar esta conversación que "desde la Comunidad de Madrid se estaría preparando una operación para la venta de Inassa a Aguas de Barcelona (un 20%) y a Slasa (otro 20%), recordando que ya Slasa sería socio de Inassa con un 18,76% de las participaciones, siendo financiada la operación por alguna sociedad, empresario o grupo nipón indeterminado. Para poder llevar a cabo esta maniobra, se contaría con la participación de una entidad bancaria privada que debería emitir un dictamen acerca de la imposibilidad de realizar un concurso público. Toda esta operación estaría instrumentada por el colombiano Enrique Miguel Guerlain, sobre el papel uno de los socios minoritarios de Inassa. Hablan de que incluso Aguas de Barcelona ya habría hecho efectivo el pago de 10 millones de dólares, quedando pendiente el pago de otros cinco millones más".

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Según ha podido saber El Confidencial, el Gobierno regional nunca ha participado ni alentado esta operación de venta, aunque con la ley en la mano, si el Canal no hace una oferta económica por el 18% de sus socios (como derecho de tanteo), no puede evitar que estos intenten deshacerse de sus participaciones. En realidad, el movimiento ideado por Guerlain y sus socios es que Agbar se hiciera realmente por el paquete accionarial que ellos tienen en la Triple A de Barranquilla, la joya de la corona de Inassa al otro lado del Atlántico. En esta sociedad, la Comunidad de Madrid solo tiene el 67,9%. La Triple A tiene 464.000 clientes en 15 municipios del departamento del Atlántico. Por ejemplo, en 2015 ingresó 152 millones de euros, el 13% de lo que facturó todo el Grupo Canal ese año. Es la filial que más presupuesto maneja en Sudamérica.

Los búlgaros de Gallardón

Llama la atención que los empresarios colombianos hayan vuelto a contactar con Agbar, sus primeros socios españoles. Inassa (Interamericana de Aguas y Servicios SA) se constituyó en Colombia en septiembre de 1996, aunque el embrión de esta compañía, la Triple A, llevaba desde 1991 gestionando el agua potable de la ciudad de Barranquilla. Agbar tenía el 51% de Inassa, pero en el año 2000 decidió vender su participación por 6,8 millones de dólares (7,19 millones de euros) a la firma panameña Sociedad de Aguas de América (SAA), que a su vez pertenecía a la sociedad uruguaya Stanke Investment, cuyo accionista era Francisco Olmos, el representante de Agbar en Inassa. Es decir, que Agbar vendió el 51% que tenía de Inassa a uno de sus directivos.

SAA, nuevo dueño mayoritario de Inassa, enseguida buscó nuevos socios en España: el Canal de Isabel II, que a finales de 2001 adquirió el 75% de las acciones por 73 millones de dólares (83 millones de euros). Por esta operación, la Fiscalía Anticorrupción, como ya adelantó El Confidencial, investiga al expresidente madrileño Alberto Ruiz-Gallardón y a varios de sus consejeros y altos cargos. Edmundo Rodríguez y su amigo Carlos Rodríguez también hablan de esta operación en la conversación intervenida por la UCO en diciembre de 2016.

"También hablan de que en su momento se evitó hacer un concurso público mediante un acuerdo con personas a las que se refieren como 'los búlgaros', si bien en esa ocasión fue Gallardón, refiriéndose al presidente de la Comunidad de Madrid entre 1999 y 2003, periodo en el cual se adquirió Inassa. Lo importante es que Carlos Rodríguez pone en entredicho la figura legal empleada para la expansión del Canal, situando a Gallardón como el responsable. Explica que tiene difícil encaje la venta de unas empresas públicas, ya que no se puede hacer un concurso, concluyendo que el Canal ahora está maniatado".

La UCO también grabó en Madrid varias reuniones que Edmundo Rodríguez (expresidente de Inassa) mantuvo en junio de 2016 con varios directivos y accionistas de Inassa, entre los que destacan Luis Nicolella del Cano, Nelson Polo Carbonell y Enrique Miguel Guerlain. "Resulta relevante que a la reunión asistieran Edmundo Rodríguez Sobrino y María Fernanda Richmond, el primero cesado dos meses antes como presidente de Inassa y la segunda igualmente cesada como directora financiera del Canal", reza un informe policial. Ambos fueron apartados de sus cargos después de que El Confidencial revelara que el primero aparecía en los papeles de Panamá y la segunda autorizara la compra de la empresa brasileña Emissao muy por encima de su valor.