contratos por 21 millones de dólares

Comisiones del 3% y playas privadas: así se lucraron en el Canal con el seísmo de Haití

Los investigadores avanzan en sus pesquisas y señalan a ciertos exdirectivos del Canal que pudieron hacer negocio con los trabajos de reconstrucción tras el terremoto que asoló la isla en 2010

Foto: Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de Inassa. (EFE)
Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de Inassa. (EFE)

El terremoto de Haití del año 2010 dejó 316.000 muertos y más de 350.000 heridos. La Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están reuniendo pruebas que apuntarían a que determinados exdirectivos del Canal de Isabel II implicados en la operación Lezo se lucraron con los trabajos de reconstrucción iniciados por la comunidad internacional tras el devastador seísmo. Dos filiales del Canal en Suramérica consiguieron contratos en el país caribeño tras asociarse con la empresa española Incatema Consulting & Engineering por valor de 21 millones de dólares. Un exdirectivo del Canal ha reconocido que cobraba el 3% de comisión. No le fue nada mal, según han podido constatar los investigadores. Entre su patrimonio figura una playa de 28.000 metros cuadrados adquirida junto a unos socios en República Dominicana, país vecino de Haití.

La UCO investiga la participación de Javier Soler Gallego, uno de los imputados del caso, en todo este entramado. Soler fue consejero de Canal Extensia (la empresa que el Canal creó en el año 2001 para comprar Inassa, la matriz suramericana). Ocupó el cargo entre septiembre de 2005 y marzo de 2009. A pesar de que dejó el Canal antes de que Haití sufriera el terremoto, la Guardia Civil grabó en octubre de 2016 una conversación entre Edmundo Rodríguez Sobrino (expresidente de Inassa) y María Fernanda Richmond (ex directora firnanciera del Canal) en la que el primero le comentaba a la segunda que Soler Gallego "se llevó una comisión que le habría pagado Incatema por algún asunto que habría llevado en Haití", según reza un informe policial incorporado al sumario del caso. Rodríguez Sobrino y Richmond también están imputados.

La Guardia Civil no tiene ninguna duda de que ambos estaban hablando de la firma Incatema Consulting & Engineering SL, constituida en 1999 y propiedad de la familia Pardo de Santayana. Es la única empresa española con este nombre que ha realizado proyectos en Haití en consorcio con otras sociedades, concretamente el proyecto 'Ouanaminthe' junto a Metroagua (filial de Inassa) y el establecimiento de agua potable en la ciudad haitiana de Jacmel, en una UTE con la Triple A Dominicana (otra filial de Inassa). Ambos proyectos se adjudicaron por 21 millones de dólares. Parte de estos fondos, aunque fueron adjudicados por el Gobierno haitiano, procedían de la Agencia Española de Cooperación. Los investigadores también sospechan que Inassa pagó comisiones a funcionarios haitianos y que parte de esas comisiones también se derivaron a los bolsillos personales de los directivos de Inassa.

La UCO adjunta en su informe otra conversación entre Ignacio González, expresidente madrileño y durante nueve años presidente del Canal, y su hermano Pablo González (ambos imputados), en la que el segundo habla de "prácticas corruptas" llevadas a cabo por Incatema en varios países donde esta empresa ha resultado adjudicataria. "Es Incatema el que se encarga de materializar el pago de las comisiones ilegales". Pablo González, que fue directivo de la empresa pública Mercasa, añade que Incatema era socio de Edmundo Rodríguez Sobrino y "que este le había puesto varias veces en antecedentes sobre la forma de proceder de esta empresa".

Javier Soler Gallego, en un combo de imágenes realizado por la UCO. La foto de la derecha es una captura del vídeo emitido por La Cadena Ser del presunto espionaje a Ignacio González en Colombia en 2008.
Javier Soler Gallego, en un combo de imágenes realizado por la UCO. La foto de la derecha es una captura del vídeo emitido por La Cadena Ser del presunto espionaje a Ignacio González en Colombia en 2008.
Los investigadores concluyen que las filiales de Inassa, Metroagua y Triple A Dominicana, "fueron adjudicatarias de sendos contratos públicos en Haití, por importes respectivos de 8 y 13 millones de dólares, ambos en consorcio con la sociedad española Incatema, no descartándose que esta última pudiera haber actuado en consorcio con otras filiales de Inassa en la ejecución de otros contratos públicos. Sin poder precisar con qué trabajos realizados por Incatema en Haití, sí parece que las comisiones de las que supuestamente se habría beneficiado Javier Soler Gallego estarían relacionadas con uno de ellos, y que además estos trabajos a su vez lo estarían con alguna de las empresas vinculadas con Inassa".

El abogado Soler Gallego declaró en mayo ante la Guardia Civil, donde ha negado cobrar comisiones ilegales. Aseguró que antes de ser consejero de Canal Extensia fue asesor de la Triple A Dominicana y miembro de la Junta Directiva de Inassa. Sus retribuciones oscilaron entre los 6.000 y 9.000 euros mensuales. El imputado explicó que solo tuvo relaciones comerciales con Incatema cuando dejó el Canal de Isabel II. En abril de 2011 Soler Gallego e Incatema firmaron un acuerdo de colaboración y logró que la empresa e Inassa (para la que había trabajado) consiguieran asociados dos proyectos de reconstrucción tras el terremoto de Haití. Hubo un tercer proyecto, pero en este último Incatema se asoció con la empresa madrileña Macrofitas por un importe de 15 millones de dólares.

Por este trabajo de intermediación, Soler Gallego percibía 2.000 euros al mes y el 3% del "importe de la contratación en la proporción que Incatema participe en el consorcio en el supuesto concreto de materializarse cualquier tipo de contrato o adjudicación". Según lo que manifestó ante la Guardia Civil, Incatema le pagó unos 300.000 euros por todos los trabajos. Según fuentes de Incatema Consulting, esta empresa mantuvo un contrato plenamente legal para la identificación de nuevo negocio con Javier Soler. De hecho, discrepancias sobre el mismo llevaron a ambas partes a los tribunales, lo que motivó que se estableciese finalmente el pago de lo previsto contractualmente a Javier Soler por parte de Incatema. También reconoció que tiene participaciones minoritarias en dos compañías dominicanas, un 9% en Answana y un 20% en Providón. Con estas empresas sus socios y él han ido adquiriendo desde el año 1991 terrenos en una playa de la península de Samaná, en República Dominicana. Hasta llegar a los 28.000 metros cuadrados. Estas participaciones no están declaradas a la Agencia Tributaria.

Con otra empresa, Desarrollo y Promociones de Solares (DPS), tiene una casa en Madrid, otra en Málaga, 10 hectáreas de suelo rústico en el municipio madrileño de Arganda y un 1% en una compañía dominicana que fabrica puros. Soler Gallego ha preferido no hacer declaraciones a El Confidencial, ya que está citado a declarar de nuevo el próximo 20 de septiembre. Uno de los autos del juez Eloy Velasco (anterior instructor de la causa) ya señalaba hace meses que "se han obtenido indicios de que la sociedad española Incatema habría pagado algún tipo de comisión al ex consejero de Canal Extensia José Javier Soler Gallego. Esta comisión podría estar relacionada con contratos de obra pública adjudica en Haití a consorcios de empresas integrados por Incatema y sociedades de la órbita de Inassa".

Madrid

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