Escrivá culpa a las CCAA por no acoger más migrantes mientras Moncloa sigue sin atajar la crisis de Canarias

La situación migratoria en Canarias es cada vez más crítica. Este lunes, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en funciones, José Luis Escrivá, no dudó en acusar de insolidarias a las comunidades autónomas por no asumir un porcentaje mayor de los menores extranjeros no acompañados afincados en el archipiélago tras llegar de forma irregular. Pero este pacto, que acordó el "traslado solidario" –así se le llamó– a 396 de estos menores a otros puntos del país, se selló hará apenas una semana con el aval de una de sus compañeras en el Consejo de Ministros, Ione Belarra, titular de Derechos Sociales y Agenda 2030. Como la gestión en esta materia está repartida entre distintos órganos ministeriales, hablar de migraciones en España muchas veces deriva en conflictos competenciales.

Otro de los principales responsables estatales en la coordinación de los dispositivos de emergencia, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, reconocía in situ este lunes la gravedad de la situación –en lo que llevamos de año se ha superado en llegadas a 2022, con 23.500 personas hasta octubre, y solo entre la tarde del jueves y la mañana del viernes llegaron 900– tras reunirse con el presidente insular, Fernando Clavijo; el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, y representantes de organizaciones como Cruz Roja. Entre los pocos anuncios que se hicieron a posteriori estuvo el envío de dos aviones de la Guardia Civil para el control marítimo: uno de tipo CN-235 en Dakar, que se quedará algo más de un mes vigilando las inmediaciones de Senegal y Mauritania para evitar salidas hacia costas españolas, y otro Beechcraft Super King Air 350i que se sumará a las patrullas canarias.

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Pero ni rastro del mando único –Clavijo habló de ello en una entrevista reciente con El Confidencial– o de impulsar nuevos convenios y fondos para gestionar el boom de llegadas, como pedía Canarias. Aunque la pugna política no queda solo entre administraciones estatales y autonómicas. Escrivá arremetió ayer contra el acuerdo de traslado adoptado hace tan solo una semana. Habiendo más de 3.500 de estos chavales en el archipiélago, el responsable de Migraciones ve "insuficiente" el pacto sellado por Belarra con las comunidades autónomas para aliviar al Gobierno canario, que apenas designa nuevas localizaciones para unos 400 chavales llegados a Canarias o Ceuta.

Escrivá habló de poca "solidaridad" de las CCAA ante una "responsabilidad colectiva"

Sin embargo, el acuerdo fue aprobado por unanimidad entre las regiones y la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, que el año pasado puso en marcha un plan de respuesta ante crisis migratorias para 2022-2023. La idea de este plan –que contará con apoyo técnico de la UE hasta 2026– fue promover una mayor corresponsabilidad entre administraciones autonómicas para hacerse cargo de las llegadas de extranjeros en situación irregular, que suelen concentrarse en los mismos puntos costeros (Ceuta, Melilla, Canarias, Algeciras, Murcia...) y delegando en sus Ejecutivos la responsabilidad de asumirlas, tanto a nivel económico como social.

No obstante, Escrivá afeó a las comunidades una falta de "solidaridad" tras el último reparto avalado por Belarra. Es una "responsabilidad colectiva" y no tiene la sensación de que todas las regiones hayan puesto lo justo de su parte. Esto es lo que vino a decir el ministro, que remarcó que en otras "crisis" migratorias de gran calibre, entre las que mencionó el episodio de entradas masivas a Ceuta desde Marruecos en mayo de 2021, el apoyo que se recibió desde otros puntos de España también fue, a su parecer, "limitado". Con esta tesis coincide el actual presidente en Clavijo, que tras recuperar el poder el 28-M –dirigió el Gobierno insular en legislaturas anteriores– se reunió este verano con los máximos responsables de tres ministerios con competencias en migraciones: el de Exteriores, el de Interior y el de Inclusión. Solo de este último dijo Clavijo haber sentido una "mayor sintonía" y percibido más concienciación por parte de Escrivá.

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El propio Clavijo, en conversación con El Confidencial horas después del encuentro del lunes con Marlaska, catalogó la cita como "fructífera" aunque no tardó en añadir que "faltan muchas cosas por pulir". Si sus tres principales reivindicaciones ante esta crisis migratoria eran adquirir un mando único para Canarias, tener más fondos y recursos económicos para hacerle frente o mejorar el equilibrio en la colaboración autonómica para trasladar a los menores de edad a otras regiones, cree que solo la primera parte ha quedado "medianamente satisfecha".

Que el Gobierno haya decidido incluir a Canarias en estas reuniones cada 15 días aproximadamente (en las que, explica, solo se informa y "no se negocia" sobre cuestiones migratorias) es una forma de acercarse a la comunicación fluida que podrían tener con un interlocutor exclusivo, como fue la vicepresidenta de Zapatero en su día. No obstante, concluyen que aún hace falta más dinero para la emergencia que se cuece y también que haya una mayor colaboración no solo entre autonomías, sino también con la Unión Europea de por medio.

Al preguntar a Clavijo hasta qué punto el lograr o no estos objetivos condicionará el modesto apoyo de Coalición Canaria a la investidura de Pedro Sánchez, cuyo Gobierno en funciones coordina todos estos ministerios, el presidente insular no quiso vincularlo. "Ni en esta ni otras reuniones anteriores se ha hablado, formal o informalmente, de negociaciones o cuestiones de este tipo", resolvió, sin más.

Una reunión tensa

La reunión de este lunes con Marlaska fue tensa, confirman otras fuentes presentes, y se demoró durante horas. Era el tercer encuentro de coordinación desde que el pasado 27 de septiembre se acordara iniciar reuniones, al menos, quincenales y en las que estuviera presente el Gobierno de Canarias, a fin de controlar y mejorar la capacidad de reacción ante cambios en los flujos migratorios. Tuvo lugar en Las Palmas y tras ella comparecieron tanto el ministro Marlaska como el presidente Clavijo. Aunque una de las preguntas que los periodistas hicieron al primero de ellos fue si aceptaría crear un mando único en Madrid para gestionar la inmigración en las islas –es decir, que haya un solo interlocutor para que la Administración regional no tenga que ir preguntando uno a uno a cada ministerio implicado–, el responsable de Interior no lo vio necesario.

"Ya existe un mando único", fue lo que dijo, refiriéndose al que ejerce el teniente general del Mando Marítimo, dependiente de la Guardia Civil. Sin embargo, fuentes del Gobierno de Clavijo confirmaron tras la reunión que no es esta figura la que ellos solicitan, sino una como la que ya instauró el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero durante la crisis de los cayucos de 2006 en torno a la que era su número dos en Moncloa, María Teresa Fernández de la Vega. Así que, aunque reconocen el valor de este otro coordinador que menciona Marlaska, creen que no es suficiente para un escenario como el actual. De hecho, el propio Clavijo remarcó en declaraciones a la prensa que el encuentro del lunes con Interior había traído avances, sí, pero "pequeños" a su juicio".

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Situación crítica

La situación migratoria en Canarias tiene pocos precedentes. Desde la crisis de los cayucos de 2006, cuando más de 30.000 personas llegaron a las islas –el año anterior, por ejemplo, no sumaron ni 5.000–, no han vuelto a verse días como los de las últimas semanas. En solo una tarde, la del jueves pasado y hasta la mañana del viernes, arribaron al archipiélago hasta 900 extranjeros a bordo de embarcaciones precarias. A primera hora del 13 de octubre, Salvamento Marítimo interceptaba cuatro embarcaciones que entraron de forma irregular en España y trasladaron a los viajeros hasta dos puertos grancanarios, uno de ellos el de Arguineguín, en el municipio de Mogán. Entrado el fin de semana, hallaron a otras 472 personas en aguas cercanas a Lanzarote, Tenerife y El Hierro.

Fue en este enclave donde, en 2020, se vivió otro momento crítico que puso a prueba los recursos de la Administración. Miles de personas vivieron a la intemperie y en condiciones de hacinamiento, como constató la propia Audiencia Provincial de Las Palmas un año después, en su dársena pesquera. Otro pico migratorio llevó a estos extranjeros, en su mayoría de Marruecos o Mali, a desembarcar en las islas en tiempo récord. Al no haber lugar donde alojarlos a todos, muchos pasaron hasta semanas en la calle y durmiendo en un campamento improvisado en el muelle, hasta ser trasladados a un dispositivo de emergencia o incluso a hoteles canarios, que algún propietario privado decidió habilitar para darles cobijo en una situación extrema.