Reparto equitativo: Canarias reclama más traslados de menores migrantes a la península

Poco se ha cumplido del acuerdo que alumbraron las Comunidades Autonomas en la Conferencia de Presidentes de La Palma en marzo de 2022. El Gobierno central y los regionales acordaron un mecanismo de solidaridad para el reparto de los menores inmigrantes que recalan en Canarias. Más de un año después poco se sabe del compromiso, más allá de que los expedientes de los niños y adolescentes se siguen amontonando en las islas.

TE PUEDE INTERESAR

Récord de llegadas a Canarias en lo que va de año: 638 personas en un día, 126 menores

EFE

Comienza ahora la temporada de mareas largas en el archipiélago, un momento propicio para la salida de cayucos, y las autoridades canarias reclaman al Ejecutivo central que dé un puñetazo en la mesa y eche una mano. De lo contrario, el magma brotará en un contexto en el que España se debate en su propio laberinto de estabilidad institucional. Para atender a esos menores hay 39 espacios de emergencia tutelados por el Gobierno canario. 22 están en Gran Canaria, 13 en Tenerife, 1 en el Hierro y 3 en Fuerteventura. Los cálculos del Ejecutivo regional señalan que en estos meses, con las condiciones del mar favorables, pueden llegar hasta 2.500 menores. En enero salieron a la calle desprotegidos socialmente 1.000 jóvenes por cumplir más de 18 años.

Este 2023 arrancó en Canarias con 15.682 inmigrantes irregulares llegados por vía marítima, 6.634 menos que un año antes (en 2021 alcanzaron las islas 22.316 personas), lo que supone una caída del 29,7 por ciento. En el caso de las embarcaciones, el descenso fue del 35,4%, 192 menos. El Ejecutivo central apunta, según se puede leer en el documento oficial Modelo de gestión de contingencias migratorias, que Canarias debería asumir entre un 25% y un 50% de esa sobreocupación, mientras que el resto debería asumir entre el 75% y el 50%. Los porcentajes concretos se cerrarán en función de los recursos financieros de las comunidades, incluido el presupuesto destinado a la atención y acogida de los menores de edad migrantes transferidos por el Ejecutivo central.

De acuerdo con los datos que recoge en su informe anual la Fiscalía General del Estado, al término de 2021 estaban inscritos en el registro de menores extranjeros no acompañados en todo el país 9.294 niños y adolescentes, tutelados por los servicios sociales. De ellos, 2.399 quedaban bajo la responsabilidad de Canarias (26%), 1.980 estaban acogidos por la Junta de Andalucía (21%), 1.192 dependían de la Generalitat de Cataluña (13%) y 921 estaban bajo la tutela de la ciudad de Ceuta (10%). El convenio que tiene Canarias con el País Vasco señala que el número de menores migrantes no acompañados que serán trasladados hasta allí son un total de 15 (Vizcaya acogería 8, Guipúzcoa, 5 y Álava, 2).

Todo esto ocurre cuando el PIB de Canarias está al mismo nivel que 2016, 42.000 millones de euros frente los 47.183 millones prepandemia. Es decir, la misma cantidad que en el primer mandato del actual presidente canario, Fernando Clavijo (CC). Cáritas ya ha alertado en alguna ocasión del problema que Canarias concentre un gran número de menores inmigrantes. Para la entidad una correcta política en la atención y acogida solidaria de los menores en el conjunto de España "ayudaría a controlar los brotes de xenofobia y rechazo generados en algunos sectores sociales por esta situación fuera de control".

TE PUEDE INTERESAR

El caso Menas que pone en jaque a la candidata de Sumar por Las Palmas

Pablo Gabilondo

Y prueba de la saturación es que las autoridades policiales tienen que vigilar a los que llegan, a los que se establecen libremente en la calle tras su mayoría de edad, a los que están recluidos y a las mafias locales. En verano, la Guardia Civil desarticuló en Gran Canaria una organización criminal que se dedicaba al favorecimiento de la inmigración irregular, inducción al abandono del domicilio de menores y tráfico de estupefacientes en menor escala, al captar a menores extranjeros no acompañados que se encontraban en centros de acogida de la isla para facilitarles, previo pago de entre 600 y 1.000 euros, documentación falsa o robada que les permitiera viajar a la península. La Fiscalía Anticorrupción en Las Palmas investiga el destino de 12 millones de euros gestionados por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI para albergar los centros de menores no acompañados en Gran Canaria. El Estatuto de Autonomía señala en su artículo 144 que corresponde a la comunidad "el establecimiento, de acuerdo con la normativa estatal, de un marco de referencia para la acogida e integración de las personas inmigrantes, incluidos los menores extranjeros no acompañados".