El fantasma de una crisis migratoria vuelve a tocar a las puertas de la UE

La gestión del desembarco del Ocean Viking, una embarcación de la ONG francesa SOS Mediterranée, y que ha provocado un choque directo entre el Gobierno francés y el recientemente elegido Gobierno italiano ha vuelto a poner el foco sobre la gestión migratoria. Pero lo cierto es que los números justifican esa atención: se trata de los mayores flujos desde el año 2017. Y, de nuevo, Europa no está preparada: el pacto migratorio que saltó por los aires en la crisis de 2015 no se ha sustituido y los Estados miembros siguen tan divididos y enfrentados por esta cuestión como durante los últimos años o incluso más.

Por el momento ha habido un aumento del 77% en las solicitudes de asilo respecto a 2021, con unas 281.000 personas registrándose, y eso sin tener en cuenta a los ucranianos que huyen de la guerra y que cuentan con un estatus especial. Hasta hace unas semanas se hablaba de una “crisis migratoria invisible” a las puertas de la Unión. Pero el choque entre París y Roma a raíz de la embarcación con más de 200 inmigrantes rescatados en el Mediterráneo, así como las tensiones respecto a la ruta de los Balcanes, han hecho que haya dejado de ser invisible. Los datos entre enero y junio de 2022 son contundentes: el flujo migratorio por la ruta de los Balcanes ha aumentado un 191% respecto al año pasado, la ruta del Mediterráneo Este un 125% y la del Mediterráneo Central un 23%.

Uno de los problemas es que aunque los números no son todavía los del año 2015, aquella crisis provocó un auténtico trauma en muchos países, especialmente del este, que han allanado el camino a unas políticas extremadamente restrictivas ante la inmigración. Pero también ha ocurrido en el norte: por ejemplo, las políticas de Dinamarca, con un Gobierno socialdemócrata, se encuentran en el ala más dura en materia migratoria. Y eso hace que los solicitantes de asilo se tengan que repartir entre menos Estados miembros, además de que la inestabilidad política y la situación de abusos contra los derechos humanos en muchos de los países de origen no han hecho más que empeorar, como muestra la situación de Afganistán o el empeoramiento del estado del Sahel.

El problema migratorio actual es una hidra de varias cabezas. No hay un único foco, sino que la situación, que ha pasado bajo el radar durante todo el año hasta ahora, tiene varios puntos conflictivos. Uno de los puntos es el ya citado empeoramiento de la situación en muchos puntos de origen de los migrantes tradicionales. Pero hay otros aspectos. Por ejemplo, se detectó un importante número de burundeses cruzando las fronteras de la Unión Europea. ¿La razón? Serbia acordó con Burundi un acuerdo de liberalización de visados a cambio de que el país africano retirara su reconocimiento a Kosovo, un territorio que proclamó su independencia unilateral de Belgrado en 2008. Los burundeses viajaban a Serbia, país que no forma parte de la UE pero que es candidato, y desde él seguían en su ruta hacia el resto de Europa. Bruselas ha tenido que amenazar a Belgrado para que el Gobierno vuelva a introducir los requisitos de visados para Burundi y Túnez.

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La división entre los Estados miembros de primera línea y los de Europa central y del norte es enorme cuando toca hablar sobre política migratoria. Aunque hay una propuesta por parte de la Comisión Europea, que se basa en una “solidaridad a la carta” y mano dura contra los inmigrantes que no tienen derecho al asilo, la visión sobre qué tipo de mecanismo debe aplicarse es radicalmente distinta para Varsovia que para Madrid o Atenas y ni siquiera una propuesta bastante favorable hacia los más duros sirve para acercar posturas. Los países que no están en primera línea quieren que los Estados miembros receptores carguen con toda la presión migratoria, mientras que los socios mediterráneos buscan que haya un reparto de los migrantes y solicitantes de asilo que se reciben.

En septiembre la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, así como el presidente de la comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara, la presidenta del Grupo de Contacto de Asilo y los embajadores representantes permanentes de los países que ostentan las próximas presidencias, es decir, República Checa, Suecia, España, Bélgica y Francia, adquirieron un compromiso para intentar completar para febrero de 2024 la reforma de las reglas migratorias europeas.

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EFE

Schengen en tensión

La reunión de ministros de Interior llega pocos días después de que la Comisión Europea haya solicitado al resto de Estados miembros que acepten que Croacia, Rumanía y Bulgaria sean parte de la zona Schengen de libre circulación. Eslovenia, fronteriza con Croacia, ha empezado a debatir la posibilidad de establecer controles temporales en caso de que su país vecino sea aceptado en la zona Schengen para gestionar los flujos migratorios que puedan llegar a través de su frontera.

Y la razón es un efecto dominó: Austria es uno de los países que desde la crisis migratoria de 2015 ha buscado excusas para prorrogar controles fronterizos y ahora Eslovenia teme tener que quedarse con los solicitantes de asilo que sean rechazados por Viena. Otros países de Schengen, en concreto Noruega (que no forma parte de la UE, pero sí de la zona de libre circulación), Alemania, Dinamarca y Suecia, tienen controles fronterizos permanentes desde 2015. Y todos estos controles permanecen a pesar de que en abril el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), el intérprete último del derecho de la Unión, sentenciara que no pueden prolongarse más de seis meses por cada riesgo declarado. Es decir, puedes establecer un control de seis meses por, por ejemplo, el riesgo de expansión de una enfermedad, como ocurrió con el coronavirus, o por una crisis migratoria, pero eso no puede convertirse en una norma.