Euforia y frustración en la ría de Pontevedra: las mil caras tras el fallo sobre la celulosa Ence

La decisión del Tribunal Supremo de avalar la presencia de Ence en la ría de Pontevedra hasta 2073 ha provocado, por inesperada, una cascada de reacciones especialmente intensas. Van desde la euforia de la Xunta a la frustración de los opositores a su actual ubicación. La respuesta a la estimación de los recursos de la empresa, el Gobierno gallego y otras entidades contra las sentencias de la Audiencia Nacional que anulaban la prórroga se divide también entre los que la celebran y quienes la critican, pero más que nunca tiene mil matices y distintos grados. Entre los más exultantes está el Ejecutivo gallego, la propia Ence y sus accionistas. El desengaño ha sido enorme para entidades como la Asociación pola Defensa da Ría (APDR) o el Ayuntamiento de Pontevedra, que llevan décadas luchando por alejar la factoría inaugurada por Franco en 1963.

En el ámbito político, la defensa de Ence se identifica con el PP y la lucha por su deslocalización con el BNG, que gobierna la ciudad desde 1999. No fue otro el motivo de la declaración como persona non grata de Mariano Rajoy en su ciudad que la prórroga a Ence ahora anulada, impulsada en 2016 por su Gobierno en funciones. El alcalde pontevedrés, el nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores, tachó la decisión del TS de "fracaso del Estado de Derecho". La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, afirmó que el Supremo "se carga la Ley de Costas" y da "un trato de favor" a la pastera sobre otras empresas gallegas. La Xunta, por su parte, consideró avalado su recurso ante el Supremo, mientras su presidente pedía a los opositores que "cesen su acoso" contra la factoría.

Formoso restó importancia a las discrepancias internas: "Siempre entendemos que localmente cada uno tiene que velar por sus intereses"

También en el plano político, la decisión del Supremo —de la que apenas se conoce su sentido y que cuenta con un voto particular— fue acogida entre los socialistas de forma dispar. El secretario general del PSdeG y presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, sostiene que Ence "no debería estar" en la ría, pero aboga por pasar página y "convivir con esa realidad". Formoso defiende la implantación en As Pontes, donde es alcalde, de una planta de producción de fibra reciclada de la misma compañía. La presidenta de la Diputación de Pontevedra, la también socialista Carmela Silva, mientras, defiende el traslado. "Esa siempre fue mi posición y la sigue siendo, y estoy orgullosísima de ella", afirmó tras conocer el aval del TS a la actual ubicación. Formoso restó importancia a las discrepancias internas: "Siempre entendemos que localmente cada uno tiene que velar por sus intereses".

El Ministerio de Medio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha visto desmontada su interpretación de la prórroga de concesiones del Gobierno de Rajoy, pero guarda silencio y se limita a confirmar que acatará el fallo. Su titular, Teresa Ribera, defendió en los últimos años el traslado de las instalaciones, para lo que reclamaba a la Xunta que facilite terrenos "viables". El ministerio ya había encargado de hecho un estudio para la reubicación, innecesaria tras la decisión del Supremo.

Greenpeace, responsable de uno de los recursos que motivaron la sentencia de la Audiencia Nacional ahora anulada, no ocultó su contrariedad. "Esta sentencia no permitirá liberar el dominio público marítimo-terrestre de la ría de una actividad altamente lesiva que resulta incompatible con la Ley de Costas, pues podría desarrollarse en cualquier otro lugar", afirmó en un comunicado.

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La mayor decepción ha sido —junto con el alcalde y su gobierno— para la Asociación pola Defensa da Ría, y suyas son también las imputaciones más gruesas. Su presidente, Antón Masa, acusó al Supremo de "ceder a las presiones de Ence". "Es sorprendente que tengamos tres sentencias de la Audiencia Nacional, en las que participaron unos 15 magistrados, y otras sentencias anteriores, como la que condenó a exdirectivos de la empresa por delito ecológico, que hayan resuelto el caso de una forma. Y ahora, cuatro magistrados del Supremo lo ven de otra. Parece que la ley en función del juez diga una cosa u otra. Ence tiene las manos muy largas y llega a donde los demás no podemos llegar", cargó.

Lo único que ha trascendido del TS es un comunicado donde se informa de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que se pueden prorrogar las concesiones anteriores a la Ley General de Costas de 1988, como es el caso, "siempre que consten informes medioambientales favorables". En el asunto analizado, afirma, "constaban informes favorables de la Administración en esa materia".

El presidente de la Confederación Empresarial de Galicia consideró que "gana Galicia" y celebró que se desbloqueen "inversiones pendientes"

Greenpace y el Ayuntamiento de Pontevedra —también responsable de uno de los recursos que motivaron el fallo de la AN— sostienen que, en el caso de que Ence recibiese una prórroga, no podría superar los 75 años a contar desde el momento en que se dio originalmente la concesión, por lo que no podría extenderse más allá de 2033. La Audiencia Nacional consideró que la factoría no podía estar en dominio público marítimo-terrestre sin considerar los plazos de la prórroga, por lo que los opositores anuncian que recurrirán para abordar la duración de la misma.

El presidente de la APDR, una asociación que leva más de tres décadas luchando contra la ubicación actual, cree que la vía judicial "todavía tiene un recorrido muy amplio". "En algunos aspectos, lo que se pueda hacer dependerá de lo que digan esos detalles que todavía no se conocen, pero siempre hay una vía, pase lo que pase: acudir al Constitucional y, de ahí, a los tribunales europeos".

Desde el ámbito empresarial todo han sido aplausos. El presidente de la Confederación Empresarial de Galicia, Juan Vieites, consideró que "gana Galicia" y celebró que se desbloqueen "inversiones pendientes". Y el secretario de la Plataforma de Apoyo a la Industria de la Provincia de Pontevedra, Cándido Farto, afirmó que "la cordura ha vencido a la sinrazón". La propia Ence celebró que el TS "despeje la incertidumbre" y se mostró dialogante con los colectivos opositores. Pero los más satisfechos fueron sin duda los accionistas: el mismo día que se conocía el aval del Supremo, la compañía cerraba la sesión bursátil con una subida de más del 27%.