La primera transferencia a Galicia en 12 años enreda al PP y salpica a Feijóo
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La primera transferencia a Galicia en 12 años enreda al PP y salpica a Feijóo

El Partido Popular de la comunidad enfurece a guardias civiles al facilitar con su abstención la reclamación de la gestión de Tráfico, pero después matiza: “No es el momento”

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El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. (EFE)

A Alberto Núñez Feijóo hay muchísimas cosas que le unen con Manuel Fraga, pero entre ellas no está el desarrollo de transferencias. Durante los 12 años que lleva al frente de la Xunta, la comunidad autónoma no ha asumido ninguna competencia del Estado, frente a las 52 que desarrolló el fundador de su partido, que hacía gala de un autonomismo apenas tolerado en el PP de la época. La siguiente en la lista es Tráfico, que implicaría el despliegue de una policía gallega, a lo que los populares en esta comunidad no se oponen. Eso al menos es lo que dieron a entender en el Parlamento, al facilitar con su abstención que prosperara una iniciativa de los nacionalistas del BNG para reclamarla. Las críticas no tardaron en llegar, especialmente de colectivos de guardias civiles. El PP ha reaccionado frenando las expectativas de un traspaso a corto plazo.

“No es el momento” de solicitar la transferencia de Tráfico, matizó el secretario general de los populares gallegos, Miguel Tellado, tres días después de la aprobación en la Cámara autonómica. Afirmó que “en ningún caso” el partido de Feijóo quiere “alejar a la Guardia Civil de las carreteras gallegas”, y reclamó que no se malinterprete su abstención. Pese a la rectificación, una vez aprobada la proposición no de ley del BNG, el Parlamento de Galicia activará el traslado de la propuesta al Congreso de los Diputados, que debe ratificar el traspaso de las competencias en Tráfico y Seguridad Vial.

Foto: Control transfronterizo entre Portugal y España. (EFE)

Ya ocurrió en 2008, cuando se aprobó en Galicia una proposición idéntica, entonces por unanimidad, que fue tumbada en la Cámara Baja dos años después. Una delegación del Parlamento gallego formada por Pedro Puy (PP), Xoaquín Fernández Leiceaga (PSdeG) y Anxo Quintana (BNG) se desplazó a las Cortes para defenderla. Socialistas y populares dejaron en mal lugar a sus compañeros de Galicia: el PSOE, que sostenía al entonces presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, votó en contra, mientras que el grupo popular, que tenía en su mano su aprobación, optó por abstenerse.

Al igual que sucedió en Navarra el pasado año, la transferencia es vista con recelo en determinados sectores de la política, pero muy especialmente entre colectivos de guardias civiles, que temen ser desplazados con el despliegue de la policía autonómica en funciones de Tráfico. La presidenta de la Asociación Pro Guardia Civil, Begoña Uña Cantalapiedra, se hizo eco de ese malestar. “Como asociación profesional, nos preocupa y mucho, a la vez que estamos recibiendo de nuestros asociados una sensación de gran intranquilidad por esta circunstancia”, sostiene Uña. En una carta enviada a Feijóo, le transmite la “profunda incertidumbre y nerviosismo en los más de 950 agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil” destinados en Galicia. “Más de 950 familias ven peligrar su futuro y estabilidad profesional y familiar, añadiendo a todo ello lo que el cambio puede suponer para los hijos de esas casi mil familias, que tras años de destinos, han recabado en su Galicia natal”.

Foto: Campaña de vacunación en Galicia. (EFE)

Los recelos de los colectivos que se oponen al despliegue de la policía gallega también se deben a la aprobación en 2019, igualmente con la abstención del PP, de la toma en consideración de una proposición de ley del PSdeG para la transferencia de Tráfico, aunque la ley no llegó nunca a tramitarse. Tellado se refirió sin citarla a esta votación y a la necesidad de ser “coherente” con ella para justificar la abstención del pasado 27 de abril.

Tanto en 2019 como ahora, la abstención del PP que facilita las iniciativas de la oposición se produjo entre críticas a los promotores de las mismas y al Gobierno de Pedro Sánchez. No obstante, en esta ocasión, el diputado popular Alberto Pazos explicaba en el debate que la decisión de no bloquear la proposición no de ley con un voto en contra se debe a que Galicia “no renuncia a mayores cotas de autogobierno, desde la lealtad a las instituciones gallegas y españolas”. Antes de que Tellado lo enmendara al afirmar que “no es el momento” de la transferencia, Pazos aseguraba en el Parlamento que la Xunta está “preparada para asumir” la gestión del Tráfico, aunque a su juicio no se encuentre entre las prioridades de los gallegos, que se centran "en la salud, la protección social y el impulso económico". “El compromiso con el autogobierno no se mide en el número de competencias transferidas, sino en la firmeza mostrada en la defensa de los intereses de Galicia”, manifestó, en respuesta a las críticas por la ausencia de nuevos traspasos.

Foto: Foto: Adega.

El programa del PP en las autonómicas de 2020 establecía el compromiso de incorporar nuevos agentes a la Unidad de Policía Adscrita a Galicia “hasta completar su dotación”, pero sin concretar nada al respecto de las competencias de Tráfico. Durante el Gobierno bipartito de Galicia (2005-2009) se aprobó una Ley de Policía que preveía convertir el cuerpo adscrito en uno íntegramente gallego, que sustituiría en la comunidad autónoma a Policía Nacional y Guardia Civil, pero en casi 14 años la ley no ha conocido el más mínimo desarrollo.

De acuerdo con la ley, aún en vigor, el mando supremo de la policía gallega recaería en el Consello de la Xunta, en coordinación con el Estado a través de una Junta de Seguridad de Galicia, ligada a su vez al Centro de Elaboración y Proceso de Datos para el Servicio Policial, un espacio para la gestión de la información y la inteligencia. Según las previsiones iniciales, el cuerpo se nutriría de los alrededor de 400 agentes de la Unidad de Policía Adscrita, que se completarían con nuevas incorporaciones hasta alcanzar la cifra de 2.400 efectivos. Su primera misión debía ser precisamente Tráfico y Seguridad Vial, que asumiría tras la correspondiente transferencia del Estado. Así fue como se gestó el acuerdo de 2008 en el Parlamento gallego —antes de la llegada de Feijóo—, una reclamación que naufragó en las Cortes dos años después, cuando el actual presidente ya estaba al frente de la Xunta.

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