Cuenta atrás para las industrias del mar ‘irregulares’ en la costa gallega

La Xunta y el Gobierno de España se enfrentan por otra ley. Si el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha recurrido al Constitucional la norma que abre la puerta a la vacunación obligatoria en Galicia, el de Alberto Núñez Feijóo ha sacado toda su artillería contra la de cambio climático. En concreto, contra su artículo 18, que amenaza con provocar la caducidad en cascada de un centenar de empresas ubicadas en dominio público marítimo terrestre. Son en su mayoría depuradoras de marisco, plantas acuícolas o conserveras, pero la ley afecta también a Ence, la polémica papelera enclavada en la ría de Pontevedra. El Ministerio para la Transición Ecológica destaca que las caducidades no son incompatibles con nuevas concesiones, pero el PP asegura que la ley “va a enterrar toda la industria del mar gallego”.

La batalla del polémico artículo 18 y sus distintas interpretaciones se libra desde hace dos años, pero ha recobrado toda su intensidad después de que el Congreso de los Diputados le diera sus últimos retoques en ponencia a puerta cerrada. La Comisión de Transición Ecológica rechazó las enmiendas de los populares a la citada disposición. Comenzó a circular por internet un vídeo anónimo que difundieron el PP de Pontevedra y otros dirigentes del partido al que respondió la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, con un hilo de Twitter escrito en gallego. En él, lamenta que se acuse “en falso” a una ley que “defiende e incorpora garantías y cautelas para el litoral”. “No afecta a ninguna de las concesiones ya otorgadas ni a sus prórrogas legales. No mientan ni asusten a la gente, por favor, sean responsables”, reclamó.

La ley, que aún debe someterse a votación en el Congreso y pasar por el Senado, establece que los plazos de los títulos de ocupación del dominio público marítimo terrestre computan desde su otorgamiento e incluyen todas sus prórrogas, lo que los limita a 75 años. Eso supone que muchas empresas del sector ubicadas en la costa desde hace décadas se encontrarán ante el inminente fin de su autorización. “El fin de una concesión no quiere decir que no se pueda volver a solicitar y conceder, sino que simplemente no se puede volver a prorrogar”, señala un diputado socialista en el Congreso, que no descarta una negociación de última hora en el Senado, lo que obligaría a la Cámara Baja a volver a pronunciarse sobre la ley.

En sus críticas a la ley, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, apeló a declaraciones de la propia Ribera para asegurar que la alarma no es injustificada. “Todo el mundo piensa lo contrario y advierte que habrá empresas afectadas. Todo el mundo… empezando por ella misma”, escribió también en Twitter. Las manifestaciones a las que se refiere las pronunció Ribera en el pleno del Congreso en junio de 2020, cuando admitió que unas 20 empresas de la industria alimentaria del mar en dominio marítimo-terrestre podrían verse afectadas, aunque matizó que el ministerio trabaja con sus representantes para regularizar su situación, “siempre y cuando introduzcan las cautelas correspondientes”.

La Xunta sostiene que el artículo 18 “pone en cuestión la permanencia de muchísimas empresas que crean empleo en el litoral gallego”, en palabras de Rueda, quien apunta que el Gobierno debería pensar “en todo lo contrario: en asentar los puestos de trabajo y las industrias”. El vicepresidente asegura también que la nueva ley creará inseguridad jurídica, que es “lo peor que puede haber para nuevas inversiones y el mantenimiento de las inversiones que hay”. “Es como decirle al empresario: a lo mejor te tienes que ir”. Cuando se presentó la ley, Feijóo fue más lejos, al acusar al Gobierno de “aniquilar el sector más importante de toda Europa, en la región más importante en el sector de la pesca y de la conserva de toda la Unión Europea”. Según afirmó, el cambio legal afectaría a 3.000 empleos y a casi 5.000 edificaciones con licencia ubicadas en espacio marítimo terrestre.

La situación es confusa para el propio PSOE, que llegó a anunciar a través de la alcaldesa de Cambados, Fátima Abal, la presentación de una enmienda del grupo socialista que introduciría una excepción a la caducidad de los permisos, cuando estén “vinculados al desarrollo de actividades de acuicultura, depuración de marisco y conserveras, y cualquier otra relacionada con el sector mar-industria que tenga carácter sostenible”. Abal incluso compartió el texto de la enmienda a través de sus redes sociales, en las que se felicitaba “por el gran trabajo llevado a cabo entre todas las partes”. Pero la enmienda nunca se materializó.

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Los nacionalistas del BNG tampoco están conformes con la redacción del artículo 18, y presentaron una enmienda a través de su diputado Néstor Rego que fue rechazada por el PSOE y sus socios. Según el parlamentario del Bloque, la polémica disposición implica una “modificación encubierta” de la Ley de Costas que “pone en grave riesgo” la continuidad de estas actividades que necesariamente deben situarse en la franja litoral.

En lo que sí coinciden socialistas y nacionalistas gallegos es en considerar improrrogable la presencia de Ence en la ría de Pontevedra, a la que el Gobierno de Rajoy concedió en 2016, estando en funciones, una moratoria de 60 años. “Solo podrán permanecer las empresas que demuestren la necesidad de permanecer en el litoral, y Ence no lo necesita”, afirma el mismo diputado del PSOE. El BNG aplaude con más entusiasmo que el PSOE el fin de la concesión de la papelera, mientras que esta sostiene que la ley le dará la puntilla a su factoría gallega. Según señaló en un comunicado, la norma provocará su cierre “de forma rápida” y sin posibilidad de reubicar a su plantilla. La pastera reiteró su preocupación por el “quebranto económico” que le supondría el cierre y descartó el traslado a otra planta en Galicia.

Los socialistas aseguran que el problema de Ence es que la prórroga concedida por Rajoy “excede el límite legal”. Pero el presidente de la compañía, Ignacio Colmenares, trasladó en un mensaje de vídeo a sus trabajadores, que se acabó filtrando, que si el artículo 18 no se cambia habrá un “cierre inminente” de la fábrica en Pontevedra. “El ministerio quiere cerrar Ence y el PSOE en Galicia también, que no os engañen”, acusó Colmenares.