200 núcleos históricos marineros de la costa gallega quedan fuera de la ley

La amnistía de 2013 apenas tendrá recorrido en Galicia. Ese año, la nueva Ley de Costas generalizó la posibilidad de que unas 140.000 viviendas del litoral español muy próximas al mar pudieran acogerse a una reducción de la zona de protección, lo que supondría en la práctica una especie de legalización de las casas. Pero el urbanismo de los ayuntamientos gallegos es tan singular que, cinco años después, la gran mayoría de las aldeas que lo han solicitado, en un número muy abundante de origen marinero, siguen en el mismo limbo legal en el que estaban, después de que solo 18 lograran el beneplácito ministerial.

Las viviendas afectadas están situadas en zona de servidumbre, una franja paralela al mar que no es dominio público, pero que está afectada por severas condiciones de protección, tránsito y acceso al mar. Y en la que, por supuesto, no se pueden construir viviendas. Con la nueva ley, la zona de protección se puede reducir en numerosos casos de 100 a 20 metros, por lo que las viviendas ya construidas que se acogen a esa disposición pasan de estar sometidas a controles rigurosos para realizar obras a tener vía libre para construir, siempre que cuenten con los preceptivos permisos municipales o autonómicos.

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Galicia, con sus casi 1.500 kilómetros de costa, es una de las comunidades más afectadas por esa situación, que se deriva de décadas de descontrol urbanístico. Esas mismas irregularidades en las normativas son el principal motivo por el que la mayoría de los ayuntamientos no ha podido acogerse a la amnistía, ya que la falta de un plan general de ordenación municipal es el impedimento más relevante que se han encontrado las peticiones realizadas desde la comunidad gallega. La tradicional dispersión de las edificaciones en Galicia es otro de los escollos, ya que impide cumplir la exigencia de que las viviendas afectadas conformen un núcleo de población.

El problema surge de las dificultades que se han encontrado los ayuntamientos gallegos para demostrar que las casas que se quieren legalizar ya existían en 1988, cuando la primera Ley de Costas estableció las condiciones de la zona de servidumbre. En 2013, la Xunta estimó que 12.500 viviendas albergadas en 800 núcleos de población podrían quedar excluidas de la servidumbre de protección a través de este procedimiento, pero sus previsiones no se han cumplido, ante la mayoritaria respuesta negativa que los ayuntamientos han encontrado en Medio Ambiente.

El problema surge de las dificultades que se han encontrado los ayuntamientos para demostrar que las casas que se quieren legalizar existían en 1988

Muchos ni siquiera formalizaron sus planteamientos al ministerio de Isabel García Tejerina. Sí lo hicieron los de un total de 218 núcleos, pero Medio Ambiente solo ha informado favorablemente 19 de ellos, según publicó esta semana 'Faro de Vigo', mientras que el resto de las solicitudes, hasta 199, han sido denegadas. Eso significa que muchas de esas viviendas lo tendrán más difícil para sortear las órdenes de derribo que pesan sobre ellas, aunque en la mayoría de los casos no habrá demolición, pero sí unas severas condiciones de ordenación que impiden a sus propietarios realizar ampliaciones, obras de reforma e incluso proceder a su venta.

La amnistía para los núcleos históricos la introdujo el grupo popular cuando la Ley de Costas de 2013 se tramitaba en el Senado, para responder precisamente a las reclamaciones de Canarias y Galicia. Las viviendas de núcleos no calificados en 1988 como suelo urbano deberían cumplir con al menos uno de los requisitos establecidos: tener acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales o suministro de energía eléctrica. También se exigía demostrar que estaban en áreas consolidadas por la edificación "al menos en un tercio de su superficie". Pero ni siquiera esas generosas condiciones han facilitado la legalización de las viviendas gallegas afectadas.

Entre los 19 núcleos que lograron la legalización se encuentran los casos que mayor polémica levantaron, como son los de Aguete, Loira, A Teoira y Casás, en Marín, todos ellos de origen marinero, que tras más de dos décadas de reivindicaciones y múltiples intentos fallidos de encontrarles un encaje legal, finalmente han sido reconocidos para su exclusión de la zona de servidumbre. En la provincia de Pontevedra también se legalizaron viviendas en Rocamar (Baiona), As Eiras (O Rosal), Castro (Gondomar) y A Golada y Prado Patos (Nigrán). En la de A Coruña, Muros suma hasta cinco núcleos (A Bornale-O Cruceiro, Surribos, A Viña, A Robaleira y Valdexería).

Pese a que, según cálculos de la Xunta, son 87 los ayuntamientos gallegos que cuentan con núcleos costeros irregulares, apenas medio centenar emprendieron los trámites para acogerse a la vía abierta en la Ley de Costas. Esta discreta respuesta desde las administraciones locales llevó a la Xunta en 2015 a ofrecerse a mediar ante Medio Ambiente, pero solo 11 (los de Arteixo, Fisterra, Mugardos, Boiro, Cabanas, Cervo, Sanxenxo, Redondela, Cambados, Vilaboa y O Grove) se sumaron a esta nueva opción. A diferencia de otras comunidades, en Galicia este tipo de viviendas no responden a procesos especulativos, sino que están vinculados a la poco ortodoxa forma en que se expandieron tradicionalmente las viviendas familiares por su territorio, también en el costero.

La Xunta lleva años intentando solucionar un problema que tampoco estará resuelto con la reforma de la Ley de Costas

La Xunta lleva años intentando solucionar un problema que tampoco estará resuelto con la reforma de la Ley de Costas. Ya durante el bipartito presidido por el socialista Emilio Pérez Touriño se tantearon distintas soluciones que no fructificaron, y en 2010 el PP trató de buscar una solución mediante una propuesta de modificación desde el Parlamento de Galicia de la Ley de Costas que, además de regularizar los núcleos tradicionales, abría la mano a la desafectación del dominio público y a legalizar construcciones de los años noventa. Aquella iniciativa se aprobó con el rechazo de la oposición y se trasladó al Congreso de los Diputados, en lo que el PNV redujo a operación de "sainete" entre PSOE y PP. Tres diputados autonómicos se trasladaron desde Galicia para defender la moción, pero desde criterios totalmente distintos.

En algunos ayuntamientos, la legalización de los núcleos se ha conseguido fuera de los cauces abiertos por el ministerio. Es el caso de O Grove, al que el Tribunal Superior de Rustica de Galicia le dio la razón al Concello en el recurso presentado contra los informes de Costas que se oponían a la legalización.