enmienda de modificación

La Ley de Cambio Climático indulta a las industrias del mar ubicadas en la costa

El PSOE enmienda la norma para facilitar la ampliación de concesiones en la ribera a plantas acuícolas y conserveras

Foto: La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. (EFE)
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. (EFE)

La industria gallega del mar ha doblegado al Ministerio de Transición Ecológica. Tras un tira y afloja de más de un año, la amenaza de una inminente caducidad en cascada de las concesiones de un centenar de empresas ubicadas en dominio público marítimo terrestre se desvanece, con la presentación de una enmienda del PSOE al proyecto de Ley de Cambio Climático que introduce la excepción de las actividades económicas del sector. Depuradoras de marisco, plantas acuícolas o conserveras respiran aliviadas, pero también un puñado de alcaldes socialistas que hacían frente al malestar de empresarios, trabajadores y vecinos.

El miedo surgió con el borrador de un reglamento, el de la Ley de Costas, y comienza a disiparse con una enmienda, la formulada por el Grupo Socialista a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. El reglamento de Costas, presentado a inicios de año, establecía que el plazo máximo de 75 años para la ocupación de dominio público marítimo terrestre nunca se puede sumar al inicial de la concesión. Dicho de otro modo: las ampliaciones solicitadas no dan derecho a periodos superiores. Eso se traduce en que muchas empresas del sector ubicadas en la costa desde hace décadas se encontrarían de pronto ante el final de su autorización.

El reglamento se metió en un cajón en mayo, pero el alivio de los empresarios duró apenas unas semanas: las que tardó el ministerio de Teresa Ribera en presentar el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que en su artículo 18 vuelve a la carga. En el apartado 4, se establece que la duración de los títulos de ocupación de dominio público marítimo terrestre se computará en todo caso desde su otorgamiento e incluirá todas sus prórrogas. La enmienda de modificación introduce la excepción de los permisos "vinculados al desarrollo de actividades de acuicultura, depuración de marisco y conserveras, y cualquier otra relacionada con el sector mar-industria que tenga carácter sostenible".

La enmienda deberá contar con mayoría parlamentaria para hacerse efectiva, pero es acogida con optimismo por los empresarios del ramo, y por parte del partido al que pertenece Ribera. En su justificación, la propuesta reclama que se diferencien los usos de la industria del mar “por tratarse de actividades sostenibles, vinculadas a la gestión de recursos naturales y que por sus características es necesario que se asienten en el borde marino”, en contraposición con “otro tipo de ocupaciones del territorio mucho más agresivas con el litoral y el medio ambiente”.

Añade la enmienda que el artículo, tal y como está redactado, “no tiene en cuenta las peculiaridades de la costa gallega y la importancia socioeconómica del sector, del que depende una parte importante de los municipios costeros y que sostiene miles de empleos”. El grupo socialista considera que, de no alterarse la redacción de la ley, se “compromete el desarrollo sostenible de la región, pues afecta a la viabilidad económica de actividades sostenibles vinculadas al sector del mar-industria, que verían acortadas, cuando no directamente finalizadas de forma inmediata, sus concesiones”, lo que pondría en riesgo “el sustento de muchas familias”.

De prosperar la propuesta, decaerán los esfuerzos del ministerio para corregir las prórrogas extraordinarias introducidas por la Ley de Costas de 2013. El nuevo artículo entraría además en contradicción con un informe de la Abogacía General del Estado, que fue consultado para elaborar el último borrador del Reglamento de Costas y que concluyó que el plazo concesional se configura como un plazo “máximo” en derecho, lo que supone que “75 años será el umbral o límite superior más allá del cual no cabrá reconocer una duración temporal, sumada la concesión inicial y las prórrogas”. Son unos términos que coinciden con los del dictamen del Consejo de Estado de septiembre de 2014 sobre un borrador anterior del decreto de Costas.

El ministerio de Teresa Ribera no se ha pronunciado sobre la enmienda socialista, pero sí señala que, tal y como está redactado el proyecto de ley, una vez concluido el plazo total de 75 años, “siempre podrá solicitarse una nueva concesión para ese mismo uso”. Transición Ecológica apunta que un total de 99 concesiones han solicitado en plazo prórroga en Galicia, de las que 42 corresponden a explotaciones del sector alimentario. “Ya se han otorgado 22 y se están tramitando las 20 restantes. Ninguna supera los 75 años desde su otorgamiento inicial y ninguna ha sido denegada”, sostiene el ministerio, que asegura que el debate sobre el artículo 18 “ha adolecido de falta de rigor”, ya que “no provocará cierres inmediatos”.

El temor de las empresas convirtió el proyecto de Ley de Cambio Climático en un conflicto político en el que intervino el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. “No podemos ver cómo se aniquila el sector más importante de toda Europa, en la región más importante en el sector de la pesca y de la conserva de toda la Unión Europea, aprovechando un estado de alarma y una ley que nada tiene que ver con la costa”, acusó en junio. Según el presidente gallego, el cambio legal afectaría a 3.000 empleos y a casi 5.000 edificaciones con licencia ubicadas en espacio marítimo terrestre. “Es nuestra forma de vida desde hace siglos”, lamentó.

Pese a la afirmación del ministerio de que el nuevo artículo no afectaba a las concesiones, la presión para los alcaldes socialistas de ayuntamientos costeros y con tradición pesquera ha sido notable, hasta convertirlos en los principales interlocutores ante Transición Ecológica. La semana pasada, tras conocer la ampliación del periodo de enmiendas, los regidores de Cee, Camariñas, Muxía y Carnota remitieron a Ribera una propuesta para modificar el artículo 18 que coincide sustancialmente con la alegación del PSOE. Fue otra alcaldesa socialista, Fátima Abal, de Cambados, la que dio la noticia de la enmienda este martes a través de sus redes sociales y se felicitaba “por el gran trabajo llevado a cabo entre todas las partes”.

Galicia

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