hasta 100 empresas en galicia

Hablan los afectados por la Ley de Costas: "Muchas empresas tendrán que cerrar"

Pedro Sánchez se encontrará con un nuevo problema si vuelve a la Moncloa: el reglamento de la Ley de Costas, que, según denuncian varios colectivos, pone en peligro el futuro de muchas empresas

Foto:

Es una de las primeras patatas calientes que cogerá el nuevo Gobierno. La aplicación de la Ley de Costas siempre preocupó a muchas empresas y propietarios de negocios, pero las prórrogas de explotación que fueron concediendo anteriores gobiernos calmaron medianamente los ánimos. Sin embargo, todo se fundió a negro cuando la Abogacía del Estado cambió de criterio y sumergió la situación en la incertidumbre que aún hoy perdura.

El debate principal lo ocupa ahora una de las polémicas más representativas de esta ley: la de los permisos a la papelera Ence para ocupar los cerca de 380.000 metros cuadrados al borde de la ría de Lourizán (Pontevedra). El permiso caducaba en 2018, pero el Gobierno en funciones de Rajoy le otorgó una prórroga de otros 60 años. Sin embargo, tras una orden del Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de Pedro Sánchez, la Dirección General de Costas renunció a seguir defendiendo la prórroga dejando en el aire el futuro de la compañía. Y ahora son otras empresas las que aseguran temer por su futuro.

100 empresas gallegas, en peligro

Lo que más preocupa a todos los sectores (industria, hostelería y restauración, ocio y deporte, entre otros) es la gran incertidumbre jurídica que ha rodeado a sus negocios. La ley se aplica en todas las costas de España, pero basta un ejemplo concreto para conocer su alcance: el caso de Galicia, donde la Xunta cifra en 100 las empresas que corren peligro y critica lo que considera una "actitud torticera" del Gobierno respecto a los negocios situados en dominio marítimo-terrestre.

La situación ha llegado a tal punto que incluso la CEOE asegura a El Confidencial que está realizando un informe para conocer la envergadura del problema, sector por sector. No son los únicos preocupados: "Hay empresas que van a tener que abandonar de manera inmediata su localización, y otras van a ver reducido el tiempo que les queda", afirma Javier Ojeda, gerente de Apromar.

"Con esta situación, es complicado crear empleo o esforzarnos por realizar más inversiones"

"No es lo mismo que les queden cinco años que 15 o 20", insiste. "Con esta situación, es complicado seguir apostando por crear empleo o esforzarnos por realizar más inversiones". La Delegación del Gobierno en Galicia, sin embargo, aseguró en su momento que el Ministerio para la Transición Ecológica no trabaja en la modificación de la Ley de Costas, sino solo en el reglamento de 2014 "para eliminar las incertidumbres" que, en su opinión, generaba dicho reglamento.

Pero no todos lo ven así: "Nos dicen que está todo controlado, pero ¿qué significa eso? Nosotros lo que queremos es seguridad jurídica", afirma Juan Vieites, secretario general de Anfaco. Desde la Asociación de Fabricantes de Pescado, Vieites denuncia que tras los acontecimientos de Ence han pedido una reunión con el secretario de Medio Ambiente, porque "que se cambie de parecer en un asunto así crea una gran incertidumbre". "Hay que tener mucho cuidado, porque puede ser muy perjudicial para todos", acusa. "Con estas condiciones, es imposible competir en un mercado global. El dinero es muy miedoso y si desarrollas una actividad económica tienes que hacer inversiones, pero cuando el campo de juego no es el adecuado, es muy perjudicial".

Miles de personas se manifiestan ante el posible cierre de Ence. (EFE)
Miles de personas se manifiestan ante el posible cierre de Ence. (EFE)

El turismo, también pendiente

En el caso del turismo, restaurantes, hoteles y apartamentos se encuentran en la misma situación. Al preguntar a la confederación española de hoteles y apartamentos turísticos (Cehap) han preferido no dar declaraciones a la espera de los resultados del informe de la CEOE. Lo cierto es que en los terrenos públicos marítimo-terrestres no se pueden realizar actividades que puedan desarrollarse en otros sitios, "pero las situaciones en que las empresas de nuestro sector han podido realizar su actividad costa adentro son anecdóticas", afirma Ojeda.

"La mayoría somos pequeñas y medianas empresas y microempresas que no podemos realizar nuestra actividad en otro lugar". Y aunque las empresas de la Asociación Empresarial de Acuicultura de España solo emplean a 15.000 personas, son "puestos de trabajo imprescindibles por las pocas alternativas de empleo que existen", insiste.

"La mayoría somos pequeñas y medianas empresas y microempresas que no podemos realizar nuestra actividad en otro lugar"

Otro de los sectores afectados es el de los clubes deportivos marítimos. "En su día, con la reforma de 2014, presentamos varios recursos y hasta ahora ese reglamento no se estaba haciendo efectivo, pero se ha comenzado a aplicar y en Cataluña ya han tenido que cerrar dos centros", asegura Josep Seguer, gerente de la Federación Catalana de Vela.

"Lo que no es normal es que los restaurantes puedan ocupar los metros cuadrados que dispongan y a los clubes de vela, que hacemos una actividad social promocionando el deporte, nos limiten a 300 metros de superficie, cuando hay instalaciones que cuentan con más de 100 años de historia y que tienen 1.500 metros cuadrados", explica Seguer.

Foto: EFE.
Foto: EFE.

¿Quién está a favor de la limitación?

Pilar Marcos, portavoz de Greenpeace, critica lo laxo de la Ley de Costas de 1988 y de la reforma de 2013. "Su intención no es proteger el bien público y el medioambiente, sino que responde solo a razones urbanísticas para amnistiar a las grandes empresas", reprocha. "En 1988, se dio por hecho que la deslinde [la franja desde el límite interior de la ribera del mar] se situaba a 100 metros, cuando se entiende que la costa son 500 metros”. Además, insiste en que se trata de una ley "a la carta" en la que los ayuntamientos, si así lo quieren, pueden solicitar que esos 100 metros sean reducidos a 20.

El abogado José Ortega también es crítico con la reforma, pero por otros motivos. En su opinión, existen varias contradicciones. La primera tiene que ver con el deslinde. En la ley, se dice que cuando se fije la línea del dominio público más hacia el mar como consecuencia de un deslinde nuevo, los antiguos propietarios de los terrenos pasan a recuperarlos automáticamente, pero a su vez se recoge que los terrenos que han perdido su carácter de zona marítimo-terrestre o playa continúan siendo de dominio público.

"Su intención no es proteger el medioambiente, solo responde a razones urbanísticas para amnistiar a grandes empresas"

Por otra parte, para Ortega hay otra contradicción en el ámbito de las concesiones. "Es totalmente imposible saber qué prórroga es la que procede una vez agotado el primer plazo de 30 años. Según la disposición transitoria primera, será de otros 30 años gratuitos; según la ley de reforma, 75 años sujetos a pago de canon", afirma el abogado.

En relación con los problemas que están teniendo determinadas empresas para continuar con su actividad dentro del dominio público, Ortega considera que es cierto que la ley no admite en ese espacio más actividades que las que no puedan tener otra ubicación. Sin embargo, también afirma que la prolongación del dominio público en los deslindes "origina situaciones que no son de recibo y lleva a delimitaciones totalmente contrarias y abusivas. Por ejemplo, la Administración ha impulsado cuando le ha convenido usos prohibidos en el dominio público, como el llamado Foro de las Culturas en el puerto de Barcelona", finaliza Ortega.

Empresas
Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
16 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios