CRITICA QUE MODIFICA LA LEY EN UN REGLAMENTO

Primer choque CEOE-Gobierno: la patronal estalla por la reforma de Costas

Primer enfrentamiento entre los empresarios y el Ejecutivo tras las elecciones. La patronal carga contra el borrador de reglamento que limita los plazos de las concesiones en el litoral

Foto: Pedro Sánchez se reúne con los presidentes de ceoe y cepyme. (EFE)
Pedro Sánchez se reúne con los presidentes de ceoe y cepyme. (EFE)
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La patronal y el Gobierno tienen su primer pulso oficial tras las elecciones del 10-N. Incluso antes de la entrada de Unidas Podemos en el Gobierno, la CEOE ha estallado contra el borrador para reformar el reglamento que desarrolla la Ley de Costas que ha preparado el Ministerio de Transición Ecológica y que recorta los plazos de las concesiones en la costa. Según las alegaciones, a las que ha tenido acceso este diario, la patronal considera el texto "innecesario", "reduccionista", "radical", "receloso y limitante" y generador de "inseguridad jurídica". La política ambiental vuelve a chocar contra las empresas.

La aplicación de la Ley de Costas, vigente desde 1988, fue uno de los caballos de batalla de Cristina Narbona con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2008. La ley llevaba 15 años en vigor pero fue ese Ejecutivo el que empezó a implantarla. Cuando llegó el PP al poder, y ante la inminencia de que en 2018 comenzaban a vencer muchas concesiones de instalaciones y viviendas en dominio público marítimo-terrestre, una reforma legal alargó las concesiones dando hasta 75 años de vida. Eso prorrogó polémicas instalaciones como la papelera de Ence en Pontevedra por un plazo mayor incluso que el que se les concedió inicialmente. Así, algunas fábricas conseguían permisos que superaban los 100 años para operar en dominio público.

La patronal de empresarios considera el reglamento "innecesario", "reduccionista", "receloso y limitante" y generador de "inseguridad jurídica"

Con un congreso tan fragmentado, es prácticamente imposible reformar una ley que afecta a tantos intereses en comunidades autónomas y en la que los nacionalistas periféricos tendrían muchas reivindicaciones. En su lugar, el Ministerio de Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera, ha optado por reformar el reglamento. Pese a que, según fuentes del sector, el Consejo de Estado avisó verbalmente de que no se debía cambiar la ley a través de un reglamento, el borrador incluye un recorte al plazo de algunas concesiones al interpretar que la ley de 2013 no daba prórrogas de 75 años más sino que el total de la concesión llegaría a 75 años de máximo.

La patronal ha remitido unas alegaciones muy críticas porque "la nueva propuesta reglamento reduce drásticamente la duración máxima de las prórrogas". "La nueva redacción recrudece en todos los aspectos los puntos críticos que habían puesto ya de manifiesto los sectores que necesariamente deben ocupar zona marítimo-terrestre para poder desarrollar su actividad, y ello sin aportar mejora alguna en el objetivo de concreción al que dice servir. Es más, se empeora si cabe el texto inicial en términos de una mayor abstracción, indefinición y discrecionalidad para la Administración".

Con un Parlamento tan fragmentado es casi imposible reformar la ley, por lo que el Gobierno ha emprendido un cambio en el reglamento

La patronal insiste en que la redacción de la ley de 2013 establece que las prórrogas de las concesiones serían de hasta 75 años, que su sumarían a la concesión inicial, y no de 75 años en total, como interpreta ahora el ministerio. "La lectura de la recta interpretación de la Ley 2/2013 coincide en reconocer la posibilidad de prórrogas concesionales de una duración de hasta 75 años, y ello sin detraer del cómputo de dicho plazo la duración inicial de la concesión, tal como ahora pretende la norma proyectada". La patronal añade que "la jerarquía normativa impide la conformación de un reglamento como el que se proyecta, en el que se reordena y modifica encubiertamente el marco legal matriz".

Industrias como Ence, hoteles como algunos de Riu, conserveras gallegas... operan en la costa bajo una concesión, porque en España la primera línea de playa no puede estar en manos privadas. La ley de 1988 establecía que en el dominio público solo debían estar las instalaciones que, por su propia naturaleza, no pueden estar en otra ubicación (una piscifactoría, un faro...) así que el objetivo es ir limpiando la costa de estas instalaciones.

El reglamento no es el único paso del Ejecutivo del PSOE para cambiar la política de Costas respecto al PP. Transición Ecológica ha cambiado de criterio en los tribunales sobre la prórroga de Ence. El Gobierno del PP le dio 75 años más cuando estaba en funciones y defendía esa prórroga en los tribunales hasta que, con el PSOE en Moncloa, la Abogacía del Estado cambió de criterio y se alineó con los ecologistas.

Industrias como Ence, hoteles como algunos de la cadena Riu, conserveras gallegas... operan en la costa bajo una concesión en el litoral

El borrador, que estuvo antes del verano en exposición pública y que el Gobierno en funciones ha vuelto a circular entre las empresas recientemente, establece criterios para dar las prórrogas. Pero la CEOE critica que lo hace con "criterios que son absolutamente genéricos, subjetivos e impropios de una regulación reglamentaria" y que lo convierte en un acto "potestativo", dependiente de la voluntad del Gobierno. La patronal señala que la concesión de prórrogas, "si bien existe cierto grado de discrecionalidad, se trata de una potestad reglada; es decir, debe concederse si se cumple con los requisitos, y denegarse si no se cumple con los mismos".

La CEOE se opone en sus alegaciones a que "el futuro de los sectores económicos afectados por este reglamento no se puede dejar en manos de criterios indeterminados y abstractos" y, por todo, pide la retirada del proyecto: "Creemos que no hay ninguna necesidad técnica ni jurídica de modificar el actual Reglamento General de Costas". "La reforma no aparece sustentada en un loable criterio de sostenibilidad medioambiental, sino que está motivada únicamente por una concepción marcadamente filosófica del 'uso público' de la costa que el proyecto viene a identificar exclusivamente con su uso recreativo".

El medio ambiente es una de las banderas del Gobierno de Pedro Sánchez, que se ha negado a ceder la cartera a Unidas Podemos. El Gobierno en funciones ha desbloqueado las inversiones en renovables, pero tradicionalmente las políticas ambientales chocan con las grandes empresas. La de la ley de Costas, si sale adelante la investidura de Sánchez con Unidas Podemos, puede ser una de las grandes pugnas de la legislatura.

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